Por considerar que el traslado fue hecho sin garantizar el debido proceso, la ONG Provea rechazó la deportación masiva de Estados Unidos a El Salvador de más de 200 personas acusadas de supuestamente pertenecer al Tren de Aragua.
De acuerdo a la organización, con esta iniciativa del gobierno del presidente Donald Trump se intensifican los “ataques contra los venezolanos”.
Para llevar a cabo esta operación, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa que no se aplicaba en suelo estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.
Según Provea, con estas deportaciones, los presuntos miembros del TDA “son sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alejados de sus familias y sin garantías para su defensa”.
“Las personas son trasladadas a un destino donde sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace”, indicó la organización.
La oenegé señaló que el traslado se efectuó pese a la orden del juez federal James Boasberg de bloquear el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros durante 14 días o hasta nuevo aviso.
“¿Sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal”, fueron las preguntas sobre este procedimiento que hizo Provea.
La Ley de Enemigos Extranjeros permite detener o deportar a los ciudadanos de “una nación enemiga” sin audiencia previa, y en este caso, a todos los venezolanos mayores de 14 años que se considere pertenezcan al Tren de Aragua y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales.
