viernes, 29 marzo 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Venezuela es el país con mayor prevalencia de esclavitud moderna de Latinoamérica

Así lo expone el más reciente informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello: “Formas de esclavitud moderna y su impacto en personas migrantes forzadas y refugiadas venezolanas”.

Venezuela es el país con mayor prevalencia de esclavitud moderna de Latinoamérica, cuenta con una respuesta muy débil para la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de este fenómeno. Además, la crisis económica y política ha dejado en evidencia la incapacidad del estado para responder a este flagelo, expone el más reciente informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, titulado “Formas de esclavitud moderna y su impacto en personas migrantes forzadas y refugiadas venezolanas”.

Este informe también hace énfasis en que a nivel institucional se carecen de cifras oficiales sobre el número de víctimas de esclavitud, ausencia de unificación de criterios en los entes receptores de denuncia y en el sistema de justicia.

La única información se basa en alocuciones por parte de representantes del gobierno de Nicolás Maduro que ofrece cifras que no cuentan con ningún respaldo metodológico ni de periodicidad alguna.

Según estimaciones del Índice Global de Esclavitud, 174.000 personas son víctimas de esclavitud moderna en Venezuela.

El CDH-UCAB documentó algunas formas de esclavitud moderna que afectan a los migrantes venezolanos:

 Un informe elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, Trinidad y Tobago, República Dominicana, Costa Rica y Guyana reveló que 21% de un total de 4.600 encuestados fue obligado a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración o fueron retenidos contra su voluntad desde que salieron de Venezuela. De este mismo grupo, 2% fue obligado a trabajar.

 Se conoce que existen venezolanos que son llevados al exterior, previamente contactados por redes sociales (Facebook e Instagram) a quienes se les ofrece empleos como cuidadoras, atención al cliente, estudio de idiomas o cursar otros estudios y luego son víctimas de redes de trata.

 El CDH-UCAB registró casos de mujeres que por cuenta propia o bajo engaño han sido trasladadas a Trinidad y Tobago, Colombia y Brasil con ofertas engañosas de empleo o de “prostitución consensuada” y una vez en el exterior, son obligadas a prostituirse. En Trinidad y Tobago deben cancelar hasta $2.000 por su libertad a líderes de las bandas organizadas.

 En cuanto a los migrantes y refugiados venezolanos que se dirigen a Brasil, se encontraron elementos suficientes para hablar de la existencia de redes de trata de personas que captan a estas personas con fines de explotación. “Los medios utilizados para la captación consisten ofrecer servicios de transporte y ubicación en este país”, detalla el informe de del CDH-UCAB.

 En Colombia, Ecuador y Perú existen reportes que dan cuenta que migrantes venezolanos, entre ellos mujeres, niñas y personas Lgbti, han tenido que recurrir a relaciones sexuales transaccionales. En Colombia se han identificado madres que empujan a sus hijas a realizar estas prácticas y hombres y adolescentes que se dedican al contrabando de combustible y drogas.

 En la frontera con Brasil y con Colombia las mujeres son captadas mediante ofertas engañosas de empleo que les ofrecen redes criminales transnacionales. Se les ofrece trabajar en labores agrícolas o en tareas domésticas, en fincas y barequeo (minas de oro); pero una vez que llegan al lugar son explotadas sexualmente en negocios controlados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos armados de delincuencia organizada.

 En el Norte de Santander, 90% de las trabajadoras sexuales son venezolanas. También se evidenció que hombres colombianos ofrecen ayuda a mujeres venezolanas con niños a cambio de situaciones que implican servidumbre doméstica y esclavitud sexual. En el Catatumbo se constató la existencia de prácticas de explotación sexual y sometimiento de niños y adolescentes venezolanos no escolarizados en situaciones similares a la esclavitud.

 En Bucaramanga (Colombia) fue denunciada la existencia de una red de alquiler de niños venezolanos que son utilizados para pedir limosnas en las calles. Se conoció que los propios padres son quienes alquilan a sus hijos a estas redes criminales, y son estas quienes someten a los niños a estas prácticas. También fue reportado que estos niños son dopados por sus tratantes a los fines de que se mantengan quietos durante todo el día.

 En un estudio regional que abarcó cuatro países receptores de venezolanos (Colombia, Curazao, Ecuador y Trinidad y Tobago) sobre la explotación sexual y trata de mujeres y niñas venezolanas migrantes forzadas y refugiadas se registró que estas suelen llegar a los países de la región con escasos recursos, desnutridas y pocas pertenencias personales. Este contexto ha generado que el trabajo sexual se convierta en el medio más común con el que cuentan para ganarse la vida.

 Los tratantes prometen regularización migratoria y empleo, pero una vez que llegan al país de destino, las personas en movilidad se ven forzadas a trabajar sin percibir ninguna remuneración, y a tener sexo para poder sobrevivir. También existen reportes de que, en los cruces fronterizos irregulares desde Venezuela a Colombia, las mujeres que no tienen dinero para pagar a los grupos armados que controlan la zona, son forzadas a pagar con sexo, mientras que, en algunos casos, los menores de edad son reclutados por estos grupos armados. En parte, esta situación se debe a la imposibilidad que estas personas tienen para migrar a otros países por vías regulares.

A pesar de la decadencia de las instituciones venezolanas y la emergencia humanitaria que vive Venezuela, los venezolanos que huyen fuera de sus fronteras buscando mejor calidad de vida siguen recibiendo un trato de migrantes voluntarios; dejando de lado los factores exígenos de la situación venezolana que los empuja a movilizarse de manera forzada.

“La falta de reconocimiento de los venezolanos como sujetos de protección internacional obvia de forma agravada las prerrogativas que les asisten de acuerdo a las normas de carácter internacional, generando una revictimización soportada en el menoscabo de sus derechos fundamentales”, detalla el informe del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.

De la misma manera, el CDH-UCAB insiste en decir que es indispensable que los países receptores acaten el cumplimiento de los principios de protección internacional, el no rechazo en frontera, el acceso, la no devolución y la unificación familiar, entre otros aspectos del respeto a sus derechos y garantías fundamentales.