El informe del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), correspondiente a 2021, llamado La crisis del sistema penitenciario: un reflejo del abandono del Estado. Señala que si bien ha ido disminuyendo en los últimos años la población carcelaria, esto no ha sido suficiente para acabar con el hacinamiento que se mantiene en estos centros penitenciarios.
“En Venezuela la población reclusa de hombres es de 31.069 hombres y 2.641 mujeres. Es de resaltar que durante cinco años la cantidad de mujeres presas representaba el 5 a 6% de la población, pero para 2021 ese porcentaje aumentó 8%”, señala el informe.
El cierre de centros penitenciarios también influye en esta sobrepoblación carcelaria, pues entre 2002 y 2021 cerraron 10 centros carcelarios, situación que implica la pérdida de 5.050 plazas.
| La directora del OVP explicó que en las cárceles venezolanas la plaza es para 21.188 privados de libertad y actualmente hay 33.710 reclusos, lo que se traduce en un hacinamiento de 159,09%, que lo convierte en hacinamiento crítico |
La directora del OVP, Carolina Girón, destaca que el principal problema del hacinamiento es el retardo procesal. Para 2021, el observatorio identificó que 7 de cada 10 casos están en esa situación, es decir, hay 70% de casos con retardo procesal.
El informe precisa que 54% de los presos en Venezuela están en condición de procesados. En ellos persiste la presunción de inocencia, ya que aún no tienen sentencia firme, pero por esa misma razón no pueden optar por los beneficios que otorga la ley, señala el OVP.
A ello se suma el hecho de que hay privados de libertad con sentencia firme, pero no la cumplen en un penal, por cuanto no pueden redimir una pena a través de trabajo o estudio.
“Existe desidia en el Poder Judicial. Hay personas además que cumplieron sus penas y no les liberan una boleta de excarcelación, están sujetos a que un juez decida cuándo es liberado y otros casos tienen las boletas de excarcelación pero por un trámite administrativo ahora tienen que llamar a un ministerio. Situaciones que se presentan por la falta de independencia judicial y la corrupción”, explicó.
La directora del OVP explicó que en las cárceles venezolanas la plaza es para 21.188 privados de libertad y actualmente hay 33.710 reclusos, lo que se traduce en un hacinamiento de 159,09%, que lo convierte en hacinamiento crítico.
Revolución judicial
El informe del OVP también menciona la Comisión Especial para la Revolución Judicial, creada por la Asamblea Nacional electa en 2020. La promesa era el descongestionamiento carcelario en un lapso de 60 días. Girón cuestionó que no se tomó en cuenta la sobrepoblación de 33 mil reclusos, cuando las plazas que hay en los penales del país es de 21 mil. Además, en los calabozos, que deberían ser centros de detención preventiva, hay 35 mil privados de libertad.
“Este plan fue pura propaganda y manipulación a los presos y sus familiares quienes tenían la esperanza de que iban a ser liberados”, sentenció la directora de la organización.
Muertos por hambre
Entre otras violaciones de derechos humanos están los fallecimientos de reclusos por condiciones de salud, como la desnutrición.
En 2021 el OVP registró 126 reclusos muertos, de los cuales 90 fueron por salud. En los calabozos hubo al menos 106 personas fallecidas.
Si bien estas muertes se redujeron en 43% con respecto a 2020, el informe destaca que “la situación de la falta de médicos, la negación a la atención médica continua y la desnutrición en los penales venezolanos son una realidad que persiste y en la que se tienen presos que pesan menos de 45 kilos”.
“El OVP tuvo conocimiento de que los presos no reciben las proteínas requeridas en su alimentación, continúan comiendo bollos o arepas sin ningún tipo de acompañante, granos, pasta o arroz, también sin acompañante, pueden recibir al día una a dos comidas. La principal fuente de alimentación es la familia y las visitas se vieron reducidas por las medidas aplicadas por el Gobierno por el COVID-19”, detalla el documento.
Lara fue el estado con más reclusos fallecidos, 33 en total, seguido de Anzoátegui con 27.
Girón recordó que por estas situaciones Venezuela tiene nueve cárceles con medidas provisionales de protección dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mandatos incumplidos por el Estado venezolano. En estos centros con medidas de protección se registraron en 2020 58 presos muertos y en 34 en 2021.
El sistema de los pranes
“Venezuela es el único país que bajo el auspicio del Gobierno los presos controlan centros penitenciarios y son los llamados pranes”, denunció Girón sobre el sistema de control y poder que se maneja en las cárceles venezolanas.
Los pranes son los que manejan las reglas de vida de todo el que llega, incluso hasta quién es trasladado o no.
“Se cobra por visita, agua, comida, se cobra hasta por respirar”, exclamó Girón.
El OVP exige al Estado y organismos nacionales competentes ejecutar “acciones reales y con contenido humanitario, que conlleven a la regularización de las condiciones de reclusión dignas en el país y se garantice además el elemento de reinserción presente en todo proceso de privación de libertad”. (Con información del Observatorio Venezolano de Prisiones)
