El portal Suprema Injusticia, iniciativa de la ONG Transparencia Venezuela, señaló que la revisión de inhabilitaciones a los candidatos de oposición ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no da “muchos motivos para el optimismo”.
Suprema Injusticia indicó que en años anteriores, muchos inhabilitados para ejercer cargos públicos han utilizado el recurso contencioso administrativo contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, sin siquiera obtener una respuesta.
El pasado 30 de noviembre, fecha límite impuesta por Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro para revisar las inhabilitaciones y liberar a los presos políticos, se informó sobre un mecanismo para que sean evaluadas las inhabilitaciones políticas.
Luego de esto se conoció que los candidatos inhabilitados debían acudir al TSJ entre el 1 y 15 de diciembre a presentar su apelación, de lo contrario, no podrían participar en las elecciones por no “ejercer el recurso”.
Posteriormente, María Corina Machado informó que no asistiría ante el TSJ para apelar su inhabilitación política y precisó que “aquí no hay nada que recurrir porque no hay decisión (de la Contraloría de la República)”.
Aseguró que no confía en las decisiones del Gobierno nacional, quien “no ha cumplido” con los acuerdos en conjunto con la Plataforma Unitaria.
“Yo no he cometido delito alguno, falta alguna, aquí no hay un acto de la contraloría ni yo he sido notificada de ninguna manera, aquí no hemos recibido ningún papel, por lo tanto, que acto puede recurrirse si no existe, es absolutamente inexistente”, dijo Machado.
Suprema Injusticia explicó que el recurso contencioso administrativo es una figura legal a través de la cual los ciudadanos pueden plantear reclamos y conflictos por actos de la administración pública o disposiciones de carácter general ante los tribunales, siempre y cuando se hayan agotado las vías administrativas.
Casos de inhabilitaciones sin respuesta
El exgobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, quien el 5 de octubre de 2017 presentó dos solicitudes similares contra la sanción a 15 años que le fue impuesta ese mismo año y las mismas todavía no han sido respondidas.
La última noticia de estas solicitudes se produjo el 24 de octubre de 2017, cuando el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa le remitió a la misma sala una de estas peticiones para que procediera a estudiarla, tal y como se lee en la sentencia número 271.
El exalcalde de Chacao, Leopoldo López, encabeza la lista de opositores y disidentes del chavismo que en los últimos años ha recurrido al procedimiento pactado por el Gobierno y la oposición para revisar las sanciones que les impiden competir electoralmente. Y él vio cómo su solicitud, presentada en 2005, terminó en la papelera cuatro años después.
Manuel Rosales corrió con mejor suerte; sin embargo, la CGR lo inhabilitó por siete años y seis meses en agosto de 2014, tras declararlo responsable de una serie de irregularidades detectadas en sus primeras dos gestiones como gobernador de la entidad occidental.
El opositor presentó a la Sala Político Administrativa una demanda de nulidad conjuntamente con solicitud de amparo cautelar contra la sanción un año después. El TSJ declaró “procedente” la petición y le levantó la sanción por considerar que la CGR no le garantizó el debido proceso. Pero el proceso se demoró más de dos años.
Suprema Injusticia también indicó que la Sala Constitucional ha rechazado tres acciones que buscaban permitirle a la exdiputada María Corina Machado que se pudiera postularse como candidata para las próximas elecciones.