La organización no gubernamental Espacio Público resaltó que documentó un aumento en el control y censura durante el recién finalizado mes de noviembre, en el que se documentaron 21 casos que corresponden a 27 violaciones de la libertad de expresión, cuyos principales actos fueron la intimidación y la censura.
10 de las 25 víctimas a las que se les vulneró el derecho a la libertad de expresión son ciudadanos comunes. A esto le siguen cinco medios de comunicación y tres oenegés o miembros, tres periodistas, dos particulares, un medio general y una plataforma web.
11 actos de intimidación y nueve actos de censura son parte de las cifras del informe para cerrar el documento: tres acciones de hostigamiento judicial, dos restricciones administrativas, una amenaza y una restricción ilegal.
Señala el informe que siete personas fueron las responsables de estas violaciones a la libertad de expresión, entre ellas se encuentran dos funcionarios, dos instituciones del Estado, un cuerpo de seguridad, un desconocido y un miembro del Ejecutivo nacional.
Censura en medios y redes sociales
Dentro de los casos documentados destaca el de David Perozo, creador de contenidos zuliano, conocido en TikTok como Davida Michi quien fue detenido el 5 de noviembre acusado de “incitar al odio a través de las redes sociales y de ‘afectar” la “imagen del Gobierno nacional”.
Según señala el informe, la detención del creador de contenidos fue informada a través de una nota de prensa en la que afirman que estaría vinculado a líderes de grupos estructurados de delincuencia organizada todo esto sin aportar prueba alguna.
Otro caso a destacar es el de la plataforma TikTok Venezuela, por la supuesta denuncia del fallecimiento de dos adolescentes por cumplir con un reto viral en esta red social.
El 19 de noviembre, Nicolás Maduro ordenó a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones contactar a los representantes de esta plataforma para eliminar aquellos contenidos que pudiesen ser considerados nocivos al siguiente día el presidente de la AN 2020, Jorge Rodríguez, informó que el Parlamento Nacional se encontraba trabajando en una ley regulatoria de redes sociales.
Para el 21 de noviembre, diversos funcionarios del Estado comparecieron en una audiencia ante el TSJ para admitir un recurso de amparo sobre el caso de las presuntas muertes por los retos de TikTok.
A toda esta represión a través del sistema jurídico se le suma la aprobación en segunda discusión del proyecto de Ley Libertador Simón Bolívar “contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela” que contempla penas que van desde los 30 años de prisión pasando por 60 años de inhabilitación política, entre otras medidas penales a quienes soliciten, apoyen y/o difundan información sobre las sanciones al Estado venezolano.
El artículo 19 de este proyecto de ley establece que “los medios de comunicación radioeléctricos, impresos, electrónicos o que operen en redes sociales serán castigados con revocatoria de la concesión y multas de hasta un millón de veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor en caso de que los órganos del Estado consideran que difunden mensajes en apoyo a las sanciones internacionales”.
Criminalización del periodismo y activismo social
El documento señala varios casos destacados de lo que es la vulneración a comunicadores y activistas entre ellos el de la periodista Ana Guaita, corresponsal de La Patilla en el estado La Guaira, quien fue sometida a juicio y privada de su libertad en audiencia celebrada el 11 de noviembre tras haber sido detenida tres meses atrás en el contexto de las protestas postelectorales del 28 de julio.
Otro suceso importante ocurrió con la citación a declarar del director y activista de la organización Provea, Oscar Murillo, quien fue llamado a presentarse ante el cuerpo policial el pasado 20 de noviembre, todo esto en el marco de una supuesta investigación por delitos de odio, sin embargo, según señala todo esto carece de fundamento legal.
Todo indica que la citación vino a raíz de unas declaraciones realizadas por el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello, quien arremetió contra los dirigentes de la organización, según el informe, “amenazó con llevar a la justicia a todos aquellos que denunciaron la detención del dirigente opositor Edwin Santos a manos de agentes del Estado y que pidieron una investigación imparcial sobre su muerte, presuntamente en custodia”.
Respecto a las intimidaciones policiales, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional intimidaron a trabajadores de la prensa mientras cubrían la vigilia que se realizaba para pedir por la liberación de los presos políticos el pasado 27 de noviembre.
Los funcionarios de la institución de seguridad exigieron a los presentes mantenerse alejados de las adyacencias del Helicoide. Para intimidar tomaron fotos a las credenciales de cada uno de los miembros de organizaciones y periodistas presentes en el lugar.
Ataques y censura en internet
La Conferencia Episcopal Venezolana denunció el hackeo de su cuenta de Instagram a través de su canal institucional de WhatsApp el pasado 12 de noviembre, más adelante informaron que se trató de un secuestro del perfil, puesto que el presunto hacker se comunicó con ellos pidiendo 200 dólares para devolverles el acceso a la misma.
Desde mediados de noviembre, el estado Nueva Esparta está sufriendo de constantes apagones que les impiden el ejercicio de su vida cotidiana, así como también el acceso a la información.
Periodistas de la región informan bajo anonimato, por temor a represalias, que los cortes comenzaron más o menos el 12 de noviembre tras la explosión de la estación de gas en el estado Monagas que surtía a la planta generadora de electricidad del estado Nueva Esparta.
El problema eléctrico impide el libre acceso a la comunicación e información, vulnerando así los derechos humanos fundamentales. Según el documento, la organización Ve Sinfiltro señaló cuatro caídas de conectividad en toda la isla.
El estado nueva Esparta no es el único que tiene problemas de conectividad, a partir del 18 de noviembre al menos 16 regiones reportaron caídas en el servicio de internet lo cual redujo en 56% la conectividad del país con respecto a la normalidad en estos estados entre los que se encuentran Falcón, Carabobo y Yaracuy que tuvieron afectaciones parciales en distinta medida.
