A principios de 2025, el Ejecutivo nacional anunció que este año será plenamente electoral con la realización de más de 10 comicios por delante. Para poder ajustarse a este calendario, el Consejo Nacional Electoral convoca elecciones, tal como se dice en el argot popular, «a diestra y siniestra».
En esta célere movida, especialistas han denunciado múltiples irregularidades, entre ellas, la ausencia de cronograma electoral y el incumplimiento de plazos. Y señalan que la rapidez con la que se ejecutan los comicios hace pensar que el CNE, dominado por el oficialismo, busca tomar ventaja de una oposición desmovilizada, que obtuvo solo una gobernación de las 24 que se eligieron el pasado 25 de mayo.
Para el politólogo y especialista en temas electorales, Jesús Castellanos Vásquez, la abstención ha jugado un papel fundamental en estos resultados y asegura que, a pesar de tener los cargos, habrá que ver qué tan factible es la gobernabilidad ante un rechazo general por parte de los venezolanos hacia los procesos electorales y la desconfianza institucional.
“Hay una nueva etapa de los procesos electorales en Venezuela. Sin duda alguna, después del 28 de julio y en el marco del 25 de mayo, se genera una nueva etapa: elecciones que no cuentan con condiciones electorales donde el árbitro es capaz de manipular la participación, adjudicación de cargos e inmerso en un proceso de violaciones permanentes de la Constitución”, puntualizó Castellanos Vásquez.
En contexto, el pasado 25 de mayo se celebraron elecciones regionales y legislativas, en las cuales el mapa venezolano se tiñó de rojo, la oposición obtuvo muy pocos curules en la Asamblea Nacional y solo una gobernación: la de Cojedes.
Con respecto a las municipales, pautadas para el próximo 27 de julio, el politólogo manifestó que la rapidez de los eventos electorales apunta a la posibilidad de adjudicarse cargos, ante la ausencia de un contrincante, toda vez que la oposición representada por Edmundo González y María Corina Machado se niega a participar hasta que “se respete el resultado del 28 de julio”.
“El gobierno puede estar procurando generar eventos electorales aprovechando que la oposición no quiere participar porque no hay condiciones, pues simplemente lanzar toda la autoridad al sistema político. El problema es el exiguo nivel de apoyo que existe. Eso complica la estabilidad política del gobierno de Maduro como la gobernabilidad. La no vinculación y el desapego con las autoridades que tiene el ciudadano común, porque no cree que es legítimo, sienta una base peligrosa de lo que significa la autoridad en el país”, zanjó Castellanos Vásquez.
– ¿Considera que hay un problema de gobernabilidad en el país? Tomando en cuenta que el Estado se mantiene en la presidencia, sino también con las gobernaciones
– La gobernabilidad no viene dada por la cantidad de cargos o competencias que tenga un sector. Viene por la capacidad para instrumentar políticas en el sistema donde opera. Puede tener todas las autoridades, pero ante un fuerte rechazo y desvinculación ciudadana ante esas autoridades, es más difícil que el ciudadano común acate y se incorpore a las políticas que generan. La gobernabilidad no solo está asociada a tener poder, sino que este poder sea utilizado por la gente para efectos de convivencia común.
Falta de reclamo y exigencia facilita el camino para el Estado
A 10 meses de las presidenciales del 28 de julio, la página web del CNE continúa inactiva. La organización no gubernamental Conexión Segura afirmó en el mes de mayo, que el sitio continúa inaccesible tanto en Venezuela como en el exterior.
“Esta situación reviste especial gravedad tras celebrarse las elecciones regionales y legislativas, cuyos resultados e información oficial no pueden ser consultados por la ciudadanía”, expresó la organización.
Sobre la presentación del cronograma electoral del proceso de elecciones municipales, se consultó al especialista porqué esta elección tiene mayor organización y un cronograma desde su convocatoria, siendo este un trato totalmente diferente a lo que se vivió con las regionales, situación que el entrevistado consideró una “prueba piloto”.
“Es importante señalar esto: en la elección del 27 de julio tenemos una convocatoria publicada en Gaceta Electoral, algo que no tuvimos el 25 de mayo. Tenemos un cronograma publicado que no tuvimos el 25 de mayo. La respuesta es que el 25 de mayo fue una operación piloto que hizo el gobierno de Maduro para ver hasta dónde podía llegar en el marco del proceso electoral, con los partidos dispuestos a participar. Los partidos que participaron no mostraron interés en denunciar la falta de condiciones, la opacidad… Fueron con el proceso como el CNE lo determinó en un sistema de secretismo. Ante eso, el gobierno va dando concesiones. Si no pidieron la Gaceta Electoral de del 28 de julio, el 25 de mayo no lo hice porque temí que algún sector se hiciera consulta de qué pasó con el resultado del 28 de julio. Eso era válido. Como nadie lo formuló, el gobierno sabe que puede seguir adelante y lanzar algunas cosas como el cronograma en el siguiente evento”, explicó.
Desinformación: actuaciones del CNE dejaron de ser de dominio público
De cara a nuevos procesos electorales, es importante resaltar que la presentación de resultados es obligatoria. El CNE debe presentar formalmente los resultados detallados de cada proceso electoral; sin embargo, desde hace 10 meses se desligó de esta obligación, informando a través de canales de Telegram y por declaraciones de sus rectores.
Las regionales fueron un proceso lleno de opacidad, de hecho, el CNE no usó sus canales oficiales para informar sobre las diferentes etapas, como la apertura del registro electoral, las postulaciones o la sustitución de candidaturas. Asimismo, los resultados aún no han sido informados desglosados al público, sino que únicamente se entregaron a las diferentes organizaciones políticas participantes.
Hasta la fecha, en Bolívar solo se conocen los resultados desglosados que obtuvieron los candidatos a la gobernación tras una entrevista ofrecida a un medio regional, por parte del director del CNE en el estado; aun así, no hay mayores detalles sobre el resultado general. Mientras que, hay suspicacia con respecto a la cifra de participación ofrecida que apunta a un poco más del 42%.
“El 25 de mayo se violó sistemáticamente la ley. Lo primero es que el CNE, como ente rector, está obligado a cumplir con el principio de transparencia. ¿Qué significa? Que todas las actuaciones sean de dominio público. Eso no ocurrió. Para efectos de tener información sobre cada una de las etapas sobre registro electoral, campaña… tuvimos que apelar a fuentes secundarias y representantes de partidos políticos. Si acaso, en algunas oportunidades, los rectores a través de entrevistas o en sus redes sociales -que no son medios oficiales- publicaron algo de información”, explicó el especialista.
En este proceso, se eliminó el código QR de las actas electorales, puesto que los rectores alegan que este elemento se usó para falsificar actas, haciendo referencia a las actas publicadas por el comando de campaña de María Corina Machado, jefa de campaña de Edmundo González, el pasado 28 de julio.
“No hay pluralismo político. No se dio oportunidad a postular a Movimiento por Venezuela ni al partido Centrados. Se inhabilitó a Simón Calzadilla… Todo esto da cuentas de un proceso que no tuvo condiciones. Lo del QR es un elemento que se obvió y más importante aún es que los venezolanos no supimos qué pasó en las auditorías electorales, cosa que en procesos electorales pasados sabíamos a través de la página y las actas correspondientes a las auditorías”, acotó Vásquez.
EL proceso de auditorías poselectorales empezó a ser incumplido desde el 28 de julio de 2024, cuando Enrique Márquez, hoy preso político, denunció que el CNE canceló las tres auditorías posteriores al proceso electoral, las cuales podrían haber dado cuentas del presunto hackeo denunciado por el órgano rector y que dejó inhabilitada la página del CNE hasta casi un año más tarde.
Lapsos incumplidos: gobernadores asumen antes de la fecha establecida
Sin esperar demasiado, los 23 gobernadores vencedores de la contienda, a menos de un mes de la elección, ya entregan viviendas y asfaltan carreteras. Muchos de estos mandatarios ya fueron presentados y juramentados como los representantes del Poder Ejecutivo regional, sin respetar los plazos establecidos.
La organización no gubernamental Acceso a la Justicia ya había denunciado poco después de la convocatoria a elecciones, que fue un proceso anticipado, puesto que aún faltaban más de 6 meses para culminar las gestiones actuales.
“No hay página del CNE. Se demostró que la página estaba activa para el proceso de postulación y demás. La no publicación de resultados viola la transparencia constitucional. Además, el tema de que los gobernadores y diputados hayan asumido funciones cuando al período de mandato le quedaban al menos seis meses más también es contrario a lo que establece la Constitución. Los períodos de gobierno están definidos en la Constitución. Conforme a ley, no hay un lapso para celebrar elecciones; sin embargo, hay un espíritu de respetar el período de los poderes públicos. El CNE debió celebrar las elecciones cercano al momento en que finalizara el período de estas instancias. En el caso de las regionales, en noviembre. Y las parlamentarias en diciembre”, manifestó Vásquez, quien también señaló la falta de información que se vivió en el marco de la elección de representación indígena para la Asamblea Nacional, correspondiente a tres diputados.
