En rueda de prensa, voceros de la Asamblea de Ciudadanos para la Gestión del Aseo Urbano en Caroní catalogaron como un hito la decisión del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito, de admitir un recurso que, sobre el papel, obliga a la Alcaldía de Caroní, Cámara Municipal, síndico procurador, contralor municipal y demás instituciones involucradas en la contratación de Fospuca Caroní, a presentar documentos que avalen el debido proceso y transparencia desde la contratación hasta la facturación del servicio de recolección de basura.
Las instituciones involucradas tienen un lapso de 30 días hábiles para presentar la documentación correspondiente a la fase de evacuación de pruebas del juicio por vía de intimación de Fospuca vs Repuestos Star Motors, C.A.
Esta última es una de las -ahora nueve- empresas de Ciudad Guayana que Fospuca Caroní demandó con solicitudes de embargo por falta de pagos.
“Esto es un hito en esta suerte de conflicto. Es la ciudadanía la que se está enfrentando a un poder que tiene el control de casi todas las instituciones. Esto no es cualquier cosa”, declaró Simón Yegres, miembro del comité organizador de la asamblea.
Yegres asegura que tener estos documentos -a los que nadie ha tenido acceso pese a ser de interés público-, permitirá ejercer la contraloría necesaria para emprender otras acciones que desenmascaren las irregularidades detectadas por abogados y expertos en la materia, desde el inicio de las contrataciones de la compañía que opera en siete municipios del país.
“Queremos decir a comerciantes y empresarios que la posición correcta es no caer en el miedo, sino enfrentarlos. Tenemos pruebas de que este es el camino”, dijo Yegres. “La estafa tarifaria empezó su cuenta regresiva a partir de esta semana”, agregó.
La asamblea informó que la solicitud entregada a Corpoelec para que permita a los usuarios residenciales cancelar únicamente el servicio de electricidad, y no el relleno sanitario ni la recolección de desechos sólidos, no tuvo respuesta.
A finales de febrero, más de 150 usuarios comerciales y residenciales firmaron una solicitud para pedir a la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), una investigación sobre los precios del servicio prestado por Fospuca Caroní.
Aunque en ese momento la Sundde accedió a atender las solicitudes individuales, con la condición de que los usuarios hicieran las denuncias a través del portal web, todas las comunicaciones permanecen sin respuesta.
De la Mesa de Trabajo Interinstitucional instalada en marzo e integrada por autoridades municipales y sector privado, los empresarios tampoco han tenido respuesta satisfactoria, más allá de descuentos y una Ordenanza de Remisión de Multas que evade los problemas de fondo.
El saldo de la imposición de las tarifas de Fospuca Caroní son 410 empresas cerradas por incapacidad de pago, según reporta Fedecámaras Bolívar. Ante una Alcaldía sorda, y una compañía que amedrenta, el gremio empresarial se declaró en emergencia.
Breve recuento de algunas irregularidades en la contratación
Fospuca Caroní comenzó a operar en el municipio Caroní en noviembre de 2022 con 37 rutas de recolección, 53 equipos de trabajo y una facturación imprecisa.
Antes de eso, el alcalde de Caroní, Tito Oviedo ya estaba preparando un instrumento legal que permitiese la operatividad de la empresa sin mayores contratiempos:
Primero, la modificación de la Ordenanza para la Gestión y Manejo de la Recolección y Tratamiento de Residuos de Desechos Sólidos que, entre otras cosas, le confiere al alcalde la potestad de fijar tarifas sin consultar con la Cámara Municipal, y la creación de un sistema mixto de recolección de basura -algo que no existe en otros municipios-. La modificación de la ordenanza fue aprobada por mayoría.
Es de recordar que para conferir la potestad al alcalde para fijar las tarifas, al instrumento legal se le tuvo que hacer otra modificación: al monto que corresponde por el pago del servicio de recolección se le quitó el rango tributario o de impuestos (‘tasa’) y pasó a ser ‘tarifa’ cuyo pago no va directo al fisco municipal, sino a la empresa contratada. Los contribuyentes ya no son tal, sino ‘usuarios’.
Era necesaria tal modificación porque los tributos, como reserva legal, pueden ser modificados únicamente por el Concejo Municipal de Caroní.
A esto le siguió la imposición de la Solvencia Única Administrativa, instrumento que obliga a los contribuyentes a estar solventes con los servicios públicos que presta la municipalidad, como requisito previo para declarar y pagar impuestos como el Impuesto Sobre Actividades Económicas (ISAE).
Aunque ediles de oposición habían asegurado que -por unanimidad- aprobaron la solvencia con observaciones que permiten a los empresarios declarar sus impuestos sin la obligación de pagar los servicios públicos prestados por la Alcaldía de Caroní como requisito previo, esto no se materializó.
Los empresarios se opusieron desde el principio, pero Oviedo no los escuchó.
Luego comenzó el proceso de licitación del servicio de recolección de basura en el que solamente se presentó Fospuca Caroní -compañía creada 11 días antes de la licitación- como ofertante.
En noviembre de 2022 Fospuca Caroní se hizo con la contratación del servicio y comenzó a trabajar sin que nadie tuviera claro en qué criterios se basaría para el cálculo de tarifas que, en ese momento, el alcalde prometía que serían las más bajas de todo el país.
Días después, el decreto Nº 0008-22 sobre las tarifas de aseo urbano comenzó a correr por internet sin que hubiese anuncios oficiales que lo avalaran. El documento reflejaba tarifas ancladas al petro y basadas en los metros cuadrados de los locales comerciales.
Cuando inició operaciones en el municipio, la compañía aseguró que el 83% de empresas e industrias pagarían tarifas por debajo de los 50 dólares mensuales. Pero en la práctica, más del 40% de las empresas debe pagar desde 50 hasta 1.500 dólares mensuales por el servicio de recolección de basura, según datos proporcionados por la compañía.
Los montos comenzaron a verse reflejados en las facturas de los empresarios y usuarios residenciales, quienes manifestaron una y otra vez, que los montos se escapan de su capacidad de pago toda vez que pedían que la compañía revelara su estructura de costos real, para verificar si esta justifica los montos a cobrar. La solicitud permanece desatendida.
Luego, la Superintendencia de Administración Tributaria procedió a bloquear el portal fiscal a todas los comercios que no se registraron en la página web de Fospuca Caroní, o no cancelaron el servicio.
A esto, se sumaron las demandas con solicitudes de embargo que emprendió Fospuca Caroní, contra los negocios que no pagan el servicio por incapacidad de pago o por desacuerdo con las tarifas impuestas.
El Colegio de Ingenieros emprendió una investigación en la que determinó que las tarifas del servicio tienen sobreprecios de 1.500% para residencias y de 535% para empresas. Calcularon que la compañía recauda 2,8 millones de dólares al mes, mientras sus costos operativos no superan los 400 mil dólares, con utilidades incluidas.
En medio de todo ello, Fospuca ya estaba encargándose de la adecuación del relleno sanitario desde el 1 de julio de 2022, sin que a la opinión pública trascendiera nada referente al proceso de privatización.