Tras 5 horas de interrogatorio, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, confirmó que fue citado en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en calidad de testigo debido al acompañamiento que hizo la organización a la familia del dirigente político Edwin Santos -encontrado sin vida el pasado 25 de octubre- y las exigencias que elevaron para que se llevara a cabo una investigación independiente sobre el caso.
“Es una investigación basada en la Ley contra el Odio. Esa Ley contra el Odio que ellos remiten tiene que ver con el proceso de exigencia de una investigación imparcial y transparente de Edwin Santos, el dirigente político y también activista católico de El Nula, estado Apure, que apareció muerto el 25 de octubre en extrañas circunstancias. En Provea, como otras oenegés, exigimos ante esto una investigación sustancial, independiente de las autoridades. Estoy compareciendo en calidad de testigo. Aparezco oficialmente como testigo de esta investigación, es decir, como nosotros publicamos eso de la muerte y exigimos por nuestras redes… Entonces nos hicieron llamar como para explicar de dónde salió esa información, por qué publicamos, cuál era la relación nuestra con la familia, cómo llegamos a la denuncia”, explicó Murillo en entrevista con Correo del Caroní.
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“No podemos negarnos a defender los derechos de la gente y menos aún de acompañar a su familia. La familia, en su desesperación, piden cosas y exigen. Ese es su derecho. Es el Estado quien está en deber de garantizar la obligación de todos nosotros haciendo las investigaciones pertinentes”. |
Desde las 10:00 de la mañana el defensor de derechos humanos estuvo siendo interrogado por funcionarios del Cicpc, organismo que está apoyando al Ministerio Público en la averiguación, la cual está detrás de quienes alzaron su voz para exigir el esclarecimiento del fallecimiento.
“Cuando se recibe la denuncia de una persona desaparecida nosotros damos una serie de orientaciones: informar a los cuerpos correspondientes, asesoría legal, asesoría de contención psicológica con la familia y, por supuesto, también ofrecemos apoyo si la familia llegara a decidir visibilizar el caso. Explicamos que en ningún momento nosotros afirmamos que se trataba de una ejecución extrajudicial. Lo que pedimos fue que, ante un hecho, digamos, cuando hay una muerte en circunstancias extrañas… Antecede una denuncia de desaparición y luego aparece el cadáver, lo que procede es exigir una investigación independiente. No lo afirmamos porque no teníamos elementos para decir que fue un asesinato. En todo momento, lo que nosotros hicimos fue basarlo en el testimonio de su esposa, quien se acompañó con el párroco del pueblo, el padre Gerardo Rosales”, continuó el también periodista y profesor universitario.
En contexto, Edwin Santos fue un líder político de Apure, quien militaba en el partido Voluntad Popular y fue coordinador regional del Comando Con Venezuela en las elecciones del pasado 28 de julio. Santos fue reportado como desaparecido el 23 de octubre, posterior a su desaparición, habitantes de la comunidad aseguraron haber visto cuando Santos era interceptado por presuntos vehículos del Sebin. La familia del dirigente a través de un video pidió información a las autoridades sobre una posible detención. Santos fue hallado sin vida en la vía El Nula-El Piñal en el estado Táchira.
El Cicpc informó a través de un comunicado que la causa de la muerte fue un accidente de tránsito ocurrido cuando el activista chocó su moto contra un árbol. Asimismo se reportó que la muerte había ocurrido 48 horas antes. Además se advirtió sobre el inicio de investigaciones para los medios que estaban “intentando manipular e informar que el Gobierno nacional pueda estar detrás de este lamentable suceso”.
Criminalización del acompañamiento a las víctimas
“Es importante decir que el exigir una investigación, pedir una explicación sobre una muerte en una circunstancia especial como la que ocurrió no configura un delito. No solamente si lo dice una oenegé, sino que lo diga cualquier ciudadana. El ciudadano está en su deber de exigir al Estado que haga una investigación”, enfatizó el comunicador tras indagar sobre los detalles el llamado hecho por los parientes de Edwin Santos.
Murillo recalcó que la labor de Provea es el acompañamiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Tras exponer esta razón de ser, puntualizó que criminalizar el acompañamiento a la familia es contrario a lo que se espera de una sociedad democrática y libre.
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“Cuando se recibe la denuncia de una persona desaparecida nosotros damos una serie de orientaciones: informar a los cuerpos correspondientes, asesoría legal, asesoría de contención psicológica con la familia y, por supuesto, también ofrecemos apoyo si la familia llegara a decidir visibilizar el caso”. |
“En la noche del 25 de octubre, el Cicpc, a través de su jefe, dice que de acuerdo a la investigación esto fue un accidente de tránsito. Desde ese momento nosotros no hemos disputado la versión oficial. Esa es la versión oficial. Ahora sigue habiendo voces en la sociedad venezolana que dicen, mira, yo creo que hace falta una investigación. Pero nosotros ya de allí no hemos dicho más nada. Nosotros acompañamos en la denuncia cuando él estaba desaparecido y cuando apareció pedimos una investigación independiente. No podemos negarnos a defender los derechos de la gente y menos aún de acompañar a su familia. La familia, en su desesperación, piden cosas y exigen. Ese es su derecho. Es el Estado quien está en deber de garantizar la obligación de todos nosotros haciendo las investigaciones pertinentes”, acotó.
La persecución a defensores de derechos humanos en Venezuela ha arreciado tras el proceso electoral del pasado 28 de julio, instancias internacionales han alertado sobre el inicio de una escalada represiva por parte del Estado echando mano de leyes como la Ley Contra el Odio y la recién promulgada Ley de Fiscalización para las ONG.
“Nosotros consideramos que esta situación es contraria al espíritu de lo que significa construir una sociedad con un movimiento de derechos humanos: libre, autónomo, independiente. No podemos convertir en delito la denuncia y el acompañamiento a la familia. Estar del lado de las víctimas. Eso no cabe en una sociedad que sea democrática, inclusiva. Creo que, detrás de esta situación, hay una intención de intimidar y hostigar al movimiento de derechos humanos”, expresó el entrevistado.
Una medida que busca silenciar las voces de las víctimas
Ante el cuestionamiento de que esta citación tenga como objeto la intimidación, Murillo aseguró que estas medidas persiguen la autocensura de las personas y organizaciones con finalidad de que haya temor de levantar denuncias y hacer seguimiento a este tipo de casos.
“Yo creo que detrás de esto hay una intención, ya no con este caso, pero que genere un efecto inhibitorio. La gente se puede inhibir más adelante. Nos referimos a medios de comunicación, iglesias, figuras eclesiásticas, oenegés… Se pueden inhibir de no darle tanta visibilidad a un nuevo caso, procesos de autocensura. Todas estas acciones buscan un efecto inhibitorio. Quizás no en este caso, quizás esto no llegue a mayores, pero, definitivamente, el mensaje es para que la gente no hable. Para que la gente no denuncie”, cerró.
