El Gobierno nacional creó una nueva normativa que atenta contra las organizaciones defensoras de derechos humanos, organizaciones sin fines de lucro y sus beneficiarios. Ya que se obliga a las ONG a registrarse en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo y a entregar una serie de información que vulnera la labor humanitaria.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, consideró que la norma debe ser derogada ya que atenta contra la labor de las ONG y contra la ayuda que pueda brindarse a ciudadanos en condiciones vulnerables o a las víctimas del mismo Estado.
La medida fue aplicada a través de la providencia administrativa número 001-2021, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial número 42.098 del 30 de marzo del presente año.
En esta nueva exigencia de registro las organizaciones deberán dar datos de los miembros que forman parte de sus juntas directivas, listado de quienes financian su labor, la identidad de los beneficiarios, personas que reciben ayuda humanitaria u otro tipo de asistencia, listado de sucursales extranjeras de organizaciones sin fines de lucro y de las asociaciones con las que se hayan acordado alianzas, además de otro tipo de requerimientos generales.
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El Estado que desaparece personas, las ejecuta extrajudiciales exige que las ONG le entreguemos los nombres de las personas que llevan adelante las denuncias contra el propio Estado violador de DD HH, ¿dónde estará el fallo?”. |
Daniels alertó que identificar a las víctimas las deja en estado de vulnerabilidad y estigmatización ya que en muchos casos reciben asesoría y ayuda por violaciones del mismo Estado entre las que resaltan las ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzosas. “Ponen en peligro a las víctimas y a los investigadores”, cuestionó.
Asimismo insistió que limitaría el auxilio que puedan recibir personas con problemas de alimentación o las jornadas de prevención y atención de VIH, donde los beneficiarios piden permanecer en anonimato y bajo esta providencia no podrían hacerlo. “Los que van a pagar son las víctimas de la emergencia humanitaria”, sostuvo.
Para el abogado la medida viola totalmente la presunción de inocencia ya que con toda la información a entregar prácticamente deben demostrar que desde las organizaciones no se cometen delitos. “Tenemos que demostrar que no somos terroristas y que no legitimamos capital”, cuestionó.
“Buscan darle un trato de enemigo interno a las organizaciones defensoras de derechos humanos”, advirtió. Para el abogado toda esta medida surge por las investigaciones, documentación y monitoreo de violaciones de derechos humanos que al final se terminan entregando en instancias de la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.
Resaltó que el proceso de registro se debe empezar aplicar en un periodo de 30 días luego de publicada la gaceta y que no dan los tiempos para que organizaciones puedan cumplir con los requisitos los cuales no son de fácil obtención ante las trabas del mismo Estado.
Significa poner en riesgo a las victimas
Los representantes de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) fueron los primeros en recriminar la normativa en redes sociales. Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, expresó en Twitter: La dictadura venezolana quiere que las ONG nos convirtamos en “patriotas cooperantes” y delatemos a las víctimas que son beneficiarias de nuestra acción.
Marino Alvarado, también representante de Provea, cuestionó: “Son las organizaciones las que deben demostrar que están actuando de forma correcta. No solamente en los recursos que reciben, sino en la forma en la que los usan”.
De acuerdo con Alvarado, la medida es contraria con el artículo 102 de la constitución que establece la obligación de promover y defender los derechos humanos.
Esta normativa tiene el objetivo de que las víctimas de violaciones de DDHH se inhiban de ir a una ONG, pues sus victimarios sabrían que está intentando denunciar y obtener justicia, con todas las represalias imaginables en un régimen no democrático
— Rafael Uzcátegui (@fanzinero) April 14, 2021
“Esta es una normativa que afectará el trabajo de miles de organizaciones de la sociedad civil que vienen atendiendo sobre todo a los sectores más pobres de la sociedad venezolana y a víctimas de las violaciones de derechos humanos”, denunció.
Al igual que Daniels, el representante de Provea resaltó que lo más preocupante es que deba darse información sobre las personas que reciben ayuda. “Eso significa poner en riesgo, en el caso de las organizaciones de derechos humanos, a todas las personas que denuncian los abusos de la FAES, los allanamientos arbitrarios, torturas, detenciones arbitrarias”, dijo.
Agregó que esto dejaría a los beneficiarios vulnerables de posibles detenciones, allanamientos, discriminación en los lugares donde vive y donde reciben ayudas sociales del gobierno. “No los vamos a poner en riesgo de libertad e incluso de vida”, aseguró.
Por otro lado, Luis Cabezas, director de la asociación civil Convite, expresó en Twitter: “El Estado que desaparece personas, las ejecuta extrajudiciales exige que las ONG le entreguemos los nombres de las personas que llevan adelante las denuncias contra el propio Estado violador de DD HH, ¿dónde estará el fallo?”.
Arremetida contra las organizaciones
Entre los casos más recientes de la arremetida del gobierno contra las ONG, está la detención de cinco trabajadores humanitarios de la organización Azul Positivo los cuales fueron acusados por delitos de asociación para delinquir y legitimación de capitales.
En Bolívar organizaciones no gubernamentales y fundaciones se han dedicado a ayudar a personas que necesitan medicamentos e insumos en hospitales, sobre todo en estos meses de pandemia. Además de realizar jornadas de entrega de alimentos y hasta ropa con distintas colaboraciones que se hacen desde el extranjero.
También, organizaciones monitorean la violencia basada en género, documentan la desaparición de personas en las minas al sur de Bolívar producto de la violencia de grupos irregulares y cuerpos policiales y las ejecuciones extrajudiciales que se perpetran en el estado.
Toda una labor que se vería afectada por las medidas restrictivas para recibir financiamiento y la exposición a la que quedarían las personas que reciben ayuda, las cuales en muchos de los casos son víctimas de funcionarios del mismo Estado.
