martes, 28 de junio de 2022

Alianzas mineras acusan a CVM de robo de material aurífero y monopolio de guías de traslado

Un grupo de alianzas estratégicas de pequeña minería denuncian que además la Corporación Venezolana de Minería ha anulado cerca de 200 alianzas. Piden “mano de hierro”: la destitución del presidente de la corporación.

Un grupo de alianzas estratégicas de pequeña minería denuncian que además la Corporación Venezolana de Minería ha anulado cerca de 200 alianzas. Piden “mano de hierro”: la destitución del presidente de la corporación.

@mlclisanchez

Al menos tres alianzas estratégicas de pequeña minería al sur del estado Bolívar acusan a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) de robo de material aurífero y del monopolio de coordenadas de explotación.

Por eso, en una carta dirigida al Ejecutivo nacional a finales de 2021 -y que decidieron hacer pública este 29 de marzo-, exigen la destitución del presidente de la corporación Carlos Osorio y demás miembros de la junta directiva.

“Muchos mineros deben vender bienes para comprar oro y entregar a la CVM un oro que no están produciendo”, manifestaron alianzas mineras | Foto William Urdaneta

Los mineros denuncian que la CVM -custodiada por militares de la GNB- ocupa el territorio de las alianzas mineras, extrae y procesa la arena aurífera, y luego se apropia de todo lo extraído ignorando lo que se denomina como plan de arrime, una especie de acuerdo que establece que 65% del material aurífero le corresponde a la alianza, y solo 35% corresponde a la corporación.

“Ellos toman la arena, la muelen a las dos o tres de la mañana sin presencia de nosotros, de la alianza, y no nos llaman para saber de eso: se sienten dueños”, denunció una vocera de la Asociación San Rafael de La Camorra, ubicada en el sector con el mismo nombre en el municipio Sifontes.

Quienes integran esta asociación reportan que la CVM no solo negó sus permisos de movilización para el traslado de equipos necesarios para extraer y procesar el oro, sino que también les quitó toda la arena aurífera.

Relatan que a finales de septiembre de 2021 una persona que aseguraba ser amigo del presidente de la CVM, entró al yacimiento con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y anunció que se apoderaría del terreno de la alianza. Luego volvió a presentarse en el terreno con funcionarios de la CVM, efectivos de la GNB y un grupo armado sin identificar.

El yacimiento estuvo en manos de ese grupo desde septiembre de 2021 hasta febrero de este año. El grupo extrajo material aurífero con las maquinarias de la alianza, utilizando sus guías de traslado y sin dar parte de ello. Tampoco pagaron a la asociación el porcentaje que por contrato le corresponde.

José Manuel Odiaga, presidente de la asociación, presentó la denuncia ante el fiscal superior del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, pero hasta ahora no ha tenido apoyo institucional.

CVM exige tributos para traslado de equipos 

Durante 2020 Nicolás Maduro creó el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (Senafim) para fiscalizar las actividades mineras: procesos de explotación, exploración, prospección y cobro de tarifas para las actividades de minería, que oscilan entre los 0,10 y 5 petros.

Pero, aunque no es su competencia, es la CVM quien asume el control de cobros y el otorgamiento de guías de traslado de equipos y material. Es por eso que las alianzas exigen respeto a la autonomía del Senafim.

Denuncian que la CVM niega a las alianzas coordenadas de explotación previamente otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico | Foto Laura Clisánchez

Los mineros precisaron que el presidente de la CVM obliga a las alianzas estratégicas a pagar tributos a cambio de los permisos de circulación para el traslado de material aurífero, insumos y equipos necesarios para la producción a pequeña escala. De no cumplir con los plazos se les amenaza con rescindir la alianza.

Señalan que están obligados a pagar esas tarifas, hayan producido o no. “Muchos mineros deben vender bienes para comprar oro y entregar a la CVM un oro que no están produciendo. Sabemos que lo hacen para que terminemos comprando insumos en sus centros de distribución”, manifestaron en el escrito.

Estiman que, bajo esos términos, desde 2021 la CVM ha anulado 200 alianzas de pequeña minería. “El general Osorio pretende eliminar a la pequeña minería”, aseguró otro vocero en anonimato.

Una de las alianzas afectadas fue Inversiones Indomin F&F, C.A., compuesta por 60 asociaciones mineras que tributaban oro a la CVM. Los miembros de la alianza informaron que, aunque cumplieron con arrimar el 35% de la producción bruta de las primeras arenas auríferas, el 27 de julio de 2020 la CVM revocó el convenio y, por lo tanto, anuló su derecho de explotación.

“Los pequeños mineros somos los más afectados, tenemos que pagar de tres mil a 4.500 dólares por cada guía que nos cobra la CVM, eso es un monopolio”, denuncian. 

Monopolio de coordenadas

Los mineros denuncian que con frecuencia y dependiendo del potencial aurífero del terreno, la CVM niega la entrega de coordenadas de explotación previamente certificadas por el Ministerio de Desarrollo Minero y Ecológico y permite que, en cambio, grupos económicos influyentes de la zona desarrollen sus proyectos extractivistas.

Los afectados citaron otro ejemplo: el caso de Inversiones Oro 1000 2001, C.A. Una alianza que suscribió un convenio con la CVM en 2018 para explotar áreas que les fueron otorgadas previamente por CVG Minerven en 2014.

CVM desconoció la alianza y en su lugar permitió la ocupación de la Corporación Doral Laguna, C.A. “La CVM generará un grave conflicto entre pequeños y pequeñas mineras pisatarias de antaño y los grupos de poder económico”, versa el comunicado.

Modelo fundamentado en la esclavitud 

El modelo de negocios (legal) del Arco Minero del Orinoco -creado Zona de Desarrollo Estratégico en 2016- impone un régimen mixto en el que los mineros artesanales se agrupan en asociaciones, estas asociaciones se unen para conformar alianzas que extraen material aurífero y los procesan en molinos.

El 35% de lo extraído corresponde al Estado, y el 65% debería repartirse entre las asociaciones de pequeños mineros que laboran en condiciones precarias por falta de equipos, indumentaria de seguridad y sin garantías de acceso a agua, saneamiento, higiene y atención médica.

Entre 2017 y 2018 el Ejecutivo nacional ordenó a Minerven comprar material aurífero a la pequeña minería, para luego venderlo al Banco Central de Venezuela (BCV) sin considerar las condiciones de explotación.

La mayoría de los recursos que se extraen en el AMO -y de los que el régimen se lucra- dependen de personas que migran al sur de Bolívar para escapar de la emergencia humanitaria y que, al llegar, quedan atrapados en dinámicas propias de formas de esclavitud moderna en las que interactúan funcionarios del Estado y grupos armados.

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