viernes, 12 julio 2024
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Salida de Acnudh deja a venezolanos vulnerables ante violaciones de DD HH en un año electoral

El abogado y coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, Ezequiel Monsalve, explicó cinco consecuencias negativas que implica el cese de las operaciones en Venezuela de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

El cese de las operaciones en Venezuela de la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), así como la expulsión de sus oficiales, trae consigo consecuencias en las garantías y protección de derechos humanos en el país, mucho más cuando esta medida gubernamental se da en un año de elecciones presidenciales.

En entrevista para Correo del Caroní, el abogado Ezequiel Monsalve, coordinador de Litigio Internacional de la ONG Defiende Venezuela, explicó al menos cinco consecuencias que implican para los venezolanos el cese de operaciones de la oficina de la Acnudh en Venezuela.

En primer lugar, conlleva a la ausencia de asistencia técnica en derechos humanos para el Estado. En otras palabras, Monsalve explica que el alto comisionado es una agencia para la protección del derecho humano. Por tanto, les brinda asistencia y apoyo técnico al Estado para el mejoramiento de prácticas con derechos humanos, algo esencial para cualquier país.

“En especial cuando se vive en contextos como el venezolano, donde hay una crisis humanitaria compleja, donde hay deficiencias en las instituciones; claro, el Estado dice que es producto de las sanciones y eso, pero independientemente del motivo por el cual el Estado está en esa situación, agravando los derechos humanos, una oficina como esta es bastante útil. ¿Por qué? Porque le brindan capacitación a los fiscales, le brindan capacitación a las fuerzas policiales, tratan de otra manera potenciar el trabajo que debe hacer la Defensoría del Pueblo, le brindan al Estado recomendaciones, de alguna forma el Estado se ve beneficiado. Por ende, las víctimas también, las personas en Venezuela, también se ven beneficiadas de esto”, expuso.

En ese sentido, la ausencia de esa asistencia técnica conlleva a una segunda consecuencia: la limitación en la protección de los DD HH de los venezolanos. Y es que el mayor beneficiario de que el Estado no viole sus derechos humanos son las potenciales víctimas.

El coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela pone como ejemplo el caso de las FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) y su disolución. 

“La disolución de las FAES proviene de una serie de recomendaciones que hace el alto comisionado, donde el Estado accede a esa recomendación puntual de disolver este cuerpo porque era un cuerpo que no tenía una estructura bien definida, que no estaban capacitados para las actividades en los sectores populares y que generaba una letalidad extremadamente alta. Y aunque hoy en día están segregados esos funcionarios en otros cuerpos policiales, lo que sí es cierto es que la letalidad de estos cuerpos disminuyó. Ya no hay tantas ejecuciones extrajudiciales como ocurrieron en años anteriores cuando las FAES funcionaba”, agregó.

Desconexión de agenda

En tercer lugar, no contar con la Oficina Técnica del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU conduce al abandono de la agenda de conexión de la sociedad civil con los mecanismos de protección. Y es que una vez agotadas las instancias nacionales, los venezolanos recurren precisamente a organismos internacionales para denunciar violaciones de DD HH.

“La sociedad civil, en cualquier Estado, es importante porque forma parte de las instituciones principales de la democracia. O sea, la sociedad civil no solo existe en Venezuela, sino que está en todas partes. En Venezuela somos una sociedad civil emergente. Hemos venido desarrollando capacidades prácticamente a partir del año 2014, y estamos ávidos de capacitación, de fortalecimiento, porque también tenemos un contexto restrictivo de leyes, de financiamiento. La presencia de la oficina del alto comisionado también es positivo para la sociedad civil porque ellos se nutren en colaboración para concretar agendas con relatores, para poder tener mayor impacto en los mecanismos de protección internacional, para también fungir como mecanismo de incidencias del Estado, de casos que manejen las víctimas”, explica.

Hay víctimas que están representadas por organizaciones de derechos humanos, mientras que otras acudían directamente a la oficina del alto comisionado de forma presencial. Y en un país con limitaciones de conexión a internet, telefonía, sobre todo en zonas rurales, esa cita presencial significaba lo más cercano en acceso a la justicia para ellos.

“Quitarles espacio a las personas, independientemente del impacto que pueda tener su denuncia en la oficina del alto comisionado es negativo para ellas y para la sociedad civil”.

Como cuarta consecuencia, desde Defiende Venezuela destacan las limitaciones en el acceso a relatores de la ONE en el país. Monsalve precisa que estos relatores tienen una competencia temática específica en un área determinada, como alimentación, ejecuciones extrajudiciales. Esto dificulta una evaluación objetiva sobre lo que ocurre en materia de derechos humanos en Venezuela.

Como una quinta consecuencia de esta medida, Defiende Venezuela habla de la limitación en el acceso a información objetiva y veraz para estos informes de recomendaciones.

Y es que, detalla, una de las grandes diferencias, por ejemplo, entre la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela y el alto comisionado, es que a la primera no se le ha permitido el ingreso a Venezuela, por tanto, toda la información que recibe es básicamente de manera telemática, a distancia. Los oficiales del alto comisionado, en cambio, tienen la potestad de poder recibir esa fuente de manera directa, entrevistar directamente a la víctima que denuncia una violación a sus derechos y, también, pueden hacer experticias y visitar el terreno.

“Hay algunas limitantes para que ellos puedan hacerlo en todas las circunstancias, pero las circunstancias donde el Estado las autoriza, porque todas estas visitas son autorizadas, no es que son porque ellos les da la gana de hacerlo. Son autorizadas y ese trabajo limitado y autorizado por el Estado desarrolla una parte importante en las recomendaciones que ellos hagan a los informes. ¿Por qué? Porque van a tener la información de fuente de primera mano. Entonces eso es clave para poder dar con los aspectos más importantes de la situación de derechos humanos en Venezuela”, aclara Monsalve.

Todas estas consecuencias afectan tanto al Estado como a las víctimas, ya que se pierde capacitación, apoyo y recomendaciones para mejorar las prácticas de derechos humanos, así como el acceso a instancias internacionales y la visibilidad de la situación en el país.

Momento electoral

Esta medida que atenta contra la garantía, protección y defensa de los derechos humanos en Venezuela se da justamente en un año electoral. Y aunque se dieron acuerdos previos en Barbados, en las últimas semanas arreció la persecución política por parte de la administración de Nicolás Maduro.

“Creo que este año 2024 es un año clave para que la oficina del alto comisionado se mantenga en Venezuela, justamente porque es un año electoral presidencial. Sabemos que Venezuela es un país presidencialista, donde las elecciones presidenciales juegan un rol importante en la democracia del país. Y para nadie es un secreto que una de las grandes falencias que tiene el Estado es justamente la alternabilidad de poder, a través de los procesos de elecciones libres y justas. Las últimas elecciones presidenciales fueron un desastre, eso generó una tensión política sin precedentes, donde hubo un gobierno interino y eso intensificó el conflicto político en Venezuela. Entonces para la oficina del alto comisionado, para la sociedad civil y en general para todas las personas que tenemos alguna vinculación con Venezuela, es muy importante que salgan las elecciones justas y libres”, sostuvo.

Monsalve insiste en que este organismo internacional, que pueda sugerir al Estado venezolano algunas prácticas para poder implementar esta situación en las elecciones, es clave en ese momento.

Por otra parte, la detención de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, pudo influir.

“Probablemente la expulsión de estos funcionarios venga, entre otras cosas, por este año electoral. Nosotros creemos que pudo haber sido por un post que publicaron relacionado a la detención arbitraria de Rocío San Miguel, que además es importante decirlo, la detención de Rocío San Miguel es una detención arbitraria como casi todas las que hace el Estado. ¿Y por qué todas son así? Porque el Estado venezolano, una de las grandes cosas que no ha implementado en las recomendaciones que le ha hecho el alto comisionado o que le han hecho otros órganos internacionales, es que mejore sus buenas prácticas policiales en el momento de una detención, independientemente de que la persona tenga alguna culpabilidad o no”, destacó.

Recordó que el alto comisionado no dijo si San Miguel era culpable o no con respecto a lo que se le atribuye, sino que dijeron que la forma en que el Estado venezolano la arresta puede considerarse una desaparición forzada.

“Y uno como abogado, como defensor de derechos humanos, como activista en esta área, uno sabe que eso ocurre en un porcentaje muy alto en las detenciones que comete el Estado, porque lamentablemente no han querido mejorar ni implementar las recomendaciones que le ha hecho la oficina del alto comisionado ni de otros órganos”, puntualizó Monsalve.