La Asamblea de Ciudadanos para la Gestión del Aseo Urbano en Caroní protestó la mañana de este lunes frente a las instalaciones la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), para solicitar a la instancia que investigue los precios del servicio prestado por Fospuca Caroní.
Esto con el fin de que verifique si las tarifas impuestas se corresponden con la estructura de costos de la compañía, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos.
Al menos 150 usuarios comerciales y residenciales firmaron la solicitud colectiva. La Sundde accedió a atender las solicitudes individuales, con la condición de que los usuarios hagan las denuncias a través del portal web, como canal regular.
“Lo que queremos es que la Sundde investigue conforme a la misma Ley de Precios Justos que le aplica a las empresas. Que investigue la estructura de costos de Fospuca Caroní a ver si sus precios y ganancias se corresponden con esa estructura”, declaró Susana Linares, miembro del comité organizador de la Asamblea de Ciudadanos para la Gestión del Aseo Urbano en Caroní.

Desde que Fospuca inició operaciones en el municipio, ciudadanos y concejales no han tenido acceso a las condiciones de la contratación, ni a la estructura de costos de la compañía.
Según el Colegio de Ingenieros, Fospuca Caroní recauda 2,8 millones de dólares al mes mientras sus costos operativos no superan los 400 mil dólares con utilidades incluidas.
Con base en esto, el gremio estima que las tarifas de aseo urbano tienen sobreprecio de 1.500% para residencias y de 535% para empresas.
En la práctica, más del 40% de las empresas deben pagar desde 50 hasta 1.500 dólares mensuales por el servicio de recolección de basura, según datos proporcionados por la compañía.
Las cámaras empresariales intentan agotar la vía del diálogo y establecer acuerdos con la autoridad municipal, a través de la instalación de una mesa interinstitucional o comisión mixta, para estudiar desde el funcionamiento del sistema mixto de recolección de residuos y desechos sólidos, hasta las tarifas impuestas.
En anteriores declaraciones, el presidente de Fedecámaras Bolívar, Austerio González precisó que al menos cuatro mil licencias comerciales están bloqueadas en el portal fiscal de la Alcaldía de Caroní por falta de pagos a Fospuca. Esto afecta a casi el 50% de las empresas del municipio Caroní según lo que declara la autoridad gremial.
De hecho, la Superintendencia de Tributos cerró temporalmente seis comercios la semana pasada. Los acusó de evadir impuestos, mientras el portal fiscal permanece bloqueado para quienes no cancelen el privatizado servicio de aseo urbano.
La Cámara de Comercio e Industrias del municipio Caroní (Camcaroní), rechazó la medida y atribuyó el incumplimiento de obligaciones fiscales al bloqueo del portal fiscal por deudas a Fospuca Caroní.
Denuncias ante Corpoelec
Los usuarios comerciales y residenciales también acudieron a la sede de la estatal Corpoelec para presentar una solicitud escrita y firmada, en la que piden que se les permita pagar exclusivamente el servicio de electricidad. Es decir, que este pago se separe de la factura del servicio de mantenimiento del relleno sanitario.
Solicitan a Corpoelec que:
● Se les permita cancelar los montos adeudados por el servicio de electricidad.
● Que desincorpore el mantenimiento del relleno sanitario de la facturación
● Que cesen las amenazas de suspensión del servicio de energía eléctrica por el saldo adeudado por concepto de relleno sanitario.
Las tarifas del relleno sanitario son el 60% del monto que usuarios comerciales y residenciales, deben cancelar por el servicio de recolección de basura.
De manera que, por ejemplo, si a un comercio le corresponde cancelar 50 dólares por el servicio de recolección de basura, debe cancelar adicionalmente 30 dólares, por concepto de mantenimiento del relleno sanitario monto reflejado en el recibo de Corpoelec.
Usuarios residenciales de Ciudad Guayana ya han denunciado que las tarifas de aseo urbano y mantenimiento de relleno sanitario, en conjunto, superan casi la totalidad de sus ingresos en bolívares o que el servicio constituye un gasto que, de plano, no pueden asumir toda vez que se enfrentan al riesgo de corte del servicio eléctrico.