Este lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que Venezuela no da consentimiento a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la controversia territorial por el territorio Esequibo.
“Venezuela jamás se dejará extorsionar por un gobierno servil a los más oscuros intereses foráneos. El único camino posible para la solución de la controversia sobre el territorio de la Guyana Esequiba es el regreso de Guyana a la mesa de negociación”, dijo Rodríguez a través de un video difundido en redes sociales.
La vicepresidenta recordó que es el Acuerdo de Ginebra único instrumento “obligante y válido para resolver esta controversia”, afirmó.
Más temprano, Rodríguez, a través de su cuenta en X, antes Twitter, publicó un video en el que se observan varias cajas que serían entregadas a la CIJ las cuales contienen “la verdad histórica y evidencias que demuestran que el territorio de la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela”.
“El laudo criminal de 1899 fue un fraude. Venezuela nunca ha consentido la jurisdicción de la corte para esta controversia territorial; el único instrumento válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y así está demostrado”, expresó Rodríguez en el mismo mensaje.
El domingo, el Gobierno de Venezuela aseguró estar listo “para destruir todas las mentiras de Guyana ante la CIJ”.
Delcy Rodríguez indicó que Venezuela estará representada por “sus mejores abogados”, quienes defenderán la “verdad histórica” y ratificarán que el país no reconoce la jurisdicción de la CIJ en este caso.
Venezuela reclama la región del Esequibo, alrededor del 70% del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar, argumentando que el laudo arbitral de 1899 es nulo y sin efecto debido a que “afectó fraudulentamente 159.500 kilómetros cuadrados del territorio” de la Guayana Esequiba.
“El 17 de febrero de 1966, Venezuela, Reino Unido y la Guyana Británica, hoy República Cooperativa de Guyana, suscribieron el Acuerdo de Ginebra con el objeto de poner fin a la controversia territorial mediante un arreglo práctico, aceptable y satisfactorio para todas las partes. Este acuerdo está en vigor y es el marco normativo que debe ser cumplido de buena fe por las partes, conforme al derecho internacional”, afirmó el Gobierno venezolano.