Subsidio y corrupción van de la mano. Esto es lo que ha sucedido en Venezuela por mantener un precio mucho más bajo del mercado internacional o por debajo de los costos de producción del combustible. Analistas señalan que la poca fiscalización y control en los procesos de comercialización y distribución, continúan generando contrabando de la gasolina y del diésel. Pero, a su vez, dejando altos ingresos en los involucrados, muchos de ellos integrantes de las Fuerzas Armadas Nacionales.
En enero de 2021, la administración de Nicolás Maduro puso en marcha el operativo Mano de hierro para combatir las mafias de combustible, sin embargo, sus resultados hasta la fecha han sido muy pobres, de acuerdo a analistas que participaron en el Foro Escasez de combustible con mano de hierro, organizado por la organización no gubernamental Transparencia Venezuela y el Consejo Ciudadano por el Combustible.
Para Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, sostiene que “todo lo relacionado con el manejo del combustible ha sido aplicado con mano de seda”. Resalta que el operativo Mano de hierro fue anunciado para acabar con las mafias del combustible y del narcotráfico, pero que transcurrido el tiempo, habría que preguntarse si se eliminaron estos delitos o si se han consolidado las mafias del combustible en las estructuras de poder y del Estado.
Destaca que las FF AA participan en el diseño de todo el control de las estaciones públicas de servicio y de la distribución del combustible a todo lo largo y ancho del territorio nacional, a través de las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) por lo que son los principales responsables del desvío de gasolina fuera de la frontera y/o su reventa en el mercado interno.
“Los casos más emblemáticos que se conocen hasta ahora son contra efectivos de la Fuerza Armada con la detención en febrero de los jefes de la ZODI Trujillo (mayor Pedro Rivas Córcega) y ZODI Anzoátegui (general de División Marco Tulio Alvarez). Ambos, generales de división del Ejército, están presuntamente involucrados en el tráfico de combustible y fueron removidos de sus cargos. Pero ninguna autoridad habló de estos casos. Más allá de la remoción, no hubo un antejuicio de mérito ni una investigación penal, están activos y en libertad”, acota la presidenta de Control Ciudadano.
Indica que lo mismo ocurrió en el estado Bolívar, donde cuatro directivos de la policía estadal fueron vinculados a las mafias de combustible. No obstante, se desconocen los procedimientos y las sanciones aplicadas.
“Mientras exista el subsidio, existirá el tráfico del combustible y la corrupción. Es un negocio en auge, que proporciona altos ingresos a civiles y militares. Los actores claves son bandas y megabandas del tráfico internacional del combustible”, afirma San Miguel.
Al respecto, Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV), considera que es necesario “proteger la cadena de comercialización y distribución del combustible”, y no dejar estos procesos “en las manos que no deben estar”.
Quintero ha referido en varias oportunidades la importancia de fijar un precio adecuado a la gasolina, incluso por encima de los 0,50 dólares por litro en los que se vende el combustible en el país. Venezuela tiene además del precio en divisas, otro subsidiado a 0,10 bolívares el litro, lo que genera un perverso arbitraje generador de corrupción.
Recordó que la caída de la producción petrolera obedeció a “la declinación de la credibilidad y la reputación del país (…) a eventos indeseados y a la impericia en el manejo de las operaciones”, mientras que los factores que impactan a la distribución del combustible son “las sanciones de Estados Unidos y a las autosanciones internas” basadas en cambios legales y nueva política energética.
Venezuela llegó a producir un máximo de 3,7 millones de barriles diarios (b/d) en el año 1971, mientras que ahora la cifra muestra un promedio entre los 700 mil y 800 mil b/d.
Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, acota que los subsidios a la gasolina se convirtieron en un tema histórico en Venezuela, pero éstos fueron el gran estímulo “para la corrupción e hizo millonarios a representantes del Estado”.
Recordó que por los subsidios, desde 2003 al 2017, el Estado dejó de percibir 115.029 millones de dólares, según cálculos de Ecoanalítica. Mientras que entre 2008 y 2018 los actores gubernamentales, militares y relacionados recibieron, al menos, entre 21.000 millones y 31.000 millones de dólares por medio de la actividad ilegal de gasolina.
Recalca que a partir del año 2017, el subsidio se hizo cada vez más difícil de mantener y la demanda imposible de cubrir. Al punto que las refinerías estaban produciendo a 5% de capacidad para 2020. “El consumo de gasolina previo a la pandemia era de 170 mil barriles diarios, pero la industria se encontraba en capacidad de proveer solo 30.000 barriles diarios”.
Con respecto al precio diferenciado (en divisas y en bolívares) de la gasolina en mayo de 2020, “lo que trajo fue mayor corrupción (…) Las ganancias ilícitas de estos grupos, de mafias son muy importantes y la salida del combustible hacia la frontera sigue sucediendo. También ingresa gasolina colombiana que se está vendiendo a precio exorbitante”.
Institucionalidad y petróleo
Rocío San Miguel reitera que “la arbitrariedad, la opacidad y la corrupción son las características del manejo del combustible en el país”. Y esto ocurre ante la presencia de una importante cantidad de funcionarios militares. “Hay que destacar, por ejemplo, cómo difieren los procedimientos en todas las entidades del país, la vigilancia en las estaciones de servicio por parte de la Fuerza Armada. Con ello queda en evidencia el peso que cada gobernador tenga para darle a los militares”.
Destaca que Venezuela cuenta con un número de funcionarios policiales y militares muy por encima de las recomendaciones de organismos internacionales. Indicó que hay 136 mil funcionarios civiles y militares, lo que califica como “una hipertrofia de funcionarios de seguridad del Estado.
La presidenta de Control Ciudadano sostiene que a pesar del alto número de funcionarios, la eficiencia para combatir los delitos no está presente, mientras que muchos se encuentran involucrados en casos ilegales como las mafias del combustible.
Mercedes de Freitas recuerda que la red de la gran corrupción venezolana tiene presencia en 71 países. Mientras que en 22 países se han llevado a cabo 116 procesos judiciales en las que en todos tienen relación con Pdvsa. Los montos involucrados en estos casos asciende a 67,8 millones de dólares, el número de personas involucradas es 362 personas naturales y 235 personas jurídicas.
Reitera que el sector más afectado es el petrolero con 53 casos directos, y el resto de alguna manera está relacionada con el control y financiamiento por parte de Pdvsa. De acuerdo a las investigaciones se ha evidenciado una estructura para el lavado de dinero y flujos ilícitos en 115 empresas señaladas en 110 casos abiertos.
“Desde 1998 se iniciaron las modificaciones en el área y se tomó una larga lista de decisiones que permitieron los deslices que se han evidenciado en estos casos, donde unos pocos se aprovecharon de lo público. Los cambios legales, la destitución de profesionales, el control de cambio con el que se manejó el 98% de los ingresos que provenían de los dólares de Pdvsa, la designación del mismo ministro y presidente de Pdvsa, los fondos paralelos, entre otros, fueron medidas que incentivaron las irregularidades administrativas”.
Reinaldo Quintero coincide en que las decisiones políticas han afectado la operatividad de la industria petrolera venezolana. “El petróleo es 90% política y 10% petróleo, seguimos complicándonos la vida. Tenemos petróleo y sabemos de petróleo, ahora es importante cómo llevar a cabo una política adecuada para que esos recursos se distribuyan bien en toda Venezuela. Ojalá fuera 70% política y 30% petróleo para tener mayor estabilidad”.
Señala que la producción petrolera en los últimos meses, aunque ha ido en crecimiento ha sido muy inestable, por lo que es importante que se estabilice y llegar a unos 1,5 millones de b/d, para poder mantener los barriles que requieren las refinerías y abastecer a la población con la gasolina, diésel y gas doméstico.
Al respecto, destaca que la Cámara Petrolera de Venezuela ha trabajado con el Ejecutivo y el Legislativo y enviado propuestas y proyectos específicos basados en la situación actual de la infraestructura petrolera.
