La coordinadora regional de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de la organización recabará información para los informes que consignarán ante la Unión Interparlamentaria y la oficina de Bachelet.

La abogada Liza De Sousa, coordinadora regional de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos de Encuentro Ciudadano en el estado Bolívar, alerta sobre la gravedad de la violación de los derechos humanos acentuada con la pandemia por la COVID-19.

Expresó que en un Estado de Derecho y de justicia, el goce de los derechos humanos puede verse sometido a limitaciones en situaciones excepcionales, sin menoscabo de su integralidad y con carácter únicamente temporal y nunca sujetos a suspensiones; sólo para atender y resolver el hecho que motiva dicha excepcionalidad.

   
De Sousa recuerda que la violación sistemática de DD HH es preexistente a la pandemia | Foto Prensa Encuentro Ciudadano

Explicó que ello no significa que las restricciones establecidas se traduzcan en violación absoluta de dichos derechos porque en todo Estado democrático los gobernantes deben proceder con estricto apego al ejercicio efectivo de la democracia participativa, incluidas todas y cada una de sus instituciones.

“No hay pretexto válido para violar derechos humanos”, sentenció.

Con respecto al estado Bolívar, señaló que es público y notorio que antes de la llegada de la pandemia de COVID-19 ya la región se encontraba inmersa en un caos institucional que trajo como consecuencia una grave crisis humanitaria que se materializó por erradas políticas e instaló en materia económica una devaluación desproporcionada y una hiperinflación que provocó una dolarización de facto, suprimiendo todos los efectos económicos del cono monetario.

Aunado a ello, De Souza manifestó que en todo el estado Bolívar se padece por causa del colapso generalizado de los servicios públicos, tales como electricidad, suministro de agua potable, gas doméstico y servicios de salud, este último ahora con más gravedad y evidenciado por la ausencia de equipos e insumos médicos que le permitan al personal hacer frente a la pandemia.

Control del combustible

Con respecto al despacho de gasolina, indicó que se impuso, al igual que a otros estados fronterizos del país, la supresión del suministro de combustible para los ciudadanos de a pie, supuestamente para priorizar el despacho a los servicios básicos.

“Para ello se ha venido implementando de manera sistemática, sostenida y permanente una campaña de terror por parte de los órganos de seguridad del Estado, tendente a amedrentar a todo aquel ciudadano que se aventure a exigir su derecho a obtener el combustible que le permita cubrir su rutina diaria”, condenó.

“En el estado Bolívar hay antecedentes en la materia, hay que recordar que las dos últimas personas que han ocupado el cargo de gobernador han sido sancionadas por la comunidad internacional por violación de derechos humanos”, destacó.

Por tal motivo, la abogada informó que desde Encuentro Ciudadano Bolívar se documentarán todas las violaciones de derechos humanos para enviar informes a la vicepresidenta del Comité de DD HH de la Unión Interparlamentaria, diputada Delsa Solórzano y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quienes han denunciado reiteradamente la sistemática violación de estos derechos por parte del Estado venezolano.

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