viernes, 27 de mayo de 2022

Provea: Desde que Maduro llegó al poder las fuerzas públicas han asesinado a 8.611 personas

Venezuela presenta serios retrocesos en torno a la materialización de 14 derechos humanos, siendo las mujeres unas de las más afectadas, así lo señaló Provea en su más reciente informe.

Venezuela presenta serios retrocesos en torno a la materialización de 14 derechos humanos, siendo las mujeres unas de las más afectadas, así lo señaló Provea en su más reciente informe.

Este miércoles el Programa de Educación Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea) presentó la 33° edición de su informe anual sobre la situación de los DD HH en Venezuela, esto correspondiente al período enero-diciembre del 2021.

En él se detalló que desde 2013, cuando Nicolás Maduro llegó al Gobierno, han sido asesinadas 8.611 personas a manos de funcionarios de las fuerzas públicas, lo que se traduce en un promedio de 1.076 asesinados cada año, casi tres al día.

Solo entre enero y diciembre del año pasado murieron a manos de la policía y militares 1.414 ciudadanos.

Hasta la fecha sigue siendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) el organismo más letal, es el que mayor cantidad de asesinatos suma, con 347 personas durante el 2021.

Este informe registra los principales avances, retrocesos, obstáculos y amenazas en torno a la materialización de 14 derechos humanos en el país.

De acuerdo a lo dicho por el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, en Venezuela sigue viviendo bajo una política de Estado enmarcada en la violación masiva y sistemática del derecho a la vida, y evidencia de manera categórica que la actuación de los agentes del Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida.

Desde esta organización señalaron que en el país hay una ventana de miles de presuntas ejecuciones extrajudiciales, las cuales pueden constituir crímenes de lesa humanidad, lo que es competencia de la Corte Penal Internacional (CPI).

Las ejecuciones extrajudiciales registraron un descenso en el 2020, pero a la par aumentaron los casos de tortura, lo que genera una honda de preocupación en las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Sumado a ello, el aumento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas, mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación.

En el 60,9% de las denuncias de torturas recogidas en el presente Informe Anual, las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación.

El Cicpc fue señalado como responsable en 155 denuncias de torturas -con igual número de víctimas- para alcanzar el 64,3% del total de denuncias registradas en 2021.

Finalmente, las diversas acciones adoptadas en el ámbito de la justicia para evadir la acción de la Corte Penal Internacional fueron infructuosas y confirmaron que el Estado venezolano carece de voluntad genuina de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos de conformidad con los principios del Estatuto de Roma.

Derechos sociales en retroceso

Entre enero y diciembre de 2021 los hechos que tuvieron influencia en la situación de los derechos humanos en Venezuela se agruparon en cuatro tendencias: 1) el afianzamiento de la crisis de la institucionalidad democrática, a pesar de la realización de las elecciones parlamentarias, junto a una erosión de la representatividad de las fuerzas políticas polarizadas; 2) el ajuste económico de Nicolás Maduro que está generando una desigualdad histórica; 3) la actuación de los organismos internacionales obligó a las autoridades a tomar decisiones para intentar evitar el escalamiento de sus mecanismos de protección y monitoreo, y 4) amenazas y hostigamiento a la sociedad civil e intentos de mayor clausura del espacio cívico.

En 2021, 94,5% de las personas consultadas por la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) estaba en situación de pobreza y, de estas, 76,6% en pobreza extrema. De hecho, los indicadores de la pobreza multidimensional asociados a la seguridad alimentaria y nutricional se vieron afectados por los relacionados con educación y los servicios públicos como agua y electricidad.

Para enero de 2022, el salario mínimo integral en Venezuela era el equivalente a 10 bolívares digitales en razón de la nueva expresión monetaria, es decir, $2,18 de ingreso al mes, el más bajo de Latinoamérica.

La pensión de los adultos mayores pasó en mayo de Bs. 1,8 a Bs. 7 bolívares digitales. Como contrapartida, las remesas familiares se han transformado en uno de los motores de la economía de Venezuela y ya representan al menos el 10% del PIB, un dato que supera unas cinco veces el ingreso por venta de petróleo.

Las brechas entre empleados públicos y privados se ampliaron. 58% de los trabajadores del sector privado están en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra alcanza 75%.

En el sector privado, solo 10% no es pobre, y en el sector público, solo el 4%. La crisis de movilidad afectó aún más las ocupaciones y oportunidades laborales de los pobres.

El hambre en Venezuela continúa en ascenso y con pronóstico desfavorable. La FAO ha estimado un incremento de la proporción de personas que sufrirían de hambre en Venezuela, a saber: 33,2% en 2019-2021, 38,4% en 2021-2023 y 61,7% en 2028-2030.

Desde el punto de vista cualitativo, entre 2019-2020 y 2021 la inseguridad alimentaria, en sus formas leve y moderada, estuvo alrededor de un tercio cada una, y uno de cada cuatro hogares refirió inseguridad alimentaria severa, específicamente la relacionada con experiencias asociadas al hambre.

Esto fue más acentuado en los hogares en pobreza extrema, que redujeron el gasto en alimentos en 13,3% en este mismo periodo.

El acceso económico a los alimentos continúa siendo precario debido al incremento constante de precios y el bajo poder adquisitivo de los hogares.

La Sociedad Venezolana de Pediatría reveló que el 20% de los niños menores de seis meses sufren de desnutrición.

La reducción de las capacidades del sistema sanitario público continuó intensificándose en 2021. Tras 22 meses de pandemia generada por el COVID-19 -y el estado de colapso estructural en el que se encuentra hace más de seis años-, el sistema mostró una caída operativa de servicios que alcanzó hasta 70% en 2019 y más de 80% entre 2020 y 2021.

Provea registró un total de 71.186 denuncias de personas que sufrieron vulneraciones del derecho en los centros de salud públicos de Venezuela, un incremento de 340% con respecto al año anterior.

En materia educativa, aun cuando no hay cifras oficiales de matrícula de los sistemas de educación básica y universitaria, las estimaciones de organizaciones independientes muestran que la conjunción de la educación a distancia y los efectos de la emergencia humanitaria compleja disminuyeron la asistencia escolar: la tasa de escolaridad de 2021 según la Encuesta Nacional sobre Juventud (Enjuve) es la más baja desde 2014; según la Encuesta Nacional de Establecimientos Educativos, 682 mil niños abandonaron la escuela básica desde 2018 y de acuerdo a los resultados de la Enjuve, 821 mil jóvenes de 15-19 años y 880 mil de 20 a 24 años abandonaron la educación formal en los últimos dos años.

Las mujeres siguen desplazadas

Desde Provea destacaron el incumplimiento del principio de igualdad establecido en el artículo 21 de la Constitución, que reza lo siguiente: “Todas las personas son iguales ante la ley; en consecuencia: No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona”.

Sin embargo, en el marco político existe una ausencia de garantías en la paridad y medidas afirmativas, lo que mantiene a las mujeres relegadas en el campo político, así quedó evidenciado en las últimas elecciones regionales, donde el sexo femenino estuvo de último en las listas, con nulas posibilidades de ser electas y sin que el Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializara las modificaciones respectivas.

Algunos de los obstáculos a los que estas se enfrentaron las mujeres en el proceso electoral venezolano son:

  • De 2.730 postulados para 335 alcaldías solo 496 (18%) fueron mujeres, resultando electas solo 60 alcaldesas.
  • De entre 183 candidatos para las 23 gobernaciones 20 fueron mujeres, de las cuales se eligieron apenas dos.

Asimismo, la violencia no escapa de las mujeres que hacen vida en la política venezolana, y es que hasta la fecha se han registrado: 40 agresiones en contra de diputadas, así como coacciones e intimidaciones para que renuncien a sus cargos.

Provea destaca que en otro ámbito en el que las mujeres se ven afectadas es cuando llegan a la tercera edad. Comenzando porque no se cumple lo establecido en la ley sobre el derecho a la vida, la salud, la alimentación, la recreación y la vivienda.

Las mujeres de la tercera edad enfrentan en Venezuela grandes dificultades para alimentarse y adquirir medicamentos de uso regular, puesto que pagos como el que reciben por la jubilación o pensión, no son suficientes para cubrir las necesidades más básicas.

Esta ONG destaca que 86,9% de las mujeres adultas mayores del país se encuentran en situación de pobreza.

Es así como Provea destaca que, hasta la fecha el Estado no ha implementado acciones dirigidas a garantizas el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones al resto de la población.

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