Fue un proceso interno opositor, una jornada que por tratarse de una elección primaria se preveía que la participación electoral fuese mucho menor a la de una elección regular que, en los últimos años, también ha tenido un significativo porcentaje de abstención.
La narrativa del oficialismo acerca de la jornada de primaria opositora es que, ese proceso no se realizaría por no contar con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin tomar en cuenta que en otras ocasiones han realizado consultas de esta forma por ser precisamente un proceso interno de factores de oposición. Ahora se concentran en denunciar un fraude, aunque no participaron en esta contienda.
El gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, ofreció una rueda de prensa el miércoles 25 de octubre, en la que denunció que no era válida la elección de candidatos inhabilitados, en referencia a quien resultó ganadora en la primaria opositora, María Corina Machado.
“Nosotros somos profundamente democráticos, creemos en la participación de la gente, pero en el marco de la ley, reconocer a un candidato inhabilitado sería violar la ley. Dentro de la Constitución todo, fuera de ella nada”, dijo Marcano a través de nota de prensa.
También cuestionó la forma en cómo se llevó a cabo la jornada del pasado 22 de octubre, en la que el estado Bolívar contó con 111 puntos de votación.
“En los sectores donde tradicionalmente hay 20 centros, ellos habilitaron 1, con la finalidad de generar una sensación de participación que no existió”, alegó.
También se refirió a un número de participación de 30 mil electores, aunque es la Comisión Nacional de Primaria la que tiene oficialmente los datos del proceso.
“En ese proceso no hubo ni auditoría, no se presentaron actas, ni hubo cuadernos de votación”, reiteró.
Sin embargo, los resultados a nivel regional, que competen a la Junta Regional de Primaria, dieron cuenta de más de 101 mil electores, faltando siete municipios todavía por escanear las actas. También se hizo mención a que en Piar se agotaron las papeletas de votación, mientras que la ciudadanía destacó la realización de un proceso ciudadano en el que retomó el entusiasmo por hacerse partícipe de un evento en el que se promueve el voto.
Investigación del MP
Este mismo miércoles, el fiscal Tarek William Saab anunció la apertura de una investigación y citación contra el presidente y vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal y Mildred Camero, respectivamente, por un presunto fraude en el proceso del 22 de octubre.
Agregó que también se citarán a los presidentes de las juntas regionales de primarias y los directivos de la asociación civil Súmate, que formaban parte de la organización.
“El dar a conocer cifras falsas de participación en un evento electoral, que no es auditable, sin garantías de seguridad del voto, constituye un fraude a la Constitución y al país”, afirmó.
Saab indicó que se designaron a los fiscales 73 nacional contra la delincuencia organizada y 8° nacional con competencia de delitos asociados al Saime, para adelantar las investigaciones por los presuntos delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Esta averiguación surge a raíz de denuncias del diputado José Brito, quien no formó parte de la realización de la primaria opositora, así como un “técnico de la Comisión Nacional de Primaria”, Nelson Rampersad. Sin embargo, el Movimiento al Socialismo (MAS) aclaró que este fue postulado como técnico independiente y participó en pocas reuniones.
El político Luis Ratti se sumó a los ataques contra organizadores de la primaria opositora y pidió orden de aprehensión contra los integrantes de la Comisión Nacional de Primaria.
Los ataques de factores del oficialismo contra la primaria opositora contradicen el acuerdo número uno firmado en Barbados entre representantes del Gobierno y la oposición, el pasado 17 de octubre, con respecto a las garantías electorales.
El punto uno de ese acuerdo parcial dice que “las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales de manera libre y conforme a sus mecanismos internos, atendiendo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley”.
