La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó este 30 de mayo que la administración del presidente Trump está en posición de revocar el programa de parole humanitario para 532 mil migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. El máximo tribunal tomó esta medida tras conceder una solicitud de emergencia presentada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Con dicha autorización se pone fin a un programa impulsado por Joe Biden que había concedido permiso a más de 500 mil personas de estas cuatro naciones para vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos.
La decisión del alto tribunal suspende cautelarmente una orden previa de un juez federal que impedía al gobierno terminar el programa. Esto allana el camino para que los beneficiarios queden sin protección ante las deportaciones, implicando que los migrantes que estaban protegidos por el parole corren ahora el riesgo de ser deportados.
Aunque la orden reactiva la suspensión ordenada por el republicano Donald Trump el mismo día de su investidura -el 20 de enero- y que el Departamento de Seguridad Nacional hizo efectiva el 25 de marzo, el caso aún continuará su curso en los tribunales inferiores.
Las dos juezas progresistas de la corte, Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron de la decisión. La jueza Jackson escribió que la corte no tomó en cuenta las “devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno ponga fin precipitadamente a las vidas y medios de subsistencia de casi medio millón de no ciudadanos con reclamos legales pendientes”. Advirtió que puede producirse un caos social y económico si tantos extranjeros son detenidos o expulsados repentinamente.
La decisión se produce poco después de que la Corte Suprema también permitiera a principios de mes a los funcionarios de Trump revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 350 mil inmigrantes venezolanos. El TPS es un programa independiente que ofrece residencia temporal a quienes huyen de países azotados por violencia o desastres, sin necesidad de patrocinador.
¿Cómo funcionaba el parole humanitario y quién lo implementó?
El denominado parole humanitario fue un programa ideado por la administración de Joe Biden para dar refugio a personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Uno de los objetivos principales era reducir las entradas irregulares y acoger a migrantes que huyen de países en situaciones críticas. Se basó en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorga al secretario de Seguridad Nacional la potestad “discrecional” de conceder permiso de permanencia temporal a cualquier extranjero por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El programa exigía que los migrantes tuvieran un patrocinador en EE UU que asumiera la responsabilidad financiera durante su estancia, para evitar que fueran una carga económica para el Estado. Según la explicación del abogado Julio César Henríquez, una persona en Estados Unidos -ciudadano o residente- realizaba una solicitud electrónica pidiendo por alguien fuera del país alegando razones humanitarias. Si la petición era aceptada, el solicitado llenaba otra planilla pidiendo su ingreso. Una vez recibida la respuesta afirmativa, la persona podía viajar a Estados Unidos y entrar sin restricciones graves.
El programa concedía la residencia temporal y daba acceso a un permiso de trabajo. Según diversas organizaciones defensoras de migrantes, los integrantes de la diáspora que tuvieron que recurrir al parole huyeron de situaciones de violencia y crisis económica de sus respectivos países. Al perder el permiso, se enfrentarían a regresar a sus naciones de origen o correr el riesgo de permanecer ilegal en suelo americano, exponiéndose a ser detenidos y deportados.
