Voceros de Primero Justicia, AD, UNT y Voluntad Popular ratifican la pertinencia de la lucha por una salida democrática y pacífica del régimen.

Representantes de Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, en Bolívar, se pronunciaron en rechazo a las recientes sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que pretende construir una oposición a la medida del régimen de Nicolás Maduro en víspera de elecciones parlamentarias.

Las sentencias contra los partidos opositores, luego de la designación exprés de los rectores del CNE, mina la salida electoral, desestimulando la participación y erigiendo una oposición a la medida de Maduro.

La sentencia 0072 dejó al partido Primero Justicia en manos del diputado José Dionisio Brito. Su homólogo en el parlamento, Rachid Yasbek, también coordinador de PJ en Bolívar, recordó que Brito está vinculado con los hechos de corrupción de Alex Saab, el empresario colombiano detenido en Cabo Verde.

El diputado Brito, de acuerdo con la investigación periodística del portal Armando.info, buscaba las cartas de buena conducta tanto en Venezuela como en Colombia, para Saab.

“El TSJ, esa oficina de Nicolás Maduro, pretende entregarle nuestro partido a José Brito, que ha sido la persona que ha buscado las cartas de buena conducta a Alex Saab, no solo desde Venezuela con la Comisión de Contraloría, con todas las marramuncias que ha hecho con sus amiguitos de la Asamblea Nacional, sino que ha ido hasta Colombia para mandar esas cartas. Esa es la oposición que pretende Nicolás Maduro ir construyendo a la medida de él, para seguir controlando a nuestro país”, denunció Yasbek.

José Ricardo Salazar, miembro de la dirección regional de Acción Democrática, sostuvo que esta acción del régimen significa una nueva lucha.

“Este régimen se equivoca con los venezolanos, considera que a lo mejor quitando sus símbolos, colores y emblemas a partidos, va a lograr el reconocimiento de los ciudadanos venezolanos. Nuevamente estaremos luchando. Desde la unidad democrática lograremos esa transformación, no habrá movimiento que se pueda hacer desde el punto de vista delincuencial, como lo han hecho hasta ahora, que le quite al pueblo venezolano el sentimiento de lograr la libertad y la democracia y de salir de este régimen usurpador”, manifestó Salazar.

En el caso de AD, la directiva ad hoc -según sentencia 0071- quedó en manos de Bernabé Gutiérrez, cuyo hermano es uno de los nuevos rectores designados por el TSJ, José Luis Gutiérrez Parra.

Recientemente, el diputado Chaim Bucharán acudió al TSJ para solicitar el nombramiento de una junta ad hoc en el partido Un Nuevo Tiempo (UNT).

“Los partidos políticos democráticos desconocemos, por espuria, por ilegal, la sentencia del Tribunal Supremo de Nicolás Maduro, de arrebatarnos las siglas de nuestros partidos e imponernos un CNE a su medida, para hacer una pantomima para una farsa electoral este año, para una Asamblea Nacional que no representará a la mayoría de los venezolanos”, expresó Raúl Yusef, presidente de UNT en Bolívar.

César Dommar, responsable regional de Voluntad Popular, concluyó que las acciones del TSJ “son una equivocación del régimen al pretender creer que el liderazgo de los partidos se hereda. El liderazgo de un partido se construye, se sabe quiénes son sus dirigentes independientemente del color que le ponga. Esa jugada de querer convencer a la gente de votar, colocándoles cualquier tarjeta y detrás de esas tarjetas a personas de dudosa reputación, no va a dar resultado”.

En la mira: UNT y Voluntad Popular

Este viernes 19 de junio los diputados José Gregorio Noriega y Lucila Pacheco acudieron al TSJ para pedir celeridad por la impugnación que introdujeron en enero de este año, luego de que fueran expulsados de Voluntad Popular, tras ser acusados de formar parte de la Operación Alacrán.

Noriega solicitó también una junta ad hoc en el partido, presidida por él. El TSJ tiene una decisión pendiente sobre Voluntad Popular. En mayo, el fiscal impuesto por la Constituyente, Tareck William Saab, solicitó que esta organización fuese declarada como terrorista. La Sala Constitucional se declaró incompetente para decidir sobre el caso, y corresponde ahora a la Sala de Casación Penal tomar la decisión.