El Ministerio Público de Venezuela anunció la apertura de una investigación contra María Corina Machado, fundadora y líder del partido Vente Venezuela, por presunta traición a la patria.
La acusación surge tras el apoyo expresado por Machado a la Ley Bolívar. Esta última se trata de un proyecto legislativo aprobado recientemente por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Dicha legislación impulsada por el congresista Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz es oficialmente conocida como la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela.
Esta ley tiene como objetivo impedir que el Gobierno estadounidense entable relaciones comerciales o contratos con personas o empresas que mantengan vínculos con el régimen de Maduro o con cualquier gobierno sucesor que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos.
Represión legal
En el comunicado publicado este viernes, la Fiscalía de Venezuela calificó esta ley como un “adefesio jurídico” que solo busca incrementar las sanciones económicas contra el país.
De igual forma, desde este órgano se señala directamente a Machado por promover un documento que, según ellos, fomenta actos delictivos contra el pueblo venezolano.
El Ministerio Público menciona en el documento que los pronunciamientos públicos de la líder opositora constituyen delitos graves, entre los que incluyen traición a la patria, conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir.
Por su parte, Nicolás Maduro afirma que tomará posesión como presidente el próximo 10 de enero, a pesar de la falta de pruebas que respalden su victoria electoral.
Machado bajo la lupa del régimen
Estos señalamientos llegan en un contexto complicado para Machado, quien se encuentra en Venezuela bajo resguardo en una ubicación desconocida tras las encarcelaciones y persecución a otros dirigentes políticos.
Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y ministro del Poder Popular para el Interior y Justicia, ha afirmado que el gobierno sabe dónde se encuentra la líder opositora.
Si es acusada formalmente podría enfrentar severas consecuencias legales, incluyendo la cárcel y la inhabilitación política que podría extenderse hasta por 60 años.
El delito de traición a la patria se ha utilizado anteriormente por el Estado venezolano para encarcelar a dirigentes y activistas disidentes en el marco de las protestas poselectorales del 28 de julio, en las que se han apresado a más de 2 mil ciudadanos.
