La mañana de este 12 de abril, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez confirmó la muerte de Tibisay Lucena, quien actualmente se desempeñaba como ministra de Educación Superior, y que también fue presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Precisamente su gestión como rectora del CNE, de 2006 a 2020, fue polémica por denuncias de fraudes y otras irregularidades en el contexto de procesos electorales en Venezuela.
Parte de esa polémica estuvo ligada al estado Bolívar con un primer boletín de resultados de tendencia reversible, y que en ambos casos desfavoreció al abanderado opositor, Andrés Velásquez. Primero fue en las regionales de 2012, caso que se repitió en las elecciones de gobernadores en octubre de 2017, que debieron efectuarse en 2016 cuando venció el período constitucional. Casi tres días después se dieron resultados oficiales que permitió la promulgación de Justo Noguera en la Gobernación.
Días después, el comando de campaña opositor demostró con 14 actas de escrutinio que más de 2.500 votos habrían sumado a Noguera con un presunto forjamiento de actas. En la denuncia, que pasó al Tribunal Supremo de Justicia, se destacó que las actas no fueron transmitidas electrónicamente, sino de forma manual, sin testigos de los partidos y sin cumplir los procedimientos previos para estos casos.
Incluso, el 24 de julio de 2020, el rector suplente del CNE, Juan Carlos Delpino reconoció que en octubre de 2017 se demostró que Andrés Velásquez ganó las elecciones en Bolívar, y que estuvieron a punto de desproclamar a Justo Noguera Pietri.
“En la Gran Sabana se produjo una votación que tenía a un testigo de Andrés Velásquez, que agarró su acta. Una mano peluda, no es mentira, se atrevió a hacer un cambio, otra mano peluda se atrevió a proclamarlo. No sé cómo llamar a esta tropelía, que ni siquiera lo que habían hecho coincidía con lo que decía la página del CNE”, dijo Delpino en entrevista en el programa Vladimir a la Carta, de Vladimir Villegas.
Sin embargo, quedó sin efecto el reconocimiento del triunfo de Velásquez luego que este declarara su rechazo a la imposición de que los gobernadores se juramentaran ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), violando lo establecido en la Constitución nacional.
En el historial
Con las presidenciales de 2013 también hubo denuncias de irregularidades en los resultados y el entonces abanderado de la oposición, Henrique Capriles, pidió una auditoría de 100% de las urnas electorales, pero esto no se dio.
Las elecciones de la ANC también fue parte de la polémica gestión de Lucena como presidenta del CNE. La oposición no participó y pese a la evidente ausencia de electores, Lucena dio un resultado que dio una participación por encima del 40% del electorado. Hasta Smarmatic, la empresa que prestaba sus servicios en las elecciones convocadas por el CNE, afirmó que hubo manipulación sobre los datos de participación, ya que su sistema arrojó que hubo al menos un millón de electores.
Además, la promesa de esa Constituyente era la creación de una nueva Constitución, que no se dio, y servir como un espacio condicionante para opositores electos en cargos populares, como el hecho de que alcaldes y gobernadores tuviesen que juramentarse ante la ANC.
A ello se suma las presidenciales de 2018, donde se promulgó la reelección de Nicolás Maduro, y cuyo proceso fue desconocido por parte de la comunidad internacional y conllevó luego a un “interinato” liderado por Juan Guaidó, Asimismo, Lucena fue sancionada por Estados Unidos por considerarse que atentó contra la democracia y los derechos humanos.
Las trabas del revocatorio
A Tibisay Lucena también se le recuerda por las trabas que impuso para frenar la solicitud, en 2016, del referendo revocatorio a Nicolás Maduro. Violando lo establecido en la constitución, así como en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y el Reglamento de esta ley, se impuso que además de la recolección de firmas, debían verificarse luego las huellas digitales de los firmantes.
Fue un proceso complicado en el que se habilitaron pocos puntos y máquinas captahuellas para la verificación de la solicitud de los firmantes. Aunque se logró la meta, esta vez intervinieron tribunales penales que anularon el proceso de recolección y validación del 1% de firmas en cinco estados, incluyendo Bolívar, e impidió que se recogiera el 20% de manifestaciones de voluntad para activar el referendo revocatorio.
Las sanciones
El 26 de julio de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la sancionó con penalizaciones económicas e individuales. El 18 de enero de 2018 la sanción provino de la Unión Europea. En las sanciones fueron acusados de la represión y situación política de Venezuela.
En 2018, el Gobierno de Panamá la consideró de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El 7 de agosto de 2019 el Gobierno de Suiza la incluyó en su lista de sancionados “por violar los derechos humanos y socavar el estado de derecho y las instituciones democráticas”.
De allí vinieron otras sanciones de la Unión Europea y de Suiza, que implicó la prohibición de viajar a estos países y la congelación de sus bienes en estos territorios.
