Los medios de comunicación nacional e internacional reprodujeron con asombro y preocupación la noticia de la sentencia condenatoria del Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, en contra del director de Correo del Caroní, David Natera Febres, por las investigaciones y denuncias sobre casos de corrupción dentro de la empresa estatal Ferrominera Orinoco en el año 2013.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal, El Tiempo de Colombia y El País de España fueron algunos de los diarios que informaron a nivel global sobre la condena dictada el viernes 11 de marzo por el juez Beltrán Javier Lira, que ha sido catalogada como una violación a la libertad de prensa por varios defensores de los derechos democráticos.
“La sentencia fue una de las últimas acciones tomadas en contra de los medios independientes en un país afectado por el crimen rampante, escasez de alimentos generalizada y una inflación de tres cifras. Activistas por la libertad de prensa en Venezuela y los Estados Unidos dicen que Venezuela está en el puesto 137 de 180 países en lo que a libertad de expresión se trata, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras” se lee en el artículo publicado por The Wall Street Journal.
Dentro del mismo orden de ideas, El Tiempo reseñó: “La línea editorial crítica del Correo del Caroní hacia la gestión del gobernador y el chavismo sugiere que el fallo a favor de Mustafá va mucho más allá de su esfuerzo personal contra el diario, sino que además forma parte de la trama que empuja el Estado venezolano para diezmar a la prensa independiente”.
Periódicos del continente también publicaron la información por medio de sus portales utilizando la información de agencias de noticias internacionales como DPA, AFP y EFE.
La repercusión de la sentencia sobre la prensa venezolana, quien tiene prohibido publicar investigaciones sobre casos de corrupción estatal hasta que no exista un fallo judicial al respecto, ha sido de interés mediático global por mermar los fundamentos del periodismo libre y el derecho a la información veraz y oportuna de los ciudadanos.
Los periódicos nacionales también se sumaron a los gremios e instituciones que denuncian la arbitrariedad de la condena que incluye 4 años de cárcel para su director y una multa de 1.137 unidades tributarias, además de un régimen de presentación cada 30 días y la imposibilidad de enajenar y gravar bienes.
A todo esto, se le suma la negativa de venta de papel para su circulación por parte de la Corporación Maneiro, un hecho que ha afectado a otros medios regionales como El Carabobeño, que dejó de circular esta semana por falta de inventario.