El rector del Consejo Nacional Electoral, Roberto Picón, sostuvo diferentes encuentros con instituciones y organizaciones con fines políticos en Bolívar, para explicar las garantías técnicas y políticas que ofrece el CNE de cara a las elecciones regionales y municipales, del próximo 21 de noviembre.
El encuentro con medios de comunicación fue propicio para indagar sobre las acciones que tomará el organismo frente a las denuncias de irregularidades que se dieron durante el simulacro del pasado 10 de octubre, así como otras ilegalidades evidentes cometidas por candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), especialmente el uso de recursos públicos para campaña electoral de su abanderado, y que desde instituciones del Estado se promuevan candidaturas.
Picón alegó que, con respecto al simulacro electoral, este “se celebró en un período donde formalmente no ha empezado la campaña electoral y no hay una normativa que limite la acción política de movilización el día del simulacro. Lo que sí es que cualquier utilización de recursos públicos para favorecer una parcialidad política, está fuera de la Constitución. Es algo que hay que denunciar y presionar para que se cumpla, no solo al CNE sino a todos los factores institucionales del Estado venezolano”, aclaró.
“El Estado venezolano tiene que tener una actitud imparcial ante el hecho electoral. Eso no se cumple en los medios de comunicación y en buena parte de las instituciones. Lo fundamental es que haya una presión de parte de los ciudadanos y los actores políticos para que esto se corrija”, agregó.
Recordó que, si bien no son denuncias nuevas y se han repetido en años anteriores, la oposición se ha podido organizar para superar esas prácticas “y hay resultados que han favorecido a unos y otros. No estoy justificando, quiero decir que el CNE debe hacer un llamado de atención sobre el uso de recursos públicos, pero a la ciudadanía le corresponde hacer lo mismo y organizarse, para lo que no se logre por vía institucional se logre por la vía de acción ciudadana”.
Campaña adelantada
También se refirió al inicio formal de la campaña electoral, el 28 de octubre según el cronograma. Con ello, escudó la inacción del ente rector bajo el argumento de que “el CNE no tiene capacidad como tal de legislar, sancionar antes del 28 de octubre”, y desestimó el uso del término “campaña adelantada”.
Ante su insistencia de instar a los ciudadanos y factores políticos a denunciar el uso de recursos del Estado para campaña electoral, dijo no tener conocimiento de denuncia formal en el estado Bolívar. Al respecto, más tarde, el dirigente nacional Henrique Capriles anunció que los candidatos a la Gobernación, Raúl Yusef, y la Alcaldía de Caroní, Francisco Sucre, harán la respectiva denuncia por el evidente peculado de uso por parte del abanderado del PSUV para la Gobernación, Ángel Marcano.
Picón informó que el CNE establecerá, a partir de la campaña electoral, equipos de fiscalización que estarán distribuidos por todo el país, los cuales evaluarán el proceso de campaña y el día de la elección todo lo que ocurre para actuar oportunamente.
En este sentido, el artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), establece en su numeral uno que no se permitirá propaganda electoral que “se produzca fuera del lapso de la campaña electoral establecido por el Consejo Nacional Electoral”.
El numeral 13 del mismo artículo también prohíbe la propaganda electoral que sea financiada con fondos públicos, distintos a los previstos en dicha norma.
Asimismo, el artículo 85 de la Lopre señala que “el Consejo Nacional electoral podrá ordenar a petición de parte interesada o de oficio, ante un hecho público y notorio, el inicio de averiguaciones administrativas por violaciones de la normativa sobre propaganda electoral”.
Garantías técnicas
En cuanto a las garantías técnicas que ofrece el CNE para el 21 de noviembre, sostuvo que el voto es secreto e íntegro, a través del proceso de identificación del votante por el mecanismo biométrico.
También anunció la municipalización del Registro Electoral, para facilitar el proceso de inscripción y actualización de datos. En Bolívar, ya no será solo la Oficina Regional Electoral la que mantenga el RE permanente, ya que cada municipio contará con una oficina para tal fin.
“También habrá un operativo de catastro electoral que le permitirá a las comunidades abrir espacios para convertirlos en centros electorales y que la gente se pueda inscribir y reubicarse allí”.
Sobre el secreto del voto, explicó que “en la máquina de votación hay dos archivos, dos bases de datos separadas. Una base de datos tiene los electores que ya han votado y otro archivo tiene los votos que ha emitido esa persona. Uno no tiene que ver con el otro. Dentro de ese archivo de cédulas que han votado, están desordenados, igual que los votos, es decir, si abro los archivos no puedo establecer quién votó por quién porque las filas de todos esos archivos están desordenadas y encriptados”.
Descartó igualmente que pueda haber cualquier intervención del resultado. “La máquina de votación tiene un proceso de autoreconocimiento donde está totalmente chequeando la esterilidad de su ambiente, para que no haya nada instalado en el sistema distinto a lo que esté auditado. Si llega a haber, la máquina se para”.
Además, el acta de transmisión pasa por una red privada, mientras que el sistema de totalización solo puede recibir información de las 30.106 máquinas configuradas.
Negó la posibilidad de usurpación de identidad, confiando en el proceso de autenticación de electores con la huella, que permite establecer un control estadístico de identificación.
“En un proceso electoral reciente el 93% de las personas confirman su identidad con la huella. Se puede prender una luz verde, que es que coincide la huella con la persona, o no coincide y se prueban en otros dedos. Si ninguna coincide, el presidente de la mesa debe ver la cédula y la persona y confirmar la identidad. El CNE tiene las huellas del 96% de los electores, de ese 96%, 93% se identifica correctamente en el sistema con la huella. ¿Por qué hay un 7% que no? Porque puede ser por la edad, si tiene la huella desgastada, que tengan alguna ocupación laboral que también haya desgastado la huella, o que la persona se puso un gel que empaña el captahuella y no se captura bien”.
En cuanto al voto manual, dijo que en Venezuela menos del 0.5% de las maquinas llegan a pasar a manuales, pero en una elección local, como la que se efectuará, un voto manual puede cambiar el resultado.
En estos casos, el acta manual se contrasta estadísticamente con las actas automatizadas del sector.
“Si tienen un comportamiento x, el candidato A le gana al B por 10% y la participación es 50% y resulta que, en el acta manual de ese mismo grupo de mesas el resultado es que el candidato B le gana al A por 20% y la participación es de 80%, estadísticamente no se contrasta correctamente. En ese caso el acta manual no se totaliza hasta que sea revisada por la junta nacional, se cuenten los votos que están en resguardo, incluso puede que haya que repetir la elección en esa mesa”, detalló.
Para estos comicios, el proceso de totalización contará con un código QR en las actas de votación, y permitirá llevar una totalización más exacta.
Garantías políticas
Sobre las garantías políticas, destacó como avance la habilitación de tarjetas de partidos políticos, como ocurrió con la de la Unidad Democrática, así como la habilitación de dirigentes que estaban inhabilitados. “Faltan otros que dependen de la Contraloría, en el tema de los partidos también hay un tema judicial que no depende del CNE”, acotó.
Para la observación, precisó que hay seis organizaciones nacionales que participarán como observadores del proceso. Además, la Unión Europea y el CNE firmaron un convenio para la observación electoral con plena autonomía de la UE en cuanto a sus capacidades de movilización, comunicación y declaraciones, siempre que cumpla con los criterios de imparcialidad y el código de ética de la observación internacional.
El CNE igualmente está en conversaciones con el Centro Carter y Naciones Unidas, que enviarían un equipo técnico que complementaría las capacidades de la UE.