Con 22 votos a favor, 22 abstenciones y 3 votos en contra (Venezuela, Eritrea y Filipinas), el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la resolución 45/L43, la cual amplía el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela por un período de dos años.
Durante la discusión, Perú y otros 14 países denunciaron nuevas y graves violaciones de DD. HH. En nombre de la Unión Europea, Alemania consideró necesario ampliar el mandato de la Misión por constatar las violaciones a derechos fundamentales y represión con participación de altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
Brasil instó a investigar más y sugirió la posibilidad de establecer una Comisión de Investigación si sigue el deterioro de la situación en Venezuela.
“Se necesita diálogo y cooperación de los gobiernos. El proyecto tiene mecanismos esenciales y el Gobierno debe cooperar. Cumplir con sus deberes”, manifestó la representación de Argentina -antiguo país aliado de la administración de Maduro-, quien votó a favor de la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos.
Eritrea, uno de los tres países que votó en contra de la renovación de la Misión de Determinación de Hechos, alegó que esta medida es una imposición a países en desarrollo y que esto afecta la cooperación.
La representación de la administración de Maduro argumentó que “es intervencionista, hay manipulación del cártel de Lima”, al tiempo que reiteró el discurso de propaganda e insulto. México fue uno de los países que se abstuvo en la votación, bajo el argumento de que la misión fue más allá de su mandato.
Para la ONG Acceso a la Justicia, los resultados de esta votación son positivos, ya que anteriormente hubo 19 votos a favor, 7 en contra y 21 abstenciones. “Ahora hay más votos a favor y menos en contra, demostrando que hay más claridad sobre la situación del país”.
Mayor investigación
El objetivo de extender el mandato de la Misión es poder “seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014, con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas″.
En la resolución, el Consejo de DD. HH. de la ONU expresa alarma “por el deterioro del estado de derecho, la falta de independencia del sistema judicial y las repercusiones en el acceso a la justicia en el caso de las víctimas de violaciones de los derechos humanos y en lo que se refiere a la supervisión del proceso electoral en la República Bolivariana de Venezuela”.
Reiteró que más de 5 millones de personas se vieron obligadas a emigrar de Venezuela. “La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, en su Panorama Global Humanitario 2020, ha señalado que hay 7 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria debido al agravamiento de la crisis política y económica, y con arreglo a una evaluación alimentaria del Programa Mundial de Alimentos, uno de cada tres venezolanos carece de seguridad alimentaria y necesita asistencia”.
Asimismo, reconoció la labor de todas las personas para poner de manifiesto y documentar las violaciones y transgresiones de los derechos humanos.
También expresó su preocupación por la socavación de la independencia del sistema de justicia, lo cual contribuye a la impunidad y a la persistencia de violaciones de los derechos humanos, así como la obstaculización de elecciones libres, limpias, transparentes y creíbles.
También se refirió a “la situación de los derechos humanos y el medio ambiente en la región del Arco Minero del Orinoco, en donde existe explotación laboral de los mineros, así como trabajo infantil, trata de seres humanos y prostitución forzada, y expresa especial preocupación por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas de la región”.
 Venezuela, Eritrea y Filipinas votaron en contra de la resolución 45/L43, con la que se aprobó la prórroga de mandato de la Misión de Determinación de Hechos. 22 votos fueron a favor y otros 22 se abstuvieron | Fotos Archivo |
El pasado 16 de septiembre, la Misión de Determinación de Hechos presentó un informe con más de 200 casos investigados sobre violaciones de DD. HH. en Venezuela, los cuales calificó de crímenes de lesa humanidad.
En ese informe acusan directamente a Nicolás Maduro y otros funcionarios y ministros de su administración como los responsables de estas violaciones.
En sus recomendaciones instó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional a tener en cuenta “la necesidad de que se haga justicia oportunamente a las víctimas de los crímenes investigados por la Misión y a los que están bajo su consideración”.
