miércoles, 29 de junio de 2022

Política de empobrecimiento del Estado somete a jóvenes y menores de edad a violencia estructural

El Observatorio Venezolano de Violencia presentó un informe con diferentes casos de violencia estructural en las familias, en el contexto de la crisis humanitaria compleja, entre los que se incluyen violencia intrafamiliar, sexual y de género.

El Observatorio Venezolano de Violencia presentó un informe con diferentes casos de violencia estructural en las familias, en el contexto de la crisis humanitaria compleja, entre los que se incluyen violencia intrafamiliar, sexual y de género.

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son las principales víctimas de la violencia estructural del Estado y la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela, esta última producto de políticas que generan dependencia del Estado, a través del empobrecimiento de las familias y el incumplimiento de la garantía de servicios básicos y derechos fundamentales.

Así lo detalla el informe sobre Violencia estructural en las familias en la crisis humanitaria compleja, presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

 

Una de las hijas de 14 años está embarazada, sin control médico y actualmente vive con un adulto de 24 años de edad, que no es aceptado por la madre. Otra de las menores de 16 años está metida en problemas de droga, prostitución y actualmente huye porque hurtó 60 dólares a uno de los clientes, y la está buscando para matarla”

 

El informe destaca que “la cotidianidad de la mayoría de las familias en el país está caracterizada por las consecuencias e implicaciones de las restricciones de movilidad asociadas al contexto de pandemia y la escasez de combustible, situación que ha tenido repercusión directa en la continuidad en el sistema escolar, o por no poder trasladarse hasta la institución educativa o por no contar con los recursos tecnológicos para conectarse a distancia”.

“Así mismo existe una marcada situación de pobreza en las familias, expresada en las dificultades para adquirir alimentos y artículos de primera necesidad, que se manifiesta en el aumento de enfermedades nutricionales y dérmicas. La precariedad de los servicios públicos se ha convertido en una constante, así como la migración o movilidad de los padres hacia otros países en busca de trabajo para mejorar las condiciones de vida del grupo familiar, lo que implica dejar a los miembros más vulnerables como niños, jóvenes y adultos mayores al cuidado de terceros o solos”.

En sus hallazgos, el OVV observó irregularidades en las actuaciones de organismos públicos responsables de la defensa y protección de niños, niñas y adolescentes, así como la desatención de familias en estado de necesidad y pobreza. Igualmente forma parte de la violencia estructural la privación de acceso a servicios básicos y las muertes o daños irreparables o evitables, por incapacidad de atención en los servicios de salud. 

En el aparte de casos puntuales, el informe menciona a Bolívar

“Se trata de un niño de un año de edad, quien presentaba signos de desnutrición de acuerdo con un informe médico y falleció. El niño era el menor de cinco hermanos, parte de una familia de muy escasos recursos económicos de la localidad de Turiba, quien fue referido por líderes de la comunidad al proyecto de fortalecimiento comunitario coordinado e implementado por Codehciu”, detalla el OVV.

El informe agrega: “Desde este proyecto se le ofreció asistencia de traslado y alojamiento a la familia para que el niño fuera atendido en el ambulatorio de Los Pijiguaos, pero la madre rechazó la misma, por carecer de recursos para costear la comida, ya que día antes el niño fue sacado al ambulatorio de Maniapure, pero fue referido al de Los Pijiguaos y en esa oportunidad debieron dormir en la carretera y comer mangos, por falta de recursos económicos”.

Otro caso de Bolívar que reseñó el OVV, en materia de violencia intrafamiliar o disfunción familiar, fue el de “una madre quien en su infancia fue violada por su padre y su tío. Tiene siete hijos, un varón de 18 años y seis hembras menores de edad. Es una familia sin recursos económicos, cuyas hijas por problemas de dinero para el transporte y de falta de servicio de internet y de teléfonos inteligentes, no pueden acceder a la educación que se les ofrece en la escuela más cercana”.

La precariedad de los servicios públicos se ha convertido en una constante | Fotos William Urdaneta

En cuanto a violencia de género, en esta misma entidad figura “una adolescente de 16 años, madre de un niño de meses de edad, huérfana de madre y de padre ausente, quien es víctima de violencia de género por parte de su expareja de 30 años, a quien ha denunciado ante las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Y adicionalmente, al tratar de buscar ayuda para solventar la falta de recursos para atender a su hijo, fue víctima de funcionarios del Consejo de Protección, quienes le hicieron firmar un documento para dar en adopción al bebé, a quien debió entregar y hasta ahora ha realizado denuncias ante el Ministerio Público para tratar de recuperar a su hijo, lo que no ha sido posible”.

El observatorio concluye que la violencia estructural por parte del Estado, a través del empobrecimiento y privación de los recursos y servicios más básicos, a los que se accede solo por subordinación y control del Estado, “ha sumergido a muchas familias en una condición de pobreza extrema, propiciando situaciones de desnutrición, deserción escolar, abandono de los hijos por parte de los padres, agresiones familiares, explotación sexual, trabajo infantil y casos de suicidios”.

Además, la pobreza, la vulnerabilidad económica y la actual emergencia humanitaria compleja, abonan las condiciones para las diferentes formas de violencia. Incluso, en algunos casos la familia se ha convertido en un factor de riesgo y de no protección para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Otra de las conclusiones expuestas en el informe es que “la respuesta en materia de prevención y protección de las instituciones del Estado es casi nula, y cuando se da, no suele ser sostenible y efectiva.

El retardo procesal, la incapacidad de los comedores escolares, las reparaciones inadecuadas para casos de violencia, son parte de las evidencias de la mencionada nulidad”.

Por otra parte, “las organizaciones de sociedad civil especializadas en niños, niñas y adolescentes han ido incorporando herramientas en atenciones integrales a casos de violencia intrafamiliar. Sin embargo, ante la magnitud y frecuencia no logran dar respuesta a todos los casos que se presentan”.

Recomendaciones

El OVV recomienda al Estado implementar políticas públicas integrales para atender a los grupos más vulnerables de la población. Igualmente, lo insta a asumir la formación en materia de derechos humanos de los funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, para evitar la transgresión de éstos. “En lo referente a los consejos de protección del niño, niña y adolescente, el Estado debe garantizar la existencia de servicios y programas para que éstos puedan atender en forma apropiada diferentes situaciones donde esta población podría ser objeto de delitos como: amenazas, agresiones, acoso, extorsión, maltrato, abuso sexual, entre otros”.

En otras recomendaciones, el OVV plantea como prioridad los programas de atención en salud, atención psicológica, orientación familiar y educativa para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes; y la formación de funcionarios que garanticen la atención especializada.

El Observatorio Venezolano de Violencia también hizo hincapié en que “el Estado debe producir estadísticas actualizadas que permitan estimar indicadores sobre la situación de mortalidad, violencia y vulneración de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con cifras diferenciadas según sexo, edad, causas de muerte, entidades federales y municipios de ocurrencia. Esto permitiría el diseño de medidas y políticas públicas adecuadas a la situación que esté imperando”.

La pandemia y la escasez de combustible ha tenido una repercusión directa en el sistema escolar, muchos menores no pueden trasladarse hasta la institución educativa o no cuentan con recursos tecnológicos para conectarse a distancia

Más del autor

¡Síguenos!

Notas relacionadas

spot_img