Madres y familiares de presos políticos protestaron este 25 de febrero frente a la sede de la Defensa Pública. Exigieron al ente garantizar una tutela judicial efectiva a sus parientes, muchos de ellos aprehendidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
La actividad forma parte de la “Ruta por la justicia y la libertad”, una jornada de protestas que se realizará en diferentes organismos del Estado, liderada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) que inició el 24 de febrero y se extiende hasta el 28 de febrero, publicó TalCual.
Una comisión de familiares encabezada por Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, entregó en la Defensa Pública un documento en el que denunciaron las condiciones “inhumanas” en las que se encuentran los presos políticos.
Parte de la exigencia a los defensores públicos es que “no se hagan cómplices de la violación de los derechos humanos”. Los emplazaron a garantizar el respeto a la Constitución y a las leyes. “No pueden excusarse de órdenes superiores para violar la ley”, agregaron.
“Exigimos que se cumpla la ley. Exigimos que se cumpla la Constitución, que se garantice el Estado de derecho a nuestros familiares”, dijeron madres y parientes de los presos políticos.
Entre los planteamientos realizados, los parientes de los afectados le exigen a la Defensa Pública garantizar: El respeto al derecho de los detenidos a designar un abogado de confianza; una defensa y asistencia jurídica real, sin presiones ni manipulaciones; y las gestiones necesarias para que los excarcelados obtengan libertad plena y puedan cumplir su régimen de presentación en tribunales regionales, cercanos a su lugar de residencia, mientras se la otorgan.
“Me siento medio vivo”
Mirian Yépez, madre de Juan Diego Lucena Yépez, expuso su preocupación por la situación de su hijo. Él permanece recluido en la sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) de la Guardia Nacional (GN), en el estado Lara.
“Mi hijo me dijo que se siente medio vivo”. Comentó que Lucena Yépez sufre de ansiedad y que un fiscal fue al centro de detención y grabó en un video su situación a inicios de año. De acuerdo con el testimonio de la madre, el fiscal llevó el audiovisual a la Fiscalía y hasta el momento el joven de 28 años no ha sido visitado por un médico.
“No es el Conas son las instituciones: los tribunales contra el terrorismo son los que no permiten la visita médica”, expuso.
Mirian Yépez detalló que a su hijo se le acusa de terrorismo, incitación al odio y resistencia a la autoridad, pese a que hay testigos que aseguran que el joven no se opuso a su detención “porque a él le dijeron que solo era parte de una investigación y fue”.
“La detención fue en su tienda de servicio técnico de teléfonos. Los funcionarios le preguntaron por una moto que estaba afuera del lugar y mi hijo dijo que no era suya. Le pidieron su cédula, dijeron ‘este es el pajarito’ y luego se lo llevaron”, relató. Al tiempo que aclaró que su hijo no estuvo en protestas, “marchó como lo hice yo, pero no estuvo en hechos violentos”.
Karina Martínez señala que su hermano Daniel Martínez tampoco ha podido recibir una adecuada atención médica. Dice que lleva semanas con fiebre y dolor pulmonar. El hombre de 30 años permanece detenido desde el 13 de enero, acusado de terrorismo, incitación al odio y conspiración.
Karina Martínez dijo a TalCual que su hermano fue apresado pasadas las 7:00 pm por funcionarios que estaban vestidos de civiles. “Luego que se lo llevaron le dijeron que eran de la PNB, pero al final eran del Conas”.
“Lo bajaron de su moto. Eran cuatro funcionarios. Lo montaron en el carro particular donde él estaba. En el camino se identificaron como la PNB. Le dijeron que le hacían una investigación por extorsión. Los que lo detuvieron fueron del Conas. Le quitaron su teléfono. No le permitieron una llamada inmediata, sino en la madrugada y lo obligaron a decir que estaba en la PNB”, comentó.
