Luego de tres días de silencio gubernamental, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, informó que la incursión en Canaima en la mañana del sábado fue parte de un operativo militar en contra de la minería ilegal, específicamente en el sector Arenales del Parque Nacional Canaima, un área protegida en la cual está prohibida la extracción de minerales.
La declaración fue la primera posición oficial en torno al hecho, en el que murió el indígena pemón Charlie Peñaloza, de 21 años de edad. El suceso generó que el Consejo de Caciques del Pueblo Pemón declarara un paro en las comunidades indígenas, así como el cierre del aeropuerto de Canaima, afectando la actividad turística programada para estas fechas. La troncal 10, a metros de la frontera con Brasil, también fue cerrada en protesta.
Padrino López detalló que la operación militar tuvo como resultado la destrucción de varias balsas mineras de extracción, “esas maquinarias que se ponen a destruir la capa vegetal y que buscan en profundidad el oro”.
Explicó que en medio de la operación “hubo un enfrentamiento, hubo armas, hicieron armas contra esta comisión, los efectivos que conducían esta operación y resultó de este intercambio, de este enfrentamiento en ese sector, cuatro heridos con armas de fuego. Lamentablemente falleció uno de esos cuatro heridos, lo cual condenamos profundamente desde nuestro corazón”, dijo, en alusión al indígena pemón.
“Ocurrido el enfrentamiento, se produjo la evacuación respectiva, rápida y los cuerpos llegaron a Ciudad Bolívar a recibir la atención médica del gobierno para prestar la atención que necesitaron estos compatriotas para vivir”, destacó. Sobre el estado de salud de los lesionados, no dio detalles.
Dirigentes indígenas de Canaima han denunciado que el componente armado que realizó la incursión entró a la comunidad como turistas, contrató una excursión al Salto Ángel y, en medio del trayecto, obligó a los guías a desviarse a las minas en el río Carrao. Aunque los indígenas presumen que eran miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Padrino López no precisó el cuerpo que actuó.
Además de no ofrecer detalles al respecto, no habló sobre las cinco personas que la comunidad mantiene retenidas en Canaima ni sobre la extracción de los funcionarios que participaron en el operativo.
“Es una operación sostenida que venimos haciendo desde hace muchos años y que la colonia, que los conquistadores, los genocidas que vinieron a este territorio de paz a llevarse y a matar, a asesinar indígenas, a llevarse nuestras riquezas, desde allí data la desgracia que ocurre específicamente allá en el estado Bolívar, en toda nuestra Guayana”, afirmó.
El ministro sostuvo que en esta zona, del sur del país, se extraen “de manera salvaje y despiadada todas nuestras riquezas”, por lo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha puesto en marcha un plan “integral, sistemático, conservador del medioambiente, que gire en torno al Arco Minero del Orinoco”.
Padrino López manifestó que los indígenas son víctimas de “mafias que se han venido enquistando desde la colonia, pero sobre todo en la cuarta república cuando esa clase política podrida comenzó a infiltrarse con ayuda de organizaciones no gubernamentales, incluso, internacionales, alienar la mente de nuestras comunidades indígenas para sacarle provecho, para explotarlos”.
“Sería muy ingenuo pensar que detrás de estas prácticas de minería ilegal están solamente los indígenas, los indígenas son víctimas, allí están mafias, muchas asociadas a la oposición política venezolana, muchos tienen intereses allá abajo y no vamos a permitir que se siga cometiendo un ecocidio contra nuestro medioambiente”, puntualizó.
No es la primera vez que alguna autoridad realiza asociaciones de este corte sin pruebas. A principios de noviembre, el presidente Maduro amenazó con desaparecer a los dirigentes políticos Andrés Velásquez y Américo De Grazia, miembros de la dirección nacional del partido La Causa R, a quienes acusó de pranes del oro y conspiradores traidores.
“Las mafias destructoras del ecosistema venezolano que producen y contaminan la producción de oro son la fuente de financiamiento de las mafias políticas en el sur de Venezuela, particularmente el partido político de un traidor llamado Andrés Velásquez y un traidor llamado Américo Desgracia (sic). El partido político de estos conspiradores traidores es financiado por las mafias más putrefactas, más criminales y más contaminantes del oro. Esa es la verdad”, expresó.
La minería ilegal en el sur del país se ha acrecentado en los últimos dos años con la profundización de la crisis económica y la apertura del Gobierno a la captación de oro y los desarrollos mineros en el megaproyecto estatal conocido como el Arco Minero del Orinoco.
Aunque el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico ha señalado que existen más de 50 estudios de impacto socioambiental, no los ha puesto a disposición de las organizaciones no gubernamentales que han manifestado su rechazo al plan estatal por inconsulto y violatorio.
El Gobierno de Estados Unidos se ha sumado a las críticas contra la anarquía minera anunciando sanciones contra las transacciones de oro de Venezuela y acusando a Maduro de estar saqueando las riquezas de su país con fines corruptos, degradando la infraestructura y el ambiente “a través de la mala gestión económica y las prácticas industriales y de minería”. El destino del oro sería principalmente Turquía.