Desde el pasado 17 de marzo se inició en Venezuela una especie de purga madurista. El Ministerio Público, a través de la dirección general contra la corrupción, delincuencia organizada y protección a los derechos humanos, informó que ha venido investigando varias tramas de corrupción, malversación de fondos y hechos delictivos que involucran a funcionarios públicos.
En declaraciones a la estación radial Onda, el fiscal designado por la constituyente, Tarek William Saab, explicó que desde hace meses adelantaban estas investigaciones y que con la Policía Nacional Anticorrupción, junto con el Sebin, avanzaron esta semana a la fase “más trascendente”, que implica “órdenes de captura, detenciones, allanamiento e incautaciones”.
En la entrevista, Saab precisó que los detenidos en este proceso no pertenecen todos a la misma trama. Aclaró que aunque las investigaciones son independientes por tratarse de “delitos diferentes” tienen varios denominadores comunes de fondo: “corrupción, antiética y malversación”.
“Hay cosas formalmente judicializadas y procesadas. En base a ello hemos designado cinco fiscales con competencia nacional para avanzar en la nueva frase investigativa, lo que no descarta que vengan u ocurran nuevas detenciones”, advirtió William Saab.
En un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción se señala que con estas actuaciones buscan “enfrentar el flagelo de la corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en actos criminales, sea quien sea y caiga quien caiga”.
De acuerdo con el comunicado, las detenciones se están practicando tras investigaciones de meses, que arrojaron que algunas personas estarían incursas en “graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos”.
Escasa información pública sobre el procedimiento
Lo que más ha llamado la atención sobre este reciente proceso de investigaciones y detenciones por hechos de corrupción administrativa, malversación y otros ilícitos es la insuficiente información pública al respecto.
La asociación civil Transparencia Venezuela expresó en un comunicado su preocupación por este silencio oficial.
“Resulta preocupante que, pese a la gravedad de los hechos a los que hace referencia la Policía Nacional Contra la Corrupción, que fue reiterada en los anuncios realizados por el Ministerio Público, sea tan escasa la información pública”, se lee en el comunicado.
Rechazan que, hasta la fecha, los nombres de los presuntos funcionarios y de empresarios detenidos solo se han conocido de manera extraoficial, así como también las “supuestas tramas de corrupción, los presuntos vínculos con organizaciones criminales y los ‘miles de millones extraviados”.
Transparencia Venezuela recordó a las autoridades que el país “tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo o el tamaño del patrimonio público comprometido”.
En horas de la tarde del 21 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional oficialista, Jorge Rodríguez, reveló que son 19 las personas detenidas hasta ahora por estos hechos, pese a no ser la autoridad natural para anunciar estos detalles. Correspondería en todo caso a la Fiscalía o la Policía Anticorrupción.
Frentes de la purga madurista
A continuación, lo que se sabe hasta ahora sobre los frentes de investigación de la “purga madurista” y quiénes han salido salpicados.
Como se mencionó antes, la información conocida hasta el 21 de marzo trascendió a través de periodistas, medias y pocas versiones oficiales de los hechos.
1. Frente por malversación y corrupción en Pdvsa
La investigación por el desvío de más de 3 mil millones pagados en criptomonedas a la estatal petrolera por venta del crudo venezolano suma varios caídos.
En plan estelar, destaca la renuncia de quien era titular del Ministerio de Petróleo desde el año 2020, Tareck El Aissami, uno de los hombres fuertes del oficialismo desde hace más de dos décadas.
“En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en Pdvsa he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo, con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”, expresó El Aissami en un trino en Twitter.
Dos cercanos colaboradores suyos fueron apresados en el marco de estas averiguaciones: uno de ellos es Joselit Ramírez Camacho, exjefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip). Ramírez Camacho, oriundo de Mérida al igual que El Aissami, fue director del despacho de este en la Gobernación de Aragua en 2012.
El diario oficialista Últimas Noticias reveló que Ramírez Camacho participó desde la Sunacrip en un esquema “para impedir el ingreso al Ejecutivo nacional de las divisas obtenidas por venta de petróleo”.
Un experto petrolero consultado por el medio explicó que entre octubre y noviembre de 2022, Venezuela vendió cerca de 120 millones de barriles de crudo por un monto de más de 3 mil millones.
Para supuestamente evadir las intenciones de EE UU de “torpedear dichas operaciones”, se recurrió al mecanismo de las criptomonedas. La Sunacrip era el ente que debía concretar las transacciones y hacer que el dinero bajara al gobierno. Pero, según la versión que publica Últimas Noticias, en una revisión en diciembre, el Ejecutivo nacional no encontró ese dinero en sus cuentas.
Otro de los arrestados por esta trama, según trascendió, es el coronel Antonio Pérez Suárez, quien desde 2020 se desempeñaba como vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa.
El militar fue miembro del consejo directivo de la fundación nacional El Niño Simón Bolívar, un ente adscrito al Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo.
De acuerdo con la página Poderopedia, Pérez Suárez igualmente fue presidente de Venirauto Industrias, de la Corporación de Comercio y Suministro Socialista, la Corporación Socialista del Sector Automotor y viceministro de Industrias Intermedias y Ligeras del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.
Entretanto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) informó este 21 de marzo sobre el procesamiento de militares por la corrupción en Pdvsa.
En un comunicado, indicaron que “algunos profesionales militares”, que cumplían funciones en Pdvsa, han “violentado el ordenamiento jurídico, así como las tradiciones y principios éticos que caracterizan a la institución armada, lo que merece el más categórico rechazo”.
“En consecuencia, han sido puestos a la orden de los organismos competentes a fin de coadyuvar en las investigaciones que se llevan a cabo y establecer las responsabilidades administrativas o penales, según sea el caso”, señaló.
Sin embargo, la institución no precisó cuántos serán los militares investigados.
2. Frente por corrupción en el Poder Judicial
Quienes figuran como detenidos por estas investigaciones son el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, el juez cuarto de control con competencia en delitos asociados al Terrorismo, José Mascimino Márquez García y el juez primero de Control del estado Falcón, Jorwis Bracho.
Cornieles Perret fue juramentado en el cargo por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, hace apenas cuatro meses. Aún se desconocen los delitos que se le imputan al profesional del derecho.
El otro apresado, Mascimino Márquez, habría incurrido en delitos de corrupción en el circuito judicial de Caracas, informó el medio ligado al oficialismo La Tabla.
Márquez García fue noticia a principios de este año por presuntamente favorecer la liberación de Oswaldo José Cheremos Carrasquel, uno de los integrantes de la organización delictiva Tren del Llano, según reseña el portal Últimas Noticias.
Últimas Noticias señala que la liberación de Cheremos Carrasquel fue instruida por Mario Aquino, uno de los asistentes del Circuito Judicial Penal Caracas, quien le envió un mensaje vía WhatsApp al juez Márquez García para que decretara el juicio en libertad del sujeto imputado por tráfico ilegal de armas de guerra, entre otros delitos.Posteriormente, el pasado 15 de febrero, Cheremos Carrasquel fue recapturado en la sede del Palacio de Justicia de Caracas.
El juez Mascimino Márquez García es tristemente célebre por su implacable accionar en los procesos contra dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil.
Antes de su vertiginoso ascenso en el sistema de justicia en el 2019 se desempeñaba como camarero principal de una reconocida arepera en Caracas. Fue responsable de la detención y privativa de libertad en contra del diputado y dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, en julio de 2021.
También en ese mismo mes, ordenó la aprehensión y privativa de libertad del periodista Ronald Carreño, tras admitir la acusación del Ministerio Público y desestimar los argumentos de la defensa.
A su expediente rojo se suma haber ordenado la detención de 12 indígenas pemones en enero de 2020 por un supuesto asalto al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla, en Santa Elena de Uairén. En el grupo estaba Salvador Franco, quien falleció luego en prisión por tuberculosis.
José Mascimino Márquez García también estuvo a cargo del caso de la Operación Gedeón en 2020. Los implicados en el caso denunciaron que violaron sus derechos. Asimismo ordenó encarcelar al coronel Juan Rodríguez Dos Ramos por presunta conspiración en contra del Gobierno.
Sobre la detención del juez primero de control de Falcón, Jorwis Bracho, solo se supo que se practicó el pasado 17 de marzo, primer día de la jornada de la operación “guerra contra la corrupción”. Medios locales indicaron que fue trasladado a Caracas un día después.
Bracho fue el encargado de abrir, en enero de 2022, un expediente por tráfico de drogas contra la alcaldesa oficialista de Semprún, Keyrineth Fernández y la diputada a la AN por el Zulia, Taína González. A ambas funcionarias las detuvieron con más de siete kilogramos de cocaína en el contexto del Operativo Manos de Hierro.
3. Frente de investigación en alcaldías municipales
Hasta el momento, la autoridad de escogencia popular detenida en la purga madurista es el alcalde chavista de Las Tejerías, Pedro Hernández, y es de quien se saben mayores datos sobre las irregularidades por las que se le señala.
“Un exalcalde que se vincula con trenes delincuenciales tienen que ser detenido, sancionado y penalizado, no se trata de pase de factura”, comentó el fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, cuando le preguntaron por las razones de esta detención.
Hernández fue el alcalde del PSUV que recibió más votos en Aragua en las elecciones regionales de noviembre de 2021, al ganar con 72,25% de los votos en el municipio Santos Michelena de la entidad.
Hernández se exhibía frecuentemente apoyado por altas figuras del gobierno madurista. Pero, en un abrir y cerrar de ojos, los altos jerarcas del chavismo le dieron la espalda cuando trascendió su detención.
“Un funcionario público no puede tener amigos en grupos delictivos”, declaró en rueda de prensa ofrecida el 21 de marzo el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, al referirse al caso de Hernández y respaldar la “cruzada anticorrupción”.
Meses antes, durante la tragedia por el deslave en Las Tejerías en octubre de 2022, el propio Cabello ponía las manos en el fuego por la autoridad regional y lo calificaba como un “señor alcalde”.
“Es un señor alcalde. Su pueblo lo respeta, lo reconoce. Pedro Hernández no sale del sitio allí, atendiendo a su gente, entregado al trabajo de atender a su gente”, expresó Cabello el 19 de octubre de 2022, en la emisión de su programa Con el mazo dando.
Además de Saab y Cabello, el gobernante Nicolás Maduro fijó posición sobre la detención del alcalde de una forma más tajante y con señalamientos específicos.
“Están comprobados plenamente sus vínculos directos con la banda del criminal, del asesino, alias El Conejo. Sus vínculos múltiples, sus negocios. ¡Una cosa increíble!”, denunció en declaraciones a VTV.
“Quién pensaría que aquel que nos ponía la cara, cuando se daba la vuelta, estaba coordinando con uno de los criminales más buscados, enemigo público número uno de la paz y la estabilidad del pueblo aragüeño, el criminal, narcotraficante, asesino, alias El Conejo”, sumó Maduro en tono estupefacto.
4. Frente sobre supuestas redes de prostitución al servicio de políticos y empresarios
La agencia AFP afirmó en despacho emitido este 21 de marzo las supuestas razones de la detención del diputado a la AN oficialista por Trujillo y exministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Hugbel Roa, cercano colaborador de El Aissami.
Una fuente ligada a la investigación habría comentado a la agencia que Roa tenía una red de “testaferros” entre los que se encontraba el empresario Alejandro Arroyo, “dueño de una mansión en el Country Club, una inmensa flota de camionetas y equipos de fútbol”, añadió la fuente.
De acuerdo con esta versión, Roa “manejaba una red de prostitución al servicio de este grupo donde captaban a jovencitas para que les sirvieran de damas de compañía”, subrayó el informante de AFP, quien agregó que el empresario también tenía una “sociedad con el exgobernador de Cumaná, Edwin Rojas”, que trascendió, fue detenido el pasado lunes.
En esta supuesta red han salido a relucir nombres de presuntos involucrados y testaferros como Alejandro Arroyo, Daniel Prieto y Johanna Torres. Sobre esta última empresaria existía una orden de captura que data de 2021 por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir.
“Investigaciones preliminares han comprobado su descomunal fortuna mal habida mediante una estructura delictiva compuesta por testaferros, lobistas, damas de compañía e intermediarios que le permitieron recibir contratos ilícitos a dedo otorgados en Pdvsa y el Ministerio de Alimentación”, aseguraba el Ministerio Público.
En horas de la tarde de este 21 de marzo, la AN oficialista le allanó la inmunidad parlamentaria a Roa para que sea enjuiciado “por hechos de corrupción” en tribunales ordinarios.
Sin embargo, no se precisó cuáles son los hechos por los que se le señala.
