miércoles, 28 febrero 2024
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Más de 700 organizaciones exigen derogar nueva providencia que precalifica a ONG como terroristas

Mediante un comunicado las organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de la Providencia Administrativa Nº 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Más de 700 organizaciones de la sociedad civil suscribieron un documento, publicado este 20 de abril, en el que manifiestan su rechazo ante las imposiciones que establece la Providencia Administrativa N° 001-2021 para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscrita al Ministerio de Interior, Justicia y Paz, publicada en Gaceta Oficial Nº 42.098 del 30 de marzo de 2021.

Esta resolución no solo limita el ejercicio de las ONG en Venezuela, en la ayuda a víctimas de la crisis humanitaria compleja y de arbitrariedades y violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. También las precalifica de terroristas y las obliga a revelar los nombres de sus beneficiarios.

Las organizaciones que suscribieron el comunicado califican esta medida como un “acto inconstitucional, de extralimitación legal y de grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales que son de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano”.

“La mencionada providencia obliga al registro de todas las personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera antes del 1 de mayo de 2021, dando especial preferencia a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), para la vigilancia y supervisión de sus fines en actas constitutivas y de asambleas, miembros y personal, lista de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajen, bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo y otros, o de vulnerabilidad a estos delitos, por no estar sujetas al control de un órgano público específico o reguladas por una ley especial”, agrega el documento.

Destacan que las sanciones que establecen ante el incumplimiento de sus imposiciones, “pone en riesgo la acción de miles de organizaciones que prestan un constante apoyo a los sectores más vulnerables de la población en un momento que millones de familias requieren asistencia y protección frente a la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos”.

“Es una normativa sublegal, que regula asuntos reservados a las leyes, con un rango inferior incluso a reglamentos y resoluciones, que establece procedimientos, requisitos, plazos y certificaciones para las organizaciones de la sociedad civil, no contemplados en ningún instrumento del ordenamiento jurídico venezolano y que, por lo tanto, son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir; omite la existencia de normas constitucionales, leyes y resoluciones en Venezuela que protegen y regulan la actividad de las organizaciones conforme a su naturaleza sin fines de lucro y su carácter de asociaciones libres, autónomas e independientes; e impone la aplicación de sanciones abiertas por presunción de delitos contemplados en la Ley Orgánica sobre la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, entre otras, multas, prisión y revocatoria de actividades.

Con base en estas consideraciones”.

Riesgo para los beneficiarios 

Las organizaciones advierten que revelar información personal de sus beneficiarios pone en peligro sus vidas, integridad, seguridad, libertad y subsistencia en el actual contexto venezolano. Además de violar sus derechos a la protección, la asistencia, la confidencialidad y la privacidad.

En ese sentido, se comprometen a resguardar tales derechos en cualquier circunstancia, “incluyendo evitar riesgos de delación, estigmatización y abusos de discriminación o privación de acceso a bienes y servicios esenciales”.

Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha, advierten los defensores de derechos humanos | Foto Reuters

Condenaron también que la providencia viola el derecho humano a la libertad de asociación, cambiando su marco regulatorio actual que no admite ningún control previo, al imponer que las organizaciones de la sociedad civil estén sujetas al permiso y control del Estado.

Asimismo rechazan la normativa por violar los principios de presunción de inocencia y de legalidad.

“Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha, bajo el control discrecional de un órgano con funciones de supervisión e inteligencia en materia de delitos de legitimación de capitales y terrorismo, que deberían estar restringidas al sistema financiero y las cuales se desnaturalizan al emplearse para controlar a las organizaciones, atribuyéndose facultades de certificar a las organizaciones de estar libres de delitos”.

Destacan igualmente que es un registro ajeno a las prácticas y estándares internacionales de “lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuyas normas “se redactaron para garantizar que se ajustan a los principios internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales”.

Las ONG sostienen que se criminaliza a las organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de “cerrar el espacio cívico, mediante un cerco de severas restricciones a la sociedad civil para continuar defendiendo los derechos y prestando la debida asistencia y la protección a la población venezolana”.

En consecuencia, exigen su derogación inmediata y el cese de las políticas de criminalización y persecución.

Rechazo internacional 

Esta providencia también es desestimada por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

La ONG Acceso a la Justicia, una de las organizaciones que suscribieron el documento, denuncia que “la arremetida gubernamental no se limita a la creación de registros y la amenaza de nuevas regulaciones y controles inconstitucionales y violatorios de los estándares internacionales de derechos humanos, sino que abarca también acciones represivas tangibles como allanamientos y detenciones de activistas”, como ocurrió con los miembros de Azul Positivo, Acción Solidaria, Alimenta La Solidaridad y Convite.

La campaña #SalvemosONGVenezuela exige la derogación de la Providencia Nº 001-2021

La ONG considera que estas acciones revelan que en Venezuela hay un patrón que considera a los defensores de los derechos humanos como “enemigos a los que hay que vencer y eliminar. Solo en los primeros dos meses del año, el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) contabilizó un total de 99 ataques contra activistas y organizaciones no gubernamentales de distinta naturaleza”.

Acceso a la Justicia explicó que la obligación de registrarse en la Oficina Nacional de la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, no solo viola la presunción de inocencia, sino que criminaliza a la cooperación internacional y la ayuda humanitaria.

Más que a las ONG y sus miembros, los mayores afectados son los ciudadanos, en especial los más vulnerables.

Además, ante la opacidad informativa en Venezuela, violaciones de derechos humanos y un Estado que no rinde cuentas, el rol de las ONG es fundamental para proteger a las víctimas de esas violaciones, documentar y denunciar ante la comunidad internacional de manera adecuada y objetiva lo que realmente pasa en el país.