El regreso al diálogo en Venezuela fue una exigencia de la oposición, articulada en la Plataforma Unitaria, desde finales de 2021. Hasta febrero de 2022 el gobierno de Nicolás Maduro se hizo el escurridizo para atender la solicitud, luego de que en octubre del año pasado dejara colgada la negociación, que se desarrollaba en México con la mediación del Reino de Noruega.
Esta vuelta al diálogo, cuyos detalles no se han fijado, pero que fue inicialmente acogida por el gobierno interino que encabeza Juan Guaidó, abre una rendija temporal de Maduro con EE UU y redimensiona el tono de la negociación. En el medio se ubica la oposición a la que le tocará remar aún más duro.
La paralización del proceso de diálogo fue justificada por Maduro como respuesta de su administración a la extradición del empresario colombiano Alex Saab desde Cabo Verde hasta Estados Unidos.
La situación de Saab, a quien el gobierno otorgó un sobrevenido rol de diplomático no ha variado, más allá de los documentos judiciales de EE UU, según los cuales el empresario fue informante de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
El gobierno que no veía incentivos para sentarse de nuevo en la mesa se decantó por el retorno del diálogo tras el reciente encuentro que Maduro sostuvo con una delegación de alto nivel del gobierno de Joe Biden que llegó a Miraflores el 5 de marzo.
Luego de esto, el gobernante anunció la decisión de reactivar el proceso de diálogo nacional con todos factores políticos, religiosos y culturales del país.
El interinato, a través de un comunicado difundido el 9 de marzo, señaló que está dispuesto a retomar las negociaciones con la representación de Maduro que encabeza Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2020.
El despacho de Guaidó ratificó, asimismo, que el país requiere de un acuerdo que permita lograr soluciones a la crisis y del que surjan elecciones presidenciales y parlamentarias.
“Los dos actores más poderosos de la negociación, que son EE UU y Maduro, han decidido que pueden llegar a acuerdos y por eso no parecen estar exigiendo garantías previas. La oposición venezolana, por su parte, parece tener escasa capacidad en este momento para exigir garantías previas”, enfatiza Miguel Ángel Martínez Meucci, doctor en conflicto y procesos de pacificación, actualmente en la Universidad Austral de Chile.
Martínez Meucci subraya que, por lo que se puede inferir de lo que se sabe públicamente, existe interés de parte de Maduro y de los Estados Unidos en acercar posturas.
En ese sentido, puntualiza que los incentivos cambiaron tras el estallido de la guerra en Ucrania, el 24 de febrero, “al barajar los norteamericanos la posibilidad de acceder nuevamente al petróleo venezolano”.
Diálogo en contexto geopolítico
Por su parte, Mireya Rodríguez, especialista en conflicto y negociación, identifica un comportamiento pragmático tanto del gobierno de Maduro como el de Biden.
Destaca que esto es evidente cuando la enemistad -cuyo punto cumbre fue el reconocimiento del gobierno de Donald Trump a Juan Guaidó como presidente interino- cede el paso a la estrategia para hacer frente a mayores desafíos para cada uno de las partes.
“Estados Unidos busca debilitar el frente prorruso tanto económica como políticamente y Maduro desea consolidar la legitimidad internacional de su gobierno, ya conquistada luego de las elecciones de noviembre pasado. Su defensa ante Alex Saab -que motivó la suspensión de las negociaciones en México- pasó a mejor vida”, puntualiza.
Rodríguez apunta hacia el giro sorpresivo de la administración de Joe Biden que ratifica el carácter de amenaza global que tiene el régimen venezolano. Pero, al mismo tiempo, envía una misión diplomática de alto nivel para sostener conversaciones con la persona cuya captura tiene un precio de 15 millones de dólares, como anunció EE UU en 2020, cuando el presidente era Donald Trump.
“De manera similar tenemos al régimen venezolano, quien simultáneamente se pronuncia a favor de Rusia en este conflicto y es capaz de sostener conversaciones con un gobierno que ha sido acusado de ser causante de la crisis venezolana por su carácter imperialista y por ser autor de las sanciones más importantes que ha afectado la gestión económica de Maduro”, expresa Mireya Rodríguez.
A su juicio, en el actual escenario, las prioridades parecen estar claras. En ese sentido, Estados Unidos busca transformar un enemigo –Venezuela- en aliado, en medio del conflicto en Ucrania.
Por su parte, “Maduro busca consolidar su legitimidad internacional, el interinato sale de la escena política y los 60 países que lo apoyaron deberán tomar una posición al respecto”.
Entonces, explica Mireya Rodríguez, a la oposición venezolana presente en la mesa de negociación en México le quedará luchar por garantías electorales y bregar por reorganizarse con miras al escenario del 2024. Añade que los opositores también podrán hacer seguimiento a los avances de la Corte Penal Internacional (CPI), “a ver si puede presionar con eficacia a favor de los derechos humanos”.
Esboza que el anuncio de Maduro para volver a la mesa de diálogo se asume como un hecho. Recuerda que señaló, en noviembre de 2021, que después de las elecciones regionales la oposición se quedaba sin argumentos para seguir llamando “ilegítimo” a Maduro, especialmente por la participación en los comicios, de los que surgieron cuatro gobernadores de oposición que están ya en ejercicio.
De la misma manera, la especialista en conflicto y negociación indica que entablar conversaciones de gobierno a gobierno debe servir para que el interinato se ubique en su verdadera naturaleza, desmonte la superestructura armada a nivel internacional, rinda cuentas de los recursos manejados en su mandato y decida si continuará en la política.
Por su parte, el investigador Miguel Ángel Martínez Meucci advierte que la oposición no cuenta con el nivel de coordinación necesario para imponer muchas condiciones en esta nueva fase del diálogo.
“Más bien se percibe que ciertos sectores opositores procuran el restablecimiento de los diálogos sin establecer ninguna condición previa, mientras que otros no aceptarían participar en los diálogos de México bajo ninguna circunstancia. Mientras no exista un mínimo acuerdo sobre la ruta política a seguir, cada sector de la oposición intentará avanzar por senderos distintos”, señala Martínez Meucci.
Sobre los pasos de la oposición de cara al diálogo, Stefania Vitale, investigadora en ciencias políticas, indica que es importante la reestructuración interna de cada partido político-grupo y la coordinación estratégica entre grupos.
En ese sentido, puntualiza que se requiere de una estrategia realista y no maximalista: “Solo así se puede llegar con más fortalezas a la mesa y poder exigir más”.
Dado que la disposición al diálogo por parte de Nicolás Maduro encuentra al G4 en el camino de procesos de relegitimación a lo interno, Vitale expresa que, por lo pronto, la oposición tiene el reto de alcanzar acuerdos internos sobre el plan a seguir.
Sanciones por petróleo
El investigador Miguel Ángel Martínez Meucci destaca que cuando se revisa la agenda inicialmente pautada de las negociaciones para el proceso de México, se percibe que el proceso fue propuesto como un intercambio de “sanciones por elecciones”. No obstante, indica, la guerra en Ucrania pareciera impulsar un cambio hacia una negociación distinta, basada en la premisa de “sanciones por petróleo”.
“En principio, un planteamiento de este tipo apuntaría hacia la consolidación del régimen actual en Venezuela, más que hacia su cambio. Para evitar algo así, sería necesario que la oposición recomponga su capacidad de trabajar unida, algo que a estas alturas luce francamente complicado”, advierte.
Indica que el interés primordial de Maduro en el diálogo es el levantamiento de las sanciones foráneas.
En ese contexto, explica que, si dentro de las condiciones que imponen los Estados Unidos para superar las sanciones estuviera que el chavismo llegue a acuerdos con la oposición venezolana, “un modo que tiene Maduro de eludir la posibilidad de que dichos acuerdos comprometan su continuidad en el poder es la de incorporar a tantos actores en la mesa de negociación que a la oposición se le haga muy difícil coordinarse”.
Para Martínez Meucci, ese escenario le permitiría a Maduro escoger a sus interlocutores favoritos. “Desde mi punto de vista, a eso responde la voluntad de Maduro de incluir a otros actores teóricamente opositores”, subraya.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2015, Juan Guaidó, reconocido hasta ahora como presidente interino por más de 50 países, destacó, el 9 de marzo, que “aliviar sanciones a la dictadura solo debe darse con pasos irreversibles a la libertad y redemocratización”.
Por su parte, Stefania Vitale, investigadora en ciencias políticas, indica que el levantamiento de las sanciones está ligado a la posibilidad de reactivar el sector petrolero. Y este punto, acota, también hay interés por parte de Estados Unidos porque siempre ha necesitado diversificar sus fuentes energéticas.
Pone sobre el tapete un detalle clave: el mayor porcentaje de las reservas petroleras en el mundo está ubicado en países donde hay regímenes autoritarios, donde el sistema institucional no es fuerte.
“Es un intercambio entre reajustes y sanciones económicas con EE UU para que el gobierno de Maduro tenga recursos a su alcance y pueda mejorar su desempeño mirando, sobre todo, la relación del madurismo-chavismo en el poder y a cambio de condiciones políticas y mayores condiciones electorales. Ya hubo pequeñas muestras, con muchas irregularidades, dentro de lo prometido en lo que fue el conjunto de condiciones para las regionales”, enfatiza.
Agrega Vitale que el país aún demanda derechos civiles y políticos, en tanto los partidos pugnan por el levantamiento de las inhabilitaciones a varios de sus dirigentes y se requiere avanzar en la agenda para solventar la crisis humanitaria y atender la situación de los presos políticos.
Asevera que esta fase de diálogo “durará lo que el Gobierno quiera que duren o lo que EE UU le solicite. A mi juicio, debería dar prioridad a los temas electorales y de derechos humanos pendientes”.
En ese escenario, avizora un robustecimiento de la agenda con el gobierno de Biden que abarcaría aspectos políticos, militares, económico-financieros, energéticos, y sociales.
“Sin duda, las sanciones podrán flexibilizarse como parte del trueque político-militar que se pueda alcanzar. Esta será la verdadera negociación”, destaca.
