jueves, 29 febrero 2024
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Reforma de Ley de la Actividad Aseguradora pone en el centro los seguros inclusivos

Hasta el 23 de marzo casi la mitad de los artículos habían sido aprobados. El texto pone en el centro cambios como la incorporación de los seguros inclusivos y acortar los lapsos para trámites burocráticos.

La Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN) avanza con la Reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora, que entró en discusión pública hace más de un mes. Hasta el 23 de marzo casi la mitad de los artículos habían sido aprobados. El texto pone en el centro cambios como la incorporación de los seguros inclusivos y acortar los lapsos para trámites burocráticos.

El miércoles la comisión revisó los artículos hasta llegar al 75. En el debate surgieron propuestas por parte de los diputados, así como dudas por las que se decidió dejar algunos artículos a futura revisión por parte de la Superintendencia de la actividad aseguradora (Sudeaseg). El vicepresidente de la comisión, Ramón Lobo, dijo a Crónica.Uno al terminar la reunión que llevan dos jornadas de trabajo y que han aprobado 50% del articulado.

Durante la reunión de la comisión, que se extendió hasta las 7:30 de la noche, surgió la discusión en torno al artículo 56, que quedó sujeto a una próxima revisión con la Sudeaseg. El artículo se refiere a los seguros inclusivos que está dirigido a sectores rurales, agropecuarios, jubilados y pensionados, etnias y personas excluidas. Algunos diputados pidieron incluir también a pescadores artesanales.

Sobre esta propuesta se ha pronunciado la Cámara de Aseguradores de Venezuela, que la encuentra positiva, no solo la incorporación de seguros inclusivos, sino también los microseguros, los masivos y los canales alternos que buscarían masificar el acceso a pólizas de salud. El nuevo instrumento plantea que los microseguros están dedicados a personas de bajos ingresos.

La vocera señaló que desde la cámara plantearon algunas ideas para los microseguros y seguros de bajos ingresos, por ejemplo, que se acompañe de incentivos fiscales, porque baja el gasto administrativo. El sector asegurador, al igual que industrial, advierte que la alta tributación se ha convertido en un problema para las empresas, en especial, porque -por ejemplo- deben pagar un anticipo del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) cada 15 días, así otros tributos que son exclusivos para los seguros.

El presidente de la comisión, Jesús Faría, recordó durante la sesión que los artículos 20, 21 y 22 fueron fusionados en uno solo: el artículo 20. El texto aún está en revisión, por lo que podría cambiar hasta su aprobación en el Parlamento.

En el nuevo texto legal el artículo que pasaría a ser el 23 también se modificó. En ese párrafo se establecen los plazos para abrir empresas y también los lapsos que da la superintendencia para solicitar documentos adicionales, que busquen subsanar alguna falla para constituirse. El artículo vigente establece 60 días hábiles y, con la reforma, los diputados votan para que se reduzca a 20 o 30 días hábiles.

En el debate la mayoría estuvo de acuerdo con que los plazos fueran reducidos a 20 días hábiles, sin embargo, decidieron que quedara sujeto a discusión con la Sudeaseg. De aprobarse serían 20 días hábiles para abrir una empresa de este ramo y 20 días para subsanar fallas o entregar recaudos, por ejemplo, balances financieros. El diputado Fernando Bastidas sugirió que fueran más de 20 días hábiles. El presidente de la comisión insistió en que era imperativo acortar los lapsos.

El 26 de agosto de 2020 Nicolás Maduro pidió a su gabinete que se simplificaran los trámites para abrir empresas. El país ostenta el peor desempeño en el Índice de Burocracia para Latinoamérica (2021). La investigación muestra que los trámites comunes exigidos por el Estado le toman a las empresas en Venezuela un total de 1.042 horas al año, lo que equivale a 43 días continuos y a 130 jornadas laborales.

“Abrir cualquier emprendimiento debería ser fácil. Hoy de acuerdo a las estadísticas Venezuela es el segundo país más lento del mundo en trámites. Por qué si tenemos el conocimiento, la tecnología, la capacidad. El tiempo para abrir una empresa no puede superar una semana”, expresó Maduro en ese momento.

El que quedaría como el artículo 24 hace referencia a mecanismos de información al público en caso de que una empresa cierre. La ley actual estipula que esto fuera informado en un diario de circulación nacional, pero los parlamentarios expusieron que prácticamente no quedan medios impresos y que se incluyeran otros canales de difusión, como la mensajería de texto o la radio. La crisis económica, así como la censura, ha condenado a los medios tradicionales al cierre, lo que ha estimulado el uso de plataformas digitales, que, sin embargo, también se enfrentan a bloqueos.

“Casi no hay diarios, son digitales”, reconoció Faría, al tiempo que sugirió que los canales de información que sean incluidos en el artículo 24 también tomen en cuenta las fallas de conectividad o eléctricas.

Con respecto al artículo 25 el diputado Faría lo considera innecesario o reiterativo y señaló que artículos anteriores establecen disposiciones similares. Un especialista legal que forma parte de la asesoría en el texto, y quien prefirió no ser nombrado, indicó que la Sudeaseg se niega a suprimir este artículo, por lo que acordaron discutirlo con la institución.

“No tengo nada en contra solo que me parece repetitivo, pues la superintendencia en artículos previos deja clara su función de control y supervisión”, manifestó el presidente de la comisión de la AN. Este artículo hace referencia a las estafas piramidales, como el esquema Ponzi, una estafa financiera en la que se pagan intereses con las propias inversiones.

El ramo es uno de los más afectados por la contracción económica, que restó 80% del producto interno bruto a la nación entre 2013 y 2020. La hiperinflación que se mantuvo por cuatro años también mermó la actividad, pues las coberturas de las pólizas quedaron desfasadas ante el súbito aumento de los precios, en muchos casos, ni siquiera servían para costear un examen médico. La pandemia por COVID-19 ha dinamizado el sector, por la demanda de servicios de salud; sin embargo, el gremio señala que aún no hay un consumo masivo de estos servicios, debido a la pérdida de poder adquisitivo de la mayoría de la población.