La ONG Provea informó a través de su cuenta en X que más de 140 organizaciones del mundo rechazan las acciones de Estados Unidos para imponer sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI).
Según la organización “las sanciones contra la CPI impedirán el acceso de las víctimas a una justicia legítima e independiente y constituyen un agravio para las víctimas y sobrevivientes de todo el mundo”.
Enfatizaron que los representantes legales y las organizaciones de la sociedad civil podrían enfrentar consecuencias derivadas de su respaldo a la justicia ante la CPI, poniendo en riesgo la labor crucial que desempeñan en la garantía del acceso de las víctimas a la reparación de los crímenes más graves.
Las organizaciones recordaron que, con dichas sanciones, Estados Unidos incurrirá “en el mismo tipo de obstrucción que llevó a cabo Rusia en represalia por la orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin”, la cual incluía órdenes de arresto contra el fiscal y los jueces de la CPI, así como una ley que penalizaba la cooperación con la corte.
La CPI es una institución judicial independiente encargada de brindar justicia a las víctimas de crímenes internacionales graves en ausencia de otras instancias a las que puedan recurrir. Actúa como un tribunal de última instancia indispensable, respaldado por 125 Estados miembros, y desarrolla su labor en más de 16 países de todo el mundo.
Exigencia pública
Las organizaciones solicitaron a los 125 Estados Partes de la CPI que condenen públicamente el uso de sanciones “para menoscabar la labor de la CPI”, así como a que expresen su compromiso “firme e incondicional con la Corte y su mandato de importancia fundamental a nivel mundial”.
Asimismo instan a que se exija a los Estados Unidos que cese en sus intentos de comprometer la independencia y la labor esencial de la corte, y le alienten a unirse a la CPI y brindar un apoyo total al acceso de las víctimas a la justicia.
También exigen que coopere plenamente con la CPI para respaldar de manera consistente a la corte en todas las situaciones en las que actúe, e insten a los demás actores relevantes a adoptar la misma postura, lo que incluye “la ejecución de todas las decisiones y solicitudes de la corte, en particular las órdenes de detención pendientes, así como la armonización de las legislaciones nacionales con el Estatuto de Roma, la ratificación y aplicación del Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional y la firma de todos los acuerdos de cooperación pertinentes con la CPI”.
De igual forma llaman a que se adopten o apliquen “estatutos de bloqueo nacionales y regionales”, como el estatuto de bloqueo de la Unión Europea. Además que se apliquen medidas y marcos nacionales para proteger a aquellos que cooperan con la Corte y le brindan apoyo, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.
Más de 140 organizaciones del mundo rechazamos las acciones de Estados Unidos para imponer sanciones contra la Corte Penal Internacional.