viernes, 23 febrero 2024
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Marino Alvarado y el padre Infante logran un acuerdo conciliatorio con Rafael Lacava

La acción legal interpuesta por el gobernador de Carabobo nace tras la publicación de informe de Lupa por la Vida 2021, que señala a la Policía de ese estado como la responsable de la mayor cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales en todo el país.

La noche del miércoles el abogado Joel García, quien representa a los activistas y defensores de derechos humanos Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante, informó que como resultado de la demanda interpuesta por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava (PSUV), quien los señalaba por presunta difamación, ambas partes lograron alcanzar un acuerdo conciliatorio.

Fue en el Circuito Judicial del estado Carabobo donde se llevó a cabo esta audiencia de conciliación. Los detalles se dieron a conocer este jueves en medio de una rueda de prensa.

El encargado de leer parte de lo señalado en el acuerdo fue el padre Infante, quien destacó que, tanto el Centro Gumilla como Provea, ambas organizaciones representadas por estos activistas, “apuestan por una institucionalidad que garantice el derecho a la vida. La historia de ambas organizaciones es prueba fehaciente de que nuestra misión es constructiva, y la denuncia, cuando se requiere, apuntala al fortalecimiento institucional y al acompañamiento de los ciudadanos en sus reclamos de justicia”.

Aclaró que como organizaciones siempre han apostado a que toda controversia, de ser posible, sea resuelta de manera constructiva.

La acción legal interpuesta por el gobernador de Carabobo nace tras la publicación de informe de Lupa por la Vida 2021, que señala a la Policía de ese estado como la responsable de la mayor cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales en todo el país.

Infante señaló que ni durante esta presentación ni en ningún otro momento la intención de ambos defensores de DD HH ha sido “señalar al gobernador como responsables, ni directo ni indirecto, de presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudiesen haber ocurrido en el estado”.

Destacó que la solicitud hecha en ese momento, y que aún se mantiene, es que se investiguen los casos y se establezcan responsabilidades, “no pretendió, de nuestra parte, hacer un señalamiento acusatorio al gobernador”.

“Lo que quisimos manifestar y aún exigimos en términos generales es que se investigue toda muerte violenta con rigor, para que los familiares de las víctimas de funcionarios policiales en todo el país tengan acceso a la verdad, a la justicia y a la protección efectiva”, reiteró.

El comunicado establece que ni Marino Alvarado ni el padre Alfredo Infante poseen ni han poseído “en ningún momento indicios, elementos o fundamentos para vincular a su persona con presuntas ejecuciones extrajudiciales. No pretendimos ni en el pasado ni pretendemos en el presente relacionarle con hechos de esta naturaleza”.

Por su parte Marino Alvarado destacó que, ambas organizaciones a las que representan así como Lupa por la Vida, van a seguir trabajando en pro de la defensa de los derechos humanos.

Asimismo seguirán investigando las presuntas ejecuciones extrajudiciales en todo el país, esto hasta que se de fin a este patrón, se dé reparación a las víctimas y se tomen medidas de no repetición.

Destacó que los riesgos al ser defensores de los derechos humanos siempre están presentes, pero esto no pondrá fin a su activismo.

El también abogado señaló que en medio del proceso de esta demanda se abrió una posibilidad para que ellos como organización, “en la medida que la Gobernación y la Policía tengan la disposición y la voluntad”, creen estrategias que permitan poner fin a estos procedimientos violatorios de los derechos humanos.

El caso

El 16 de mayo se conoció que el gobernador Rafael Lacava había demandado por supuesta “difamación agravada y continuada” al coordinador de exigibilidad del Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), Marino Alvarado, y al sacerdote jesuita Alfredo Infante, director de la ONG Lupa por la Vida.

El Tribunal de Primera Instancia en función de juicio del estado Carabobo emitió el 13 de mayo las boletas mediante las cuales notifica a Alvarado e Infante sobre la acusación privada presentada por los abogados Eliezer Miguel Guacuto Ríos y Carlos Alberto Bonilla Álvarez, en representación del gobernador.

Ante esto, ambos activistas y defensores de los derechos humanos aseguraron que “el silencio” no es una opción para quienes velan por los derechos de los ciudadanos.

Esta demanda es producto de la publicación de un balance de Lupa por la Vida, que ubica al estado Carabobo como la entidad donde se cometieron la mayor cantidad de presuntas ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía estatal durante el 2021.

Lupa por la Vida es un proyecto de Provea y el Centro Gumilla que busca evidenciar las presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país.

Infante destacó que con la publicación de estos informes solo se quiere lograr investigaciones que lleven a la reparación de las víctimas y creen escenarios ideales para que ningún ciudadano muera a manos de los cuerpos de seguridad.