Para la ONG Acceso a la Justicia, el recién anunció de Nicolás Maduro sobre la creación de una comisión encargada de hacer una reforma del sistema judicial en Venezuela, deja más dudas que respuestas sobre el proceso de descongestión carcelaria como uno de los objetivos que persigue.
Una de las principales críticas que otras organizaciones y dirigentes de distintos sectores de la vida pública han hecho, es sobre las figuras que lideran dicha comisión. En la presidencia estará Diosdado Cabello, y en la vicepresidencia Cilia Flores, mientras que la secretaría ejecutiva estará en manos de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Lourdes Suárez Ánderson, presidenta de la Sala Constitucional del máximo tribunal.
“El objetivo de esta Comisión será solucionar en 60 días el hacinamiento de los Centros de Detención Preventiva. Además, Maduro dijo que ‘esta Comisión va a tomar las riendas de una revolución completa del sistema de justicia, que va integrar a todos los órganos’”, recordó la ONG.
Si bien anunció el mandatario que la conformación de esta Comisión sería anunciada en próximas horas, también adelantó que “tiene que rendirle cuentas al Consejo de Estado”.
El artículo 251 de la Constitución nacional establece que el Consejo de Estado es un órgano superior de consulta del Gobierno y la administración pública nacional, que está integrado por nueve miembros: el vicepresidente ejecutivo y cinco personas designadas por el presidente de la República. También lo integran un representante designado por la asamblea Nacional, otro por el TSJ y un gobernador designado por el conjunto de mandatarios estadales.
“Es decir, que según la Constitución se trata de un órgano dominado por el Poder Ejecutivo. Pareciera que de acuerdo con las declaraciones antes mencionadas, dos miembros de la Asamblea Nacional oficialista, uno de ellos, la esposa de Maduro, van a llevar adelante medidas para solucionar el problema del hacinamiento y retardo procesal en los calabozos policiales”, observa la ONG.
Sobre el papel del TSJ, este quedaría relegado. “Solo una magistrada frente a dos diputados de la Asamblea Nacional oficialista es miembro de la comisión de reforma del sistema de justicia. Aparte otro magistrado del TSJ, quien actuará en el Consejo de Estado, conforme al artículo 251 constitucional”.
“Sin lugar a dudas, quedan más preguntas que respuestas sobre la forma en que se logrará descongestionar los Centros de Detención Preventiva, sin cometer desafueros, injusticias o dejar impune algún caso”, agregó Acceso a la Justicia.
Destaca también que hay que considerar que los jueces no dan un paso sin consultar sus fallos con el juez presidente del Circuito Penal, como indicó la Alta comisionada en su informe del 15 de julio de 2020.
“Probablemente lo que ocurra es que las decisiones serán tomadas desde arriba, es decir, por la Comisión en cuestión y que deban ser aprobadas por el Consejo de Estado (con 6 de sus 9 miembros parte del Ejecutivo Nacional), antes de ser ejecutadas”, concluyó la organización.
