A las denuncias de las condiciones de reclusión de los presos políticos trasladados al Centro Penitenciario del estado Aragua, conocido como cárcel de Tocorón, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) suma el hacinamiento que existe en el penal.
Si bien la cárcel de Tocorón fue diseñada para albergar a un máximo de 750 internos, el observatorio denuncia que en la actualidad tiene a 1.012 reclusos, lo que representa 135% de hacinamiento crítico.
Además recuerdan que históricamente esta cárcel es controlada por bandas criminales, y que en septiembre de 2023 pasó por una intervención para el desalojo del penal. Sin embargo, la reactivaron en agosto de este año para recluir a las personas detenidas arbitrariamente en el contexto postelectoral.
El OVP también advirtió sobre las vulnerabilidades por la falta de acceso a servicios básicos y respeto a los derechos fundamentales de los apresados, por lo que el traslado de presos políticos a este recinto representa una clara arremetida del régimen contra las voces disidentes.
Recordó que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció que, al menos 60, reclusos fueron trasladados en 10 autobuses, en horas de la noche del 9 de noviembre, desde la cárcel de Yare III, en el estado Miranda, hasta Tocorón. Familiares comentan que en las próximas horas habrá más traslados, por lo que se mantienen atentos ante esta situación.
Los presos políticos se enfrentan a situaciones más duras. Incluso, recientemente parientes reportaron a Correo del Caroní que les impiden ingresar alimentos y medicinas, mientras la mayoría de los reclusos mueren de hambre, ya que han bajado considerablemente de peso, se han enfermado y presentan lesiones producto de la fuerza ejercida al momento de su aprehensión.
“Además de la tortura y otros tratos crueles, el aislamiento y la incomunicación forzada son prácticas que los familiares de los presos políticos denuncian con frecuencia, lo que agrava su situación y limita sus posibilidades de una defensa adecuada y de contacto con el mundo exterior”, señala el OVP.
El observatorio cuestiona también la falta de acceso para la práctica de deportes, el estudio y otras actividades educativas y recreativas, como herramientas básicas para la erradicación del ocio y el consumo de drogas.
“La imposibilidad de realizar actividades físicas afecta su salud mental y física, mientras que la ausencia de oportunidades educativas limita las opciones de reinserción social una vez cumplida la condena, aun cuando son inocentes porque fueron detenidos arbitrariamente”.
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), mencionó que las Reglas Mandela y los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establecen un marco muy claro para garantizar que los derechos humanos de las personas privadas de libertad sean respetados.
Sin embargo, en Venezuela se violan flagrantemente algunos de ellos, tales como el derecho a la dignidad humana, el cual establece que todas las personas privadas de libertad deben ser tratadas con respeto. Otro principio, cuya vulneración preocupa en gran medida, es la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues en Venezuela son muchos los familiares que han denunciado que los presos políticos son sometidos a tortura, aislamiento prolongado y abuso psicológico como forma de represalia o para obtener confesiones.
Entre otros principios vulnerados destacan el derecho a la atención médica, a la alimentación y al agua potable, a la defensa y al debido proceso. (Con información de Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones)
