miércoles, 17 julio 2024
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Modelo del “Estado comunal” apunta a restar competencias a municipios y politizar servicios públicos

Propuestas legislativas como las leyes del Parlamento comunal y ciudades comunales sirven al gobierno de Maduro para fines de su discurso ideológico, opina Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia. | Foto William Urdaneta

El régimen de Nicolás Maduro insiste en avanzar hacia un Estado comunal, una figura no contemplada en la Constitución de 1999. La Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020 aprobó en primera discusión la Ley Orgánica del Parlamento Comunal, mientras se realiza la consulta pública del proyecto de Ley Orgánica de las Ciudades Comunales, aprobado el 11 de marzo.

¿Qué busca esta ley? Para el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, se trata de restarle competencias a los municipios, en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos, y es usada por el oficialismo para su discurso ideológico.

“Son estructuras complejas que requieren una serie de requisitos, que después no cumplen, y lo que van a hacer es establecer estructuras -aquellas que sean operativas- y que en realidad servirán para montar puestos del PSUV con alguna remuneración. Simplemente es crear estructuras para colocar elementos afectos al gobierno y que de ahí tengan un ingreso, y además sustraerle a los municipios competencias que les son propios”, señaló Daniels.

 

La base de los poderes públicos, la base territorial está en la Constitución y dice que los poderes públicos desde el punto de vista vertical están en los municipios, estados y la república”.

Agregó que esto afectaría aún más problemas como los servicios públicos, ante la poca capacidad de respuesta.

“Si ya los municipios tienen problemas para cumplir con los servicios públicos que le tienen encomendado, imagínense encargar esos servicios públicos o competencias a gente que no tienen ninguna experiencia, que no tiene ninguna estructura y no cuentan con la experticia que se requiere para hacer ese tipo de cosas. Hablemos claramente del sistema de gas, desde que el gas se pasó a las comunas, su distribución no ha hecho más que empeorar. Los servicios públicos requieren un grado de conocimiento mínimo de administración y eso no ocurre”, explicó.

Daniels considera que la discusión y aprobación de estas leyes, de Parlamento comunal y ciudades comunales, “son parte de todo un discurso de que se sigue siendo socialista, cuando en la práctica es todo lo contrario, y en el supuesto de que se habilite algunas de estas estructuras solo servirá para sustraerles competencias a los municipios, en detrimento de los ciudadanos que ya tenemos malos servicios y vamos a tener peores servicios y peor capacidad de respuesta por parte de esta estructura estatal”. 

Figura inconstitucional 

El director de Acceso a la Justicia también destacó que el Estado comunal es una violación a la soberanía popular, ya que los venezolanos la rechazaron en el referéndum de 2007.

“Las leyes posteriores que se aprobaron se hicieron en contra de la voluntad popular y eso las hace nulas e ilegítimas de raíz. Pero, además, está el hecho de que el Estado comunal, gracias a esa negativa, no está en la Constitución, de modo que es inconstitucional. La base de los poderes públicos, la base territorial está en la Constitución y dice que los poderes públicos desde el punto de vista vertical están en los municipios, estados y la república”, acotó.

El director de Acceso a la Justicia señala los venezolanos rechazaron en el referéndum de 2007 la propuesta de un modelo de Estado comunal | Foto William Urdaneta

Cabe destacar que estos poderes paralelos se inclinan hacia el poder municipal y no se han llevado a otros niveles. Como señala Daniels, esto indica que se trata más de una figura con fines de utilización ideológica, justificar y decir que su proyecto es de izquierda.

“El ejemplo lo tenemos en las leyes del poder popular que se dictaron luego del referéndum del 2007, que está la ley de consejos comunales, ley de las comunas y ley del poder popular. De todas las estructuras que allí se crearon solo quedan los consejos comunales, y eso porque el consejo comunal en realidad sirve, no para construir el socialismo como ellos señalan, sino para defender los intereses de las comunidades, obviamente cuando los líderes comunitarios son líderes reales y verdaderos. Eso es lo que ha salvado esta figura”, expuso.

Aunque el régimen busca decir que es un gobierno fiel a sus ideologías, otras acciones como la Ley Antibloqueo, dicen lo contrario.

“La Ley Antibloqueo, el año pasado generó protestas internas dentro del PSUV, generó incluso que constituyentes expresaran vivamente su desacuerdo, aunque después no se les dejó participar en el debate, y eso porque la Ley Antibloqueo propicia privatizaciones, como bien están ocurriendo, y estos recursos de privatización, de liberación de la economía, de ausencia de controles en algunos elementos de la economía va en contra de esta ideología totalitaria de que el Estado tiene que controlar todo. Para tratar de revertir ese efecto dentro del PSUV y sus seguidores, están aprobando estas normas que van a generar más estructuras en los casos que se vayan a aplicar, porque ni siquiera han aplicado las primeras del poder popular”, puntualizó. 

¿De qué trata el Parlamento comunal? 

De acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Orgánica del Parlamento Comunal, esta “surge como una herramienta integradora y complementaria de las instancias del poder popular que, hasta ahora, se encuentran limitadas por la división político-territorial de la nación. El fin es dar una estructura orgánica legal a todo el andamiaje del ejercicio del poder popular, que permita diseñar una agenda común que acelere el tránsito hacia la construcción del Estado comunal”.

Entre sus competencias, el proyecto indica:

  • Presentar propuestas al ministerio de poder popular con competencias en materia de participación ciudadana, al Consejo Federal de Gobierno, a las gobernaciones y alcaldías, para el desarrollo de las instancias del poder popular en sus distintas expresiones, a fin que sean incluidas en sus planes anuales de gestión.
  • Recibir rendición de cuentas anual, ante el Parlamento comunal nacional, al ministerio de poder popular con competencias en materia de participación ciudadana y al Consejo Federal de Gobierno, sobre la inversión de sus recursos y los resultados de su planificación anual.
  • Recibir los planes anuales de los distintos organismos nacionales, estatales y municipales orientados al acompañamiento, promoción, organización y financiamiento de las instancias del poder popular.
  • Exigir a los distintos organismos nacionales, estatales y municipales orientados al acompañamiento, promoción, organización y financiamiento de las instancias del poder popular, la rendición de cuentas anual ante el Parlamento comunal nacional.
  • Presentar ante los distintos niveles del poder legislativo propuestas de leyes nacionales relacionadas con el poder popular, proyectos de reforma de leyes de proceso de consulta pública relacionadas con el poder popular, leyes regionales, ordenanzas municipales y cualquier otro instrumento legal que permita dinamizar el avance hacia la construcción del Estado comunal, previo cumplimiento del procedimiento exigido por la Constitución y la ley según sea el caso.
  • Establecer las líneas generales de los planes de desarrollo económico y social de las instancias del Sistema Nacional de Agregación Comunal.
  • Ejercer funciones de control sobre las instancias del Sistema Nacional de Agregación Comunal, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de los planes de desarrollo económico y social de las comunas, del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y de las leyes del poder popular.
  • Debatir y aprobar los proyectos de solicitudes a los entes político- territoriales del poder público, de transferencias de competencias y servicios a las instancias del poder popular.

Esta ley, aprobada en primera discusión, no fue respaldada por parte de la oposición, mientras que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) la apoyó, pero admitió que el texto no les fue entregado a sus representantes parlamentarios.