martes, 27 febrero 2024
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Asamblea de Ciudadanos califica Ordenanza de Remisión de Multas como engaño que desatiende reclamo sobre contratación de Fospuca Caroní

Por ahora no hay respuesta sobre medidas para solucionar el problema estructural: Reformar la Ordenanza sobre la Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos, y modificar el cuadro tarifario del servicio de aseo urbano.

@mlclisanchez

La Asamblea de Ciudadanos para la Gestión del Aseo Urbano en el municipio Caroní rechazó la aprobación de la Ordenanza de Remisión de Multas e Intereses Moratorios Generados por Impuesto Sobre Actividades Económicas.

La organización civil considera que, lejos de solucionar los problemas de fondo que impiden que empresarios del municipio declaren y paguen sus impuestos -como el bloqueo del portal fiscal al no cancelar las altas tarifas del servicio de aseo urbano-, la medida es: “un simulacro que monta la Alcaldía de Caroní, en el que quiere hacer ver que los empresarios no cancelan sus impuestos a tiempo por voluntad propia”.

 Esta ordenanza consiste en la exoneración de multas a empresas que no declararon y pagaron el Impuesto Sobre Actividades Económicas (ISAE) y otros impuestos municipales debido al cierre del portal fiscal por no cancelar las elevadas tarifas del servicio de aseo urbano prestado por la compañía privada Fospuca Caroní.

Imposición de condiciones

La ordenanza establece que se exoneran las multas a contribuyentes que no hayan declarado y pagado impuestos por esta razón, desde noviembre de 2022 a marzo 2023. El plazo para declarar los ingresos brutos se extenderá hasta el próximo 30 de abril y ciertas condiciones aplican:

  • Todos los contribuyentes que estaban solventes en sus declaraciones de ingresos brutos y pago de sus impuestos al mes de octubre del año 2022.
  • Los contribuyentes que por la entrada en vigencia de las tarifas del aseo urbano y restricción del sistema no realizaron su Declaración Jurada de Ingresos Brutos, correspondientes al mes de noviembre de 2022 y hasta el mes de marzo de 2023.
  • Los contribuyentes que pagaron sus obligaciones fuera del lapso legal, correspondiente a las declaraciones de los meses de noviembre y diciembre 2022 y enero y febrero de 2023, con multas e intereses, generadas por la restricción del sistema.
  • No procederá la condonación de la deuda en caso de solicitud o suscripción de convenimientos o fraccionamientos de pago, respecto a los tributos omitidos.

 Simón Yegres, miembro del comité organizador de la Asamblea de Ciudadanos, criticó que las condiciones para quitar las multas son inaceptables, pues condicionan al contribuyente a pagar lo adeudado mientras que las razones por las que no pueden cancelar las tarifas de los servicios como requisito previo para pagar impuestos, son las mismas.

“Los comerciantes nunca se han negado a pagar impuestos”

“Nosotros mantenemos nuestra posición: debe haber una reforma de la ordenanza sobre la Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos y  la derogación del decreto 008-22 sobre las tarifas del servicio”, dijo.

“Los comerciantes no se han negado nunca a cancelar sus impuestos. A lo que se han negado es a cancelar tarifas de relleno sanitario y recolección de basura  por lo exorbitante de los montos sustentados en algo que hemos criticado, de la ilegalidad del proceso licitatorio, la formulación de la ordenanza, y estructura tarifaria tampoco consultada, la cancelación forzosa y coaccionada con demandas y solicitudes de embargo de Fospuca”, agregó Yegres.

Por ahora no hay respuesta sobre medidas para solucionar el problema estructural: Reformar la Ordenanza sobre la Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos, y modificar el cuadro tarifario del servicio de aseo urbano conforme a la estructura de costos real del servicio, la capacidad contributiva de las empresas, y en función de un método de cálculo distinto al metraje de los locales comerciales o galpones industriales.

A más de dos semanas de haberse instalado la Comisión Mixta integrada por empresarios y autoridades municipales para evaluar las tarifas del servicio de aseo urbano, no hay mayores avances en la materia, por lo que el gremio empresarial ha insistido en retomar estas discusiones, hasta el momento, sin ser escuchados.

Sobre el proceder de los gremios empresariales, Yegres opinó que: “Pareciera ser que los comerciantes lucen desprotegidos por sus gremios y acuden a nosotros por alternativas y eso nos reclama unión y cohesión”.

Amparo constitucional en el TSJ

El vocero también recordó que en el Tribunal Supremo de Justicia aún reposa el recurso de amparo constitucional específicamente por el bloqueo del portal fiscal de la Alcaldía de Caroní, plataforma a la que los contribuyentes no pueden acceder para declarar el Impuesto Sobre Actividades Económicas (ISAE) si no se registran en la página de Fospuca Caroní o cancelan el servicio de recolección de basura (o cualquier otro servicio público que dependa de una contratación con la Alcaldía).

Lo que acarrea multas que se acumulan al punto de llevarles al cierre definitivo de sus empresas por no poder cumplir con las obligaciones fiscales ni el pago de servicios públicos.

De hecho, David González, primer vicepresidente de Fedecámaras Bolívar, declaró en anteriores entrevistas a Correo del Caroní que hasta febrero de este año, al menos 600 comercios han hecho la solicitud de cierre formal por la incapacidad para asumir las tarifas de los servicios públicos.

Originalmente, el amparo se introdujo en el Tribunal Superior Contencioso Administrativo de Puerto Ordaz el 20 de enero, pero este se declaró incompetente aunque en principio, según decisiones anteriores de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es el tribunal que tiene la competencia para esta causa.

Al final, el amparo lo admitió el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la región Guayana que, diez días después, el 30 de enero declaró inadmisible el recurso, argumentando que la declaración de impuestos no es un derecho sino un deber ciudadano, y que los abogados debieron introducir un recurso ordinario en lugar de un recurso extraordinario, como lo es el amparo.

La representación legal apeló e introdujo el recurso en el TSJ.

“Nosotros seguimos en eso, y ahora vamos a tomar otras acciones legales contra el decreto, la ordenanza y el relleno sanitario. Con medidas legales retomando las asambleas por sectores para organizar una acción ciudadana masiva determinante”, manifestó Yegres.