jueves, 28 marzo 2024
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Rachid Yasbek: Militarización en el sur es un tema de control territorial

Para el partido Primero Justicia lo que sucede en Tumeremo es resultado de lo permisivo que ha sido el Estado venezolano ante la proliferación de la minería ilegal.

Como un evidente tema de control territorial resultó la situación de toque de queda que viven los habitantes del sur del estado Bolívar, con la militarización que afrontan los pobladores de Tumeremo, como consecuencia de lo permisivo que ha sido el Estado venezolano ante la proliferación de la minería ilegal.

Así lo denunció Rachid Yasbek, presidente regional de Primero Justicia Bolívar, quien acompañado por María Beatriz Martínez, presidenta nacional de la organización, elevaron su voz de protesta ante esta situación.

Martínez destacó que los efectivos militares y cuerpos castrenses mantienen en el municipio Sifontes en una especie de toque de queda bajo un estado de sitio, lo cual no permite trabajar a los pobladores.

Por su parte, Yasbek indicó que entienden que las fuerzas armadas acuden a la localidad para resolver el problema que tienen, ante el fomento de la minería ilegal y la destrucción del medio ambiente, pero eso no puede paralizar a un pueblo, únicamente para mantenerlos en sus casas, cuando no está decretado un estado de sitio, ni en el país ni en la región.

“Exigimos que permitan al pueblo de Tumeremo salir a trabajar y hacer su normal cotidianidad, mientras que los militares se dediquen a hacer lo propio y si tienen que destruir los campamentos ilegales por el cuido del medio ambiente que lo hagan”, dijo Yasbek.

Para el partido, esa situación atenta contra el libre tránsito, libre comercio y genera una crisis de los habitantes en Tumeremo, razón por la cual exigen que se respeten las libertades que corresponden constitucionalmente. “El gobierno ha sido permisible con esa minería y ahora esas acciones evidencian que es un tema de control territorial”, reiteró.

Desde el 28 de octubre se registra una militarización con más de 600 funcionarios castrenses en la población de Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar. Según alegan las Fuerzas Armadas, se trata de un operativo para acabar con campamentos ilegales de “grupos delincuenciales y terroristas”.

La militarización coincide con el desalojo que días antes se hizo en el sector Imataca, que significó el desplazamiento de unos mil mineros, 200 de ellos hacia la montaña. A su vez, comerciantes y pobladores protestan contra el operativo militar, ya que denuncian violaciones de derechos humanos por parte de los uniformados.

A las protestas contra la militarización y el desalojo de campamentos mineros, quienes sostienen estar legales y pagar impuestos a la Corporación Venezolana de Minería, se han sumado comerciantes y pobladores de El Dorado y el kilómetro 88. (Con información de Prensa Primero Justicia)