A través de su cuenta en X (antes Twitter), la ONG Provea explicó que esta oficina tendría “funciones de cooperación y asistencia técnica, acordada en junio 2023 en el Memorándum de Entendimiento”.
Añadieron que la firma de este acuerdo “podría significar una inminente oficina del fiscal” de la CPI en Venezuela.
El anuncio fue hecho por el fiscal de la CPI, Karim Khan, en el inicio de la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma, desde Nueva York, Estados Unidos.
El pasado 9 de octubre, organizaciones no gubernamentales solicitaron al gobierno de Maduro que hiciera público dicho memorándum por tratarse de cooperación y asistencia técnica.
“Una construcción de políticas públicas que debe ser con transparencia y asegurando acceso a la información”, añadió Provea en su publicación.
El pasado 27 de junio, la Sala de Cuestiones Preliminares I autorizó a la CPI para que continúe su investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
En su decisión, los jueces hicieron un recuento sobre la situación conocida como Venezuela I, las acciones del fiscal Karim Khan y los recursos ejercidos por la administración de Maduro para retrasar la investigación.
Los jueces Péter Kovács (presidente de la sala), René Alapini-Gansou y Socorro Flores Liera destacaron que “sobre la base de numerosos alegatos presentados por Venezuela, la sala considera que Venezuela parece admitir que no está investigando las alegaciones de hecho subyacentes y los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad”.
Asimismo, los jueces señalaron que el Estado venezolano apenas investiga menos de la mitad de los casos que podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad.
