“Nunca en Venezuela se había detenido a defensores de derechos humanos, lo que sin duda es una señal de alerta para la comunidad nacional e internacional”. Así inicia el más reciente informe del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida), el cual denuncia la “alarmante escalada de represión” del Estado venezolano contra las organizaciones y activistas durante 2024.
Entre enero y septiembre de 2024, el observatorio documentó la “detención arbitraria” de seis activistas defensores de derechos que actualmente están siendo “sometidos a procesos judiciales violatorios del derecho al debido proceso, acusados por delitos tales como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir, terrorismo e incitación al odio”.
El observatorio alertó que el Estado venezolano “ha radicalizado la política de criminalización, represión y control social” tras evidenciar una serie de agresiones y amenazas, detenciones arbitrarias que han afectado a los activistas y sectores disidentes.
Asimismo exigió la reivindicación de la autonomía de las organizaciones sociales y eliminar las “restricciones y obstáculos” para que los ciudadanos puedan crear y participar en los grupos que consideren convenientes “para la promoción y defensa de sus intereses y derechos” en el marco de la Constitución.
También pidió al Ejecutivo abstenerse de implementar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Afines, la cual fue aprobada en agosto por la asamblea oficialista, porque “representa una enorme amenaza para el trabajo de protección de los derechos humanos y de ayuda humanitaria” en el país, según Odevida.
En runrun.es recopilamos las claves resaltantes del informe realizado con datos recopilados por varias organizaciones.
● Incremento de criminalización por parte del Estado
Entre enero y junio, la cifra de ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos pasó de 309 a 592, lo que representa un incremento del 92% en comparación con el mismo período del año 2023, documentó el Centro para los Defensores de la Justicia (CDJ) en su informe “Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela”.
Según el CDJ, los principales patrones de agresión son la intimidación, estigmatización, amenazas, ataques digitales, allanamientos y detenciones arbitrarias.
De la totalización de 395 casos, el 67% de los ataques se dirigieron contra organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, mientras que el 33% incidentes perjudicaron directamente a defensores individuales, lo que demuestra una estrategia de amedrentamiento de la sociedad civil, de acuerdo con la organización.
Entre las organizaciones que han sido víctimas por presuntos perpetradores responsables se encuentran el Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (Provea), Espacio Público, Acceso a la Justicia, Foro Penal, Transparencia Venezuela, Amnistía Internacional, Control Ciudadano, Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) y Un Mundo Sin Mordaza, entre otras, las cuales fueron objeto de amenazas, hostigamiento, intimidación y estigmatización.
Odevida recordó que a las víctimas de detenciones arbitrarias “no se les permite tener acceso a un defensor privado y se les mantiene en un grave régimen de incomunicación con sus familiares, lo que no que permite conocer denuncias de dichos patrones de represión”. A esta situación se le suma el temor o autocensura a denunciar sus casos debido al contexto que atraviesa el país.
● Anulación de pasaportes, una medida arbitraria
Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, el observatorio contabilizó un total de 20 casos de anulación de pasaportes a activistas, entre ellos cuatro miembros de Provea, lo que considera un “patrón de represión”.
“Desde inicios de 2024, los efectos de la anulación de pasaportes se han agravado, pues además de impedir la salida del país (como en el caso mencionado del activista Yendri Velásquez), en varios casos la medida ha venida acompañada de la práctica de detenciones arbitrarias de la persona con el pasaporte anulado”, advirtió.
● Ataques contra periodistas y dirigentes sindicales
Según la ONG Espacio Público, 15 trabajadores de la prensa han sido detenidos desde junio de 2024: 2 casos antes de las elecciones, 11 después de los comicios y 3 han sido liberados.
Mientras que Odevida registra ocho casos de represión, detenciones y hostigamiento contra dirigentes sindicales: (3) de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), que estuvieron 24 horas detenidos y luego fueron liberados, (2) de Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev) en Barinas, (1) del sector petrolero en Monagas, (1) del sindicato obrero Suomgia.
La realidad no es distinta para los liderazgos de pueblos indígenas y ambientales, ya que el observatorio también demostró que dos líderes del pueblo piaroa o wothuha de la comunidad de Pendare del municipio Autana, estado Amazonas, sufrieron un atentado con armas de fuego.
Por su parte, la organización internacional Front Line Defenders, en mayo de 2024, expresó su preocupación por la creciente campaña de desprestigio contra el defensor de derechos humanos Lusbi Portillo.
Otras cifras obtenidas por la organización no gubernamental ambientalista Clima 21 detallaron al menos dos casos de periodistas de medios de comunicación del interior del país, que han denunciado haber sufrido amenazas, siendo “obligados a desplazarse de las zonas donde ejercían su profesión”.
“La identidad de ambos periodistas se mantiene sin revelarse, por pedido de los denunciantes, como manera de garantizar su seguridad personal”, afirmó Clima 21.
● 4 años de “persecución” por razones políticas
Los datos recopilados por el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) entre enero de 2021 y marzo de 2024 arrojaron 2.098 casos de “persecución y criminalización”, de los cuales 186 actos ocurrieron contra organizaciones no gubernamentales y personas defensoras de derechos humanos, 730 contra personas vinculadas con la política, 472 contra la población, 701 contra trabajadores de la comunicación y 9 contra universidades.
Sobre este punto, Cepaz destacó que 571 casos se efectuaron mediante acción de fuerzas de seguridad del Estado, 74 desde el Ministerio Público y 167 por parte de personas adeptas al oficialismo.
