El representante de Trinidad y Tobago ante la OEA, Anthony Phillips-Spencer, aseguró el 16 de febrero en la reunión del Consejo Permanente que continúa en proceso la investigación respecto a la muerte de un bebé venezolano, que viajaba junto a su madre, a manos de la Guardia Costera de ese país.
Phillips-Spencer expresó una vez más las condolencias por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago por lo ocurrido y manifestó que se encuentran preocupados por la cantidad de personas que arriesgan sus vidas para llegar a la nación insular y buscar una mejor calidad de vida.
“Estamos profundamente preocupados por las personas venezolanas que arriesgan sus vidas y la de otros para llegar a nuestro país. La trata de personas, el crimen organizado y la explotación de personas venezolanas es de extrema preocupación para Trinidad y Tobago”, aseguró.
Aseveró, por otro lado, que los venezolanos en Trinidad y Tobago están “protegidos” por las leyes, infiriendo que son aquellos que tienen un estatus legal en ese país. En ese sentido, indicó que están trabajando para mejorar las condiciones de vida de estas personas y que incluso se han reunido con Migración Colombia para aprender de su experiencia.
El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hinds, anunció el 8 de febrero que dos agencias de la nación caribeña están investigando el incidente ocurrido con la Guardia Costera el día 6, en la que el bebé de una migrante venezolana murió tras recibir un disparo por parte de los funcionarios de ese cuerpo de seguridad que buscaba disuadir a una embarcación que llevaba a un grupo de nuestros nacionales
Hinds resaltó que tanto la Policía como la Guardia Costera de Trinidad y Tobago realizan investigaciones para determinar las causas y los responsables del hecho.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Juan Guaidó, anunció que desde el Legislativo y el gobierno interino se denunciará al país caribeño por maltrato reiterado a los venezolanos. Exigió el 15 de febrero al Ministerio Público trinitario investigar el caso. Solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) y al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) apoyar esta indagación.
