Un reciente informe de la ONG Transparencia Venezuela muestra cómo la desinformación, la opacidad y las irregularidades prevalecen en la gestión del Gobierno venezolano de la pandemia y del programa de vacunación. La investigación de esta organización no gubernamental se titula Vacunación anti-COVID-19 en Venezuela: un año de opacidad y abuso de poder.
Allí se detallan denuncias e inconsistencias que evidencian que el gobierno de Nicolás Maduro no cumplió con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y favoreció en prioridad a estructuras partidistas e instituciones públicas en el plan de inmunización.
“Además condicionó gran parte del proceso al sistema patria, plataforma virtual creada para la asignación de ayudas sociales que ha sido cuestionada por su tinte político; así como a la participación de consejos comunales y grupos creados por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)”, destacó la ONG.
“La improvisación y la opacidad sobre el programa de vacunación evidenciaron la poca oferta de biológicos que se registró durante los primeros tres meses de su aplicación. Las autoridades reportaron la disponibilidad de 2.230.000 dosis, entre la rusa Sputnik-V y la china Sinopharm; pero se demostró que era imposible atender a más de 300 mil trabajadores de la salud y 4,5 millones de adultos mayores”, agrega el documento de Transparencia Venezuela.
Mercado ilícito
La demanda por una vacuna anti-covid y los mecanismos de control por parte del Gobierno, junto con la opacidad y el discurso partidista, facilitaron la existencia del mercado negro en la oferta de dosis de inmunización.
Transparencia Venezuela hace referencia a una encuesta que aplicó durante cinco meses de 2021, sobre el proceso de vacunación en Venezuela. De 819 personas consultadas, 283 dijeron conocer sobre casos de pagos de vacunas. Incluso, publicaciones del Ministerio Público confirmaron que varias personas fueron procesadas por ofrecer vacunas a cambio de pagos en dólares.
La opacidad del Estado continuó pese a estas denuncias, y en los primeros 10 meses del plan de inmunización no hubo información constante sobre los cargamentos que se recibían y de qué laboratorios.
“Ante la ausencia de datos creíbles, especialistas e investigadores comenzaron a hacer proyecciones sobre la vacunación en Venezuela. En septiembre de 2021, una comunidad científica, representada por el infectólogo Julio Castro, integrante de la organización no gubernamental Médicos por la Salud, calculó que 3.376.080 personas habían completado el esquema contra el coronavirus. Por su parte, la encuestadora Delphos y la Unidad de Políticas Públicas de la Universidad Simón Bolívar (USB) hablaban de 2.300.000 personas con las dos dosis, en tanto que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó que 6.000.000 de venezolanos habían recibido su esquema contra la COVID-19 en ese mismo lapso”, detalla el informe.
A la incongruencia de cifras se sumó que en diciembre del año pasado el Gobierno habló de un 90% de vacunados en el país. Los datos que consignaron las autoridades ante la OPS, sin embargo, reflejó que apenas 40% de la población había completado el esquema de vacunación.
Priorización irregular
Sobre el proceso de priorización para la inmunización, cuando en febrero de 2021 comenzaron las vacunaciones, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, dijo que el sector salud serían los primeros a inmunizar por ser personal de riesgo.
“Según un reporte de Monitor Salud, una red integrada por trabajadores del sector a nivel nacional, al 30 de mayo de 2021, de 75.191 trabajadores de 66 centros de salud, solo 32.839 (43,6%) habían recibido las dos dosis de vacuna anti-COVID-191. Con este estudio, la organización desmintió al ministro de Salud, quien aseguró el 23 de mayo de 2021 que 90% del personal sanitario estaba vacunado”, precisó el informe de Transparencia Venezuela.
Cuando se comenzó la vacunación para los adultos mayores, tampoco se cumplió a cabalidad, ya que personas de todas las edades y sin padecimientos recibieron el mensaje de texto de la plataforma Patria, con la convocatoria a vacunarse. Pasó también que atendieron a personas que no habían recibido el mensaje, mientras que en algunos centros este fue un requisito para recibir la inmunización.
“Esta desorganización convirtió los puntos de vacunación en focos de contagio. Además, como el registro se hizo de forma manual, en muchos centros se generaron otras dos situaciones: personas con la primera dosis aplicada recibieron un mensaje de texto con la convocatoria a vacunarse por primera vez; y, por otro lado, personas que recibieron el mensaje de texto con la fecha y la hora para acudir a vacunarse, fueron a sus citas y se encontraron con que la cantidad de cupos estaba copada”.
Además, en junio hubo escasez de segundas dosis de Sputnik. Al cierre de agosto de 2021, el Gobierno dejó a un lado la convocatoria a través del sistema patria y programó la vacunación para aquellos que quedaron rezagados.
“Al mismo tiempo, Nicolás Maduro anunció que la vacunación en menores de 18 años comenzaría en octubre de 2021. Meses antes el mandatario había dicho que usarían el candidato vacunal cubano Abdala para las niñas, niños y adolescentes. El Ministerio de Salud usó la vacuna Sinopharm en la población entre 12 y 17 años y las cubanas Soberana 02 y Abdala en los niños de 2 a11 años. Esta decisión provocó alertas en la comunidad científica venezolana”.
Inconsistencias de cifras
Las diferencias entre las cifras que reportó oficialmente el Estado venezolano en relación con la OPS, solo causaron más desinformación y desconfianza.
Mientras en abril de 2021 el ministro Alvarado habló de 230 mil dosis aplicadas, la OPS indicó que había 364 mil personas con al menos una dosis aplicada.
En junio, la vicepresidenta Delcy Rodríguez reportó 3.100.000 personas vacunadas, mientras que la OPS 1.446.988 dosis aplicadas. Para septiembre, Maduro habló de 5.983.049 personas con dos dosis, mientras que la OPS se refirió a 4.271.397 personas con dos dosis.
En noviembre, la vocería oficial afirmó que había 21.241.660 personas vacunadas, mientras que la Organización Panamericana de la Salud dio cuenta de 9.271.697 personas con dos dosis. En diciembre, la diferencia de cifras entre la vocería oficial venezolana y la OPS fue de 26.408.551 personas vacunadas frente a 11.608.305 personas con dos dosis.
Opacidad en la adquisición
Otra de las observaciones que hizo Transparencia Venezuela es sobre la opacidad en la adquisición de vacunas. Señaló que en 2021, Venezuela firmó tres contratos para la adquisición de vacunas contra la COVID-19 y ninguno de ellos fue publicado.
“Solo en uno de estos casos se conoció el monto del acuerdo, pero no el origen de los fondos. Se trata del contrato firmado con la Alianza Global para el Acceso a Vacunas (Alianza Gavi, por sus siglas en inglés) por USD 120.000.000 para adquirir 12.068.000 dosis e inmunizar a 20% de la población venezolana. Aunque Venezuela manifestó interés en comprar estas vacunas a través del Fondo Rotatorio de la OPS en 2020, no fue sino hasta julio de 2021 que el organismo internacional informó que el pago se había completado y que el país formaba parte de Covax”.
La ONG destacó que “la opacidad en las contrataciones durante la pandemia por COVID-19 fue una constante a nivel internacional. Según una investigación de Transparencia Internacional publicada en mayo de 2021, de 183 acuerdos de compra de vacunas encontrados, solo 13 están disponibles al público: 11 de ellos fueron publicados oficialmente y los otros dos se filtraron”.
Por otra parte, existe opacidad sobre las dosis que han llegado desde países aliados al gobierno de Nicolás Maduro.
“Según datos oficiales publicados el 27 de septiembre de 2021, al menos 22.272.356 dosis de vacunas Sinopharm y Sinovac se han enviado desde China a Venezuela, pero no ha habido declaraciones o reportes oficiales en los que se especifique bajo qué condiciones se consignan estas vacunas o cuál es la cantidad de recursos comprometidos”.
Asimismo, el informe incluye en sus observaciones que el misterio no ofreció información sobre la vacuna EpiVacCorona, comprada por Venezuela al laboratorio ruso Geropharm, ni de la producción local prometida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez el 4 de junio de 2021. Tampoco hay publicación del Ministerio de Salud sobre los resultados del estudio que aplicaron con mil dosis.
Transparencia Venezuela, a través de la Coalición Anticorrupción, dirigió 22 solicitudes de información a las autoridades venezolanas sobre el proceso de vacunación, incluyendo al Instituto de Salud Pública.
Las solicitudes se hicieron entre febrero y junio del año pasado en los estados Carabobo, Mérida, Táchira, Apure, Barinas, Lara, Yaracuy, Nueva Esparta, Bolívar, Amazonas y Portuguesa.
“En estos documentos, la coalición consultó cuál era el cronograma de vacunación y las prioridades; también pidió datos sobre el plan de distribución de las vacunas que habían llegado a Venezuela, los entes que recibieron las dosis enviadas por el Ministerio de Salud y una descripción sobre el proceso de contratación para la adquisición de las vacunas. También se solicitó información relacionada con el manejo de la pandemia”.
Ninguna de las solicitudes fue respondida y se mantiene la opacidad sobre el plan de inmunización y manejo de la pandemia por COVID-19 en Venezuela.
