El presidente del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, admitió en la noche de este martes la solicitud de medidas cautelares en contra del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, realizada horas antes por el fiscal designado por el régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, quien pidió a la par abrir una investigación en su contra.
Moreno informó que la Sala Plena ordenó la prohibición de salida del país, así como de enajenar y gravar bienes y bloqueo de sus cuentas o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano.
Esta acción se da justo después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra Pdvsa, lo que incluye la congelación de fondos de la estatal petrolera en el país norteamericano, equivalentes a unos 7 millardos de dólares.
Saab culpó a Guaidó de que “países extranjeros solicitaran a Venezuela medidas sumamente graves que alteran el orden constitucional, entre ellas, el aislamiento de cuentas”.
El presidente (e) respondió inmediatamente y afirmó: “Más que una amenaza nueva a mi persona, a este Parlamento, a la presidencia encargada de la República, no hay nada nuevo, no desestimo las amenazas, la persecución; pero estamos aquí, seguimos ejerciendo competencias y seguiremos avanzando en la emergencia humanitaria y exigir la liberación de los detenidos”.
La Asamblea Nacional designó este martes a representantes diplomáticos. El dirigente de Voluntad Popular Carlos Vecchio fue nombrado como representante de Venezuela ante Estados Unidos; el abogado Orlando Viera-Blanco en Canadá; el diputado Julio Borges fue designado como representante ante el Grupo de Lima y Humberto Calderón Berti en Colombia.
Las designaciones incluyen a Elisa Trota Gamos (Argentina), Guarequena Gutiérrez (Chile), María Faría (Costa Rica), René De Sola Quintero (Ecuador), Carlos Scull (Perú), Claudio Sandoval (Honduras) y Fabiola Zavarce (Panamá).
Las designaciones crean puestos paralelos a los de los embajadores que aún se encuentran al servicio del régimen de Nicolás Maduro, pese a que la presidencia del gobernante no es reconocida en los países que aparecen en la lista de nombramientos emitida por la Asamblea Nacional. (Con información de El Nuevo Herald)
