@mlclisanchez
La última crecida del río Ure, ocurrida entre el 30 y 31 de agosto, dejó un saldo de 417 personas damnificadas y 122 viviendas afectadas en la parroquia Pozo Verde, en Caroní. Especialmente las viviendas de barro y madera.
Desde el día del incidente en que al menos 17 sectores quedaron anegados cuando el caudal de agua creció, al menos metro y medio y arrasó con casas y cosechas, solo uno de los sectores más cercanos ha recibido apoyo gubernamental, y a medias, según relatan los residentes.
Los sectores anegados más alejados y actualmente sitiados por el derrumbe de los puentes tras las lluvias y la crecida del río, como La Mona, Los Caobos, Mina Abajo y Dos Ceibas sucumben al hambre y al paludismo ante el olvido gubernamental.
“No pudimos salvar nada, a mi casa se la tragó el río”
Que la corriente de agua estuviese arrastrando toda su casa le resultaba una escena tan fatídica y surreal a Matilde López, una de las damnificadas por las inundaciones en el sector La Mona, que ella pensó que lo que estaba viendo era producto de la fiebre del paludismo que padecía.
La mañana del lunes 30 de agosto la crecida del río Ure arrastró todo lo que consiguió a su paso, y a la señora López, así como los 81 habitantes de ese sector, le tocó ver como de repente se quedó sin nada más que la ropa que llevaba puesta y las láminas de zinc del techo de su rancho.
La Mona es uno de los seis sectores que tras el derrumbe del puente Sierra Caroní -producto de las lluvias, obstrucción de drenajes y falta de mantenimiento- quedó incomunicado con el resto del estado Bolívar. El asentamiento queda a cuatro kilómetros de la cárcava que antes era puente, y es esa la distancia que deben recorrer damnificados y demás habitantes del sector para salir a comprar comida, medicinas y mercancía.
“Yo solo podía decir: ¡A mi casa se la está llevando el río! Eso es paludismo lo que tengo. Pero no, yo veía que el agua se llevó el tanque de agua, mis colchones… es tremendo, ¿qué estaré pagando yo, mi Dios?”, dijo la mujer, evocando el día en el que el río se tragó la casa en la que vivió por más de cinco años.
“Ahora nos toca recolectar poco a poco madera, y clavos para construir otro rancho, a empezar de cero sin tener nada en los bolsillos. Yo lo que quiero es una casa”, lamentó.
Ahora junto a sus seis familiares duerme en camas prestadas, pues los colchones donde dormían antes, ni se han terminado de secar, ni quedaron reutilizables.
La mujer relata que hay quienes no tienen más opción que dormir en los colchones mojados a la intemperie, y quienes lo hacen desarrollaron sarpullido y escaras. Estas últimas son lesiones en la piel difíciles de tratar y que suelen infectarse.
Sin alimentos ni atención médica
Plátanos, yuca, lechosa, todo lo que en el patio se había sembrado para consumo propio se perdió. López señala que para contar con agua potable y alimento, ahora debe depender de sus vecinos ubicados en la parte alta del sector incomunicado.
Al perder el tanque, y las pocas pastillas potabilizadoras que tenía, no le queda otra opción que hervir el agua con un fogón de leña para poder consumirla.
Ahora que la vía principal de acceso al sector se derrumbó, los habitantes deben comprar comida dos veces a la semana. Para ello, salen caminando desde los seis sectores que se quedaron sin vía de acceso vehicular, hasta el puente derrumbado de Sierra Caroní: un recorrido de, en promedio, cuatro o cinco kilómetros para los sectores más cercanos.
Luego, cruzan por la escalera improvisada que dejó el derrumbe del puente, hasta el otro lado, donde los espera un autobús que los llevará a la zona comercial de San Félix. De regreso, cruzan caminando, y al otro lado los espera otro camión que, por un millón quinientos bolívares en efectivo, los traslada de regreso a sus sectores.
Aunque desde que el puente se cayó los consejos comunales han hecho dos solicitudes a Alimentos Bolívar para apoyar con comida a los damnificados que no pueden cumplir con la faena de buscar alimento durante la emergencia, eso no ha ocurrido. 
López, como la mayoría de los demás damnificados, depende de al menos un familiar que se dedique a la agricultura y venda sus cosechas en San Félix. En este momento, la mercancía puede salir de los sectores de una sola forma: a través de una especie de polea improvisada que conecta con dos mecates ambos extremos de la cárcava, con el riesgo de que por el peso se suelte del gancho que mantiene la carga unida a la cuerda, y caiga al agua.
El panorama se complica aún más cuando se presenta una emergencia que requiera atención médica. “Uno se enferma de algo y no hay nunca medicamentos, nada. Y en este momento menos”, dice López. A ella le ha dado paludismo 27 veces, y de todo el tiempo que lleva viviendo en el asentamiento rural, nunca ha visto una comisión de salud fumigando el sitio y entregando mosquiteros con insecticida como medida para evitar brotes de malaria durante la temporada de lluvias.
A los mosquiteros con los que contaban para protegerse del paludismo, también los arrastró la corriente de agua.
Hasta el último reporte público emitido por el departamento de salud ambiental del Instituto de Salud Pública (ISP), la parroquia Pozo Verde concentraba el 48% de los 11.593 casos de paludismo detectados en el municipio Caroní de Bolívar hasta finales de 2020. Durante la época de lluvia y las inundaciones, los habitantes advierten que hay un rebrote cuya cifra exacta el Estado no ha compartido.
La Mona, además de ser uno de los sectores incomunicados tras la caída del puente, también es uno de los sectores donde los funcionarios estatales no han puesto un pie desde el incidente. De hecho, las autoridades solo han asistido a El Dique, apenas uno de los 17 sectores inundados desde el 30 de agosto, e incomunicados desde el 11 de agosto por la caída del puente.
A los damnificados con pérdidas graves no hay dónde reubicarlos
En cuatro gaveras de cerveza que le dan altura para que el nivel del agua no alcance todo el colchón, se apoya la cama de Gilberto Urbano, agricultor de 71 años de edad. El hombre cayó en cama por paludismo el mismo día que el río casi se lleva toda su casa, el día en que el caudal del agua superó el metro de altura.
Él, su hijo de 15 años y Olivia García, su esposa, también perdieron casi todas sus pertenencias. De la casa en la que viven desde hace más de 30 años solo quedaron las paredes de barro a medio corroer, la radio y un par de colchones mojados.
“Prácticamente nos sorprendió, no pudimos hacer más que salvarnos a nosotros mismos”, relató la mujer.
Señaló que la atención médica durante la inundación es precaria, “a él medio le pude comprar el suero ese (solución fisiológica), y las pastillas del paludismo y dos inyecciones que tuve que comprarle, con guarapitos es que lo he medio levantado”, explicó.
Su hijo, discapacitado de la pierna derecha, apenas puede moverse con la muleta fabricada de palos de madera, por eso teme no poder evacuar el sitio con rapidez si el río vuelve a crecer.
El frío nocturno, y la humedad del ambiente complican el cuadro. Olivia comentó que su esposo también padece una insuficiencia respiratoria que ella atribuye a dormir en la intemperie.
Es cuestión de tiempo para que vuelva a llover y la familia García teme que el agua termine de llevarse lo que dejó en la primera crecida.
Es por eso que los vecinos y el Consejo Comunal de La Mona, optaron por habilitar un refugio improvisado recuperando parte de las ruinas de la casa comunal, para ponerle un techo de zinc.
“Hemos tratado de ubicarlos en un sitio donde puedan dormir, porque están durmiendo prácticamente a la intemperie, viven en una casa de barro, el jueves el río se volvió a meter y tomamos la decisión de invadir un terrenito acá arriba mientras tanto, los vamos a reubicar”, explicó Carmen Marchan.
En el sector vecino, Los Caobos, la situación no es diferente. En el lugar hay otras ocho familias damnificadas. La familia de Irina Acosta, una de las afectadas, forma parte de la cifra.
Es una de las personas que casi a diario debe caminar durante una hora y media hacia Sierra Caroní para comprar comida y las medicinas que su madre requiere, porque no tiene dinero para pagar los 10 millones de bolívares en efectivo que cobran los motorizados para hacer el traslado. Acosta relata que su madre es diabética, y padece una infección en las piernas de la que culpa a la picadura de los mosquitos.
“Se le hacen llagas, abundan los mosquitos. Las autoridades no han llegado hasta acá para ver las necesidades que nosotros tenemos”, lamentó.
“No tenemos alimentos, no tenemos medicinas, no tenemos transporte, estamos incomunicados, para hacer una llamada tenemos que caminar más de un kilómetro y con la lluvia se nos hace difícil salir de nuestros hogares, se nos inundó la casa… necesitamos apoyo, tenemos personas enfermas”, agregó.
Mientras el gobernador del estado Bolívar anuncia en rueda de prensa que las víctimas de las inundaciones están siendo atendidas. Los habitantes de Pozo Verde claman auxilio a las autoridades.
Aislados sin alimentos ni refugio: en Pozo Verde afectados por inundaciones claman por ayuda gubernamental
