Especialistas en tributos, contadores y comerciantes guayaneses denuncian que la Alcaldía de Caroní evade su responsabilidad en la resolución de casos en torno al alto costo de las tarifas que cobra la empresa Fomento de Servicios Públicos Compañía Anónima (Fospuca), actualmente a cargo del servicio de recolección de desechos sólidos.
El asesor tributario permanente de Fedecámaras Bolívar, Camilo London, declaró que la resolución de dudas, problemas y quejas debería estar siendo llevada por la municipalidad, ya que el servicio continúa siendo público. No obstante, empresarios denuncian que, al dirigirse a la Alcaldía para poner sus quejas, son redirigidos a las oficinas de Fospuca.
La situación ha derivado en que el sector empresarial ve violentado su derecho al cumplimiento en el pago de impuestos, debido a que el Ayuntamiento, a través de la Solvencia Única Municipal, impide a los comerciantes la declaración de impuestos si no se está al día con los pagos del servicio de aseo urbano.
London denunció que tiene conocimiento de, al menos, seis empresas guayanesas que tienen pensado cerrar operaciones por los altos costos del servicio de recolección de basura, el cual alcanza precios que pueden llegar hasta los mil dólares.
Pese a que la directiva de Fospuca se jacta de haber recolectado 36 mil toneladas de basura en su primer mes de servicio, empresarios de la ciudad aseveran que estos logros se alcanzaron a costa de la asfixia del gremio, debido a las elevadas tarifas fijadas según los metros cuadrados del local y no de acuerdo con la generación de desechos del comercio.
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Susana Linares, comerciante y propietaria de un hotel en Puerto Ordaz, aseveró que su factura está por encima de los 200 dólares debido a que su infraestructura es un edificio de varios pisos, sin embargo afirmó que los ingresos están muy por debajo de la capacidad del negocio, ya que el sector hotelero fue uno de los más afectados por la pandemia y la afluencia de turistas en la urbe no es alta.
“No me puedes cobrar por el tamaño del inmueble. Desde la pandemia la parte hotelera no se ha recuperado. Debes hacerme una revisión para conocer mi actividad económica, cuánto produzco de basura… Si me pasas una factura de 300 dólares por el tamaño de mi negocio voy a quebrar porque no tengo ventas. Supera mis ingresos brutos”, destacó Linares.
A esto se le suma el silencio por parte de la municipalidad, que hasta ahora no ha emitido ningún tipo de información oficial referente a la fijación de tarifas, más allá de una serie de declaraciones públicas por el alcalde Tito Oviedo, en las que aseguró que Caroní goza de montos inferiores a otros municipios del país y además recriminó que los ciudadanos no tienen cultura tributaria.
“Para hacer reclamos a Fospuca debes estar al día. Si llevas la carta de reconsideración de tarifa a la empresa y no estás solvente, no te aceptan nada. Vas a la Alcaldía y no te aceptan una carta, cosa que es inconstitucional, yo puedo pedir una inspección a mi inmueble por la Alcaldía para reconsiderar. Uno va a la Alcaldía y lo redirigen a Fospuca”, puntualizó la comerciante.
En referencia a esto, London condenó que la municipalidad no esté atendiendo las solicitudes y por ende no participe en la resolución de casos, además de no emitir información acerca de los pormenores en el manejo del servicio que, a fin de cuentas, continúa siendo de carácter público.
“El alcalde no ha dado declaraciones respecto al tema. La Alcaldía está mandando a los ciudadanos a ponerse de acuerdo con Fospuca. Elude su responsabilidad en el manejo de un servicio público que debe prestar el municipio. La relación del ciudadano es con la Alcaldía, Fospuca es un concesionario. Los casos deberían ser atendidos por la Alcaldía y es ella quien debería estar dando respuestas”, esgrimió.
Tarifas fijadas fuera de competencia y legalidad
Sin lugar a dudas, la mayor queja con respecto a la privatización del servicio son las tarifas, según entrevistas ofrecidas por el propietario de Fospuca, José Simón Elarba, a este medio, el 40% de los comercios pagan tarifas por encima de los 50 dólares.
No obstante, estos montos no fueron fijados por la compañía, sino por el municipio, que asumió estas competencias y entregó a Fospuca las tarifas a cobrar para los ciudadanos.
En entrevista con Correo del Caroní, el representante tributario de Fedecámaras, Camilo London, manifestó que ha habido gran cantidad de irregularidades en torno a la ordenanza municipal concerniente a la recolección de desechos.
En este sentido, explicó que la ordenanza de 2020 calificaba al ciudadano como “contribuyente” que debía pagar una “tasa” por el servicio de recolección de desechos.
Para contextualizar, las tasas se refieren al pago de un tributo por parte del ciudadano con el fin de recibir un servicio en contraprestación, en este caso, el servicio de aseo.
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En la versión de la ordenanza de 2020 era claro que el pago de este servicio tenía carácter tributario y debía ser estipulado por la misma ordenanza. No obstante, en 2022 la legislación fue modificada y se erradicó su carácter tributario, denominando al contribuyente como “usuario” y a la tasa como “tarifa”.
Esto, según la apreciación de London, con el fin de que fuese la Alcaldía quien fijara las tarifas del servicio de aseo urbano, ya que este, en papel, dejaría de figurar como un tributo pues estos tienen reserva legal tributaria y no pueden ser fijados por el Ejecutivo.
“El artículo 317 de la constitución prohíbe que el Ejecutivo establezca los tributos. El tributo y su base imponible tiene reserva legal tributaria, es decir, solo la ley puede establecer el tributo y quién lo paga. Le cambian el nombre al tributo y delegan al alcalde la función de establecer esas tasas que ahora son tarifas. No podían dejar el nombre de tasa porque sería inconstitucional que el alcalde estableciera esos montos. Es ilegal que sea la Alcaldía quien defina las tarifas”, aseveró London.
Estas declaraciones fueron confirmadas por la presidenta de la Comisión de Ambiente, Ecología y Desarrollo Agrario del Concejo Municipal, Aliana Estrada, quien destacó que la modificación de la ordenanza dio atribuciones al alcalde que no le corresponden.
“La ordenanza de 2020 tenía las tarifas. La nueva ordenanza no las tiene y las sacaron para darle competencia al alcalde de fijarlas. Eso es ilegal porque es un tributo. Los tributos los fija el Concejo Municipal no por decreto del alcalde. Le dieron competencias al alcalde para decidir las tarifas. La Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece que los tributos los maneja el Concejo Municipal. Los tributos los manejan los ediles, eso es ilegal, aunque lo haya decidido la mayoría del Concejo”, aseguró Estrada.
Como muestra de ello, el Código Orgánico Tributario venezolano (2014) establece en su artículo 3 que “solo a las leyes corresponde regular con sujeción a las normas generales de este código las siguientes materias: 1. Crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho imponible, fijar la alícuota del tributo, la base de su cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo”.
Con base en esto, solo la ley, es decir, las ordenanzas municipales, pueden fijar el hecho imponible de las tasas y tributos. Bajo esta normativa, es el Concejo Municipal -conformado por los ediles-, es la instancia que debe discutir y aprobar el precio del servicio de aseo urbano en sesión, y no el alcalde.
Ante esta situación, la Cámara Municipal presentó una solicitud de audiencia de trabajo para presentar observaciones sobre el servicio prestado por Fospuca alegando que las tarifas no fueron evaluadas correctamente, hasta ahora no han obtenido respuesta.