domingo, 3 de diciembre de 2023

TSJ avala el contenido de Ley de Extinción de Dominio

La ley, que fue aprobada por unanimidad, consta de 48 artículos y cuatro capítulos.

La ley, que fue aprobada por unanimidad, consta de 48 artículos y cuatro capítulos.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este viernes la “constitucionalidad del carácter orgánico” de la Ley de Extinción de Dominio, que fue aprobada por unanimidad el jueves en segunda discusión por la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020.

El máximo tribunal del país considera que este nuevo articulado, que busca la recuperación por parte del Estado de recursos que fueron sustraídos de las arcas nacionales por actos de corrupción “se adecúa a las características jurídicas que tienen las leyes orgánicas, en cuanto a su forma y contenido”.

A juicio de la Sala Constitucional del TSJ, el escrito “contiene normas que buscan fortalecer las capacidades del Estado para combatir con eficiencia estas prácticas delictivas”.

El texto, como manda la Constitución, dice que entrará en vigencia una vez sea publicada en Gaceta Oficial -para lo cual hace falta la promulgación por parte del mandatario Nicolás Maduro- y uno de sus apartados reza: “la extinción de dominio procederá, aunque los presupuestos fácticos exigidos para su declaratoria hubieren ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley”.

La Asamblea Nacional (AN) del 2020 sancionó la tarde del 27 de abril la Ley de Extinción de Dominio, que permite transferir al Estado la titularidad de los bienes derivados de actividades ilícitas. La norma contempla la imprescriptibilidad de las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos de corrupción o el tráfico de estupefacientes.

La ley, que fue aprobada por unanimidad, consta de 48 artículos y cuatro capítulos.

Fue presentada por primera vez a la plenaria el 31 de marzo, en medio del escándalo de corrupción que ha salpicado a altos funcionarios de gobierno y las empresas estatales Petróleos de Venezuela, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela.

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