sábado, 2 marzo 2024
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Reinician proceso judicial de 45 presos políticos tras cambiarle las competencias a un tribunal

Ahora varios casos deben ser reseteados ante el nuevo tribunal que llevará sus investigaciones, deben empezar desde cero todo el proceso.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció el 15 de julio que revocaron la jurisdicción de más de 45 casos de presos políticos al Tribunal Octavo de Juicio del área metropolitana de Caracas y Tribunal Tercero con Competencia en Terrorismo, a cargo del juez Aquiles Vera. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) transfirió la competencia en terrorismo al Tribunal 29 de Juicio del área metropolitana de Caracas, lo que obliga al Poder Judicial a reiniciar los procesos forenses que tenía Vera.

El cambio afecta los juicios de presos políticos civiles y militares como Guillermo Zárraga, Franklin Caldera Martínez, Javier Tarazona, Roland Carreño y Robert Franco, quienes tienen más de dos años en la espera de una sentencia a sus detenciones arbitrarias.

Ahora sus casos deben ser reseteados ante el nuevo tribunal que llevará sus investigaciones, deben empezar desde cero todo el proceso.

“La mayoría de estos casos estaban a punto de dictarles su sentencia. El juez debió dar sus conclusiones y absolver o penalizar a las personas. Pero, como en la mayoría no hay pruebas para penalizar, realizaron una condena anticipada al cambiar la competencia al tribunal de forma arbitraria. Ahora seguirán privados de libertad”, dijo en una entrevista a Runrun.es la abogada Martha Tineo, cofundadora y coordinadora general de Justicia, Encuentro y Perdón. “Esto deja en evidencia la manipulación del sistema de justicia en el país”.

De acuerdo con información compartida por la ONG, el tribunal a cargo del juez Aquiles Vera llevaba causas individuales y colectivas. La remoción de sus facultades es una violación al debido proceso.

“Esta decisión viola el principio de juez natural, que establece que un caso debe ser atendido en todo momento por el juez asignado legalmente”, advirtió Tineo.

La abogada explicó que el sistema judicial venezolano debería estar dividido en tres instancias: los tribunales de control, que recaba las denuncias e inicia el proceso fiscal; los tribunales de juicio; que hace la valoración forense y establece la sentencia, y los tribunales de ejecución, que velan por el cumplimiento de la pena.

“Se ha evidenciado que el TSJ cambia arbitrariamente las facultades y competencias de los tribunales. Esto también viola el principio de intermediación, que obligaría a Vera a presenciar todo el juicio y dar una conclusión”, reiteró Tineo.

“Hay casos, como Guillermo Zárraga, quien es acusado por presunto espionaje, que esta semana debieron tener una sentencia por parte del tribunal octavo. El caso de Zárraga se ha llevado hasta Amnistía Internacional porque el señor de 59 años no recibe atención médica y está enfermo”, agregó.

Decisión sin aviso

Según Franklin Caldera, padre del primer teniente Franklin Caldera Martínez y miembro principal de la ONG Familia SOS Libertad, los familiares de los presos se enteraron del cambio por sus abogados el mismo día del cambio. Todas las audiencias que iba a atender el Tribunal Octavo fueron diferidos por última vez entre el 11 y 14 de julio.

“Me enteré el día de ayer a las 5:00 pm por la defensa de mi hijo. A ellos se le notificó esa misma tarde. Esta medida hace conocer al mundo que en Venezuela el Poder Judicial está en manos del régimen (de Nicolás Maduro)”, declaró Caldera (padre) a Runrun.es. “Siguen jugando al cansancio, al sufrimiento de los presos políticos, sobre todo aquellos que tienen problemas de salud”.

El representante de Familia SOS Libertad recordó la medida judicial y política afecta también a todos los allegados de los privados de libertad de los más de 40 casos que tenía el tribunal bajo su custodia. El caso del teniente Franklin Caldera Martínez también solicita atención médica: no ha recibido tratamiento de las torturas que tuvo, el disparo a quema ropa que le propinó la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en la pierna y los cuadros de ansiedad producto de la violación a sus DD HH.

“Es un retardo procesal penal, pareciera un juego de estrategia. Pero seguiremos luchando y denunciando. Esto es una arremetida más en contra de nuestros familiares que se encuentran privados de libertad”, dijo Caldera (padre).