miércoles, 17 abril 2024
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Lo que se sabe de las “conspiraciones develadas” en 2023 por el gobierno de Maduro

En los últimos 30 días, el Ministerio Público ha anunciado la detención de civiles y militares presuntamente involucrados con la llamada Operación Brazalete blanco y la expulsión y degradación de 33 miembros de la Fuerza Armada a quienes señaló de “traidores”.

Cuatro conspiraciones develó el gobierno durante 2023, según anunció el mandatario Nicolás Maduro hace un mes durante su mensaje anual desde la Asamblea Nacional (AN) de 2020, de mayoría oficialista.

En los últimos 30 días, el Ministerio Público ha anunciado la detención de civiles y militares presuntamente involucrados con la llamada Operación “Brazalete blanco” y la expulsión y degradación de 33 miembros de la Fuerza Armada a quienes señaló de “traidores”.

La más reciente detención en el caso de los supuestos planes ilegales es la de la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, y cinco miembros de su entorno, entre ellos su hija Miranda Díaz San Miguel.

En este trabajo, TalCual presenta los elementos que se conocen hasta ahora de las tramas que según el gobierno buscarían atentar contra la administración de Maduro, incluyendo la propia vida del mandatario.

Los planes develados. “Desmantelamos en el mes de mayo, en el mes de agosto, en el mes noviembre y diciembre cuatro conspiraciones con componentes extranjeros, planificadas desde Miami y desde Colombia”, dijo Maduro el 15 de enero.

En el caso de la presunta conspiración de mayo de 2023, el mandatario relató que el plan se concretaría en la residencia oficial de La Viñeta en Fuerte Tiuna. Refirió un plan que se concretaría una semana después de las declaraciones del exalcalde Antonio Ledezma desde España.

Aunque Maduro no precisó las afirmaciones de Ledezma, fue en agosto pasado cuando durante un programa el exalcalde indicó: Y se está hablando con militares. Eso es normal… Eso no es promover… Eso no es conspiración”.

De acuerdo con el mandatario, “el responsable de la operación militar era un primer Teniente captado en la frontera en el año 2021 por la DEA y por la CIA. A inicios de 2023, nuevamente fue llamado para acelerar el ataque”.

En relación con la conspiración de agosto de 2023, Maduro aseguró que se fraguaba un ataque a una unidad militar en San Cristóbal, estado Táchira.

Maduro señaló también que, en septiembre del año pasado, a través de labores de inteligencia se detectó que el recién nombrado Comandante de un Batallón en Maracaibo (no se especificó cuál), había sido captado en Colombia desde 2021 y tenía la orden de perpetrar el asesinato de Maduro.

Asimismo, el cuarto grupo de conspiración denunciado durante el discurso del gobernante en la AN fue develado en diciembre de 2023. En este caso, según relató Maduro, el objetivo era asaltar una unidad militar en San Cristóbal, estado Táchira, y asesinar al gobernador Freddy Bernal.

Las detenciones. En el marco de los señalamientos sobre presuntas conspiraciones fue detenido Víctor Venegas, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev) de Barinas.

El Ministerio Público informó el 17 de enero que el docente “presuntamente está involucrado en “el desarrollo de actividades contra la paz de la república”. También se indicó que Venegas “formaba parte de un núcleo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas”.

El 22 de enero, el fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dijo que fueron detenidas 32 personas entre civiles y militares señaladas de  “traición a la patria” por cinco presuntas “conspiraciones” para asesinar a Nicolás Maduro con apoyo de Estados Unidos. Aunque Maduro había hablado de cuatro “conspiraciones”, en ese momento el fiscal se refirió a cinco.

“Todos los detenidos están convictos, confesos y han develado información sobre los planes en contra de la mayoría del pueblo venezolano y la sociedad democrática”, aseveró el fiscal Saab.

Ese día fue cuando el fiscal general refirió el nombre de uno de los presuntos planes contra el gobierno: la Operación “Brazalete blanco”. En este plan fue señalado como líder el capitán retirado Anyelo Luis Heredia Gervacio, quien está detenido.

Saab presentó un video con el militar en el que vincula a varias personas con la conspiración. Parte de ese video lo volvió a difundir el 14 de febrero.

Además, Saab anunció que se libraron órdenes de capturan contra la periodista María Sebastiana Barráez,  la abogada Tamara Sujú, Wender Villalobos, el periodista Norbey Marín, y los militares retirados Mario Carratú Molina y José Antonio Colina, director de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).

El 23 de enero fueron detenidos los coordinadores regionales de Vente Venezuela, Juan José Freites (La Guaira), Guillermo de Jesús López (Trujillo) y Luis Enrique Camacaro (Yaracuy) de quienes a la fecha no hay información, según denunciaron los abogados.

No se conoce la acusación formal contra los dirigentes del partido Vente Venezuela, pero la defensa ha señalado que recientemente se enteraron de que el expediente se encuentra en el tribunal segundo de terrorismo, el mismo de la abogada Rocío San Miguel.

Traición a la patria. Tarek William Saab informó que el 24 de enero se realizó la audiencia de presentación de los exmilitares que fueron degradados y expulsados de la FAN: Tomás Martínez Macías, hasta hace poco general retirado, Carlos Jesús Sánchez Vásquez, hasta ahora coronel; Guillermo Enrique César Siero (exteniente coronel); Diana Desiré Victora Justo y Guillermo Henry César Siero, hasta hace poco mayores, y el excapitán Tomás Martínez Chico.

Les fueron imputados los delitos de traición a la patria, conspiración en la forma política, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente, así como homicidio intencional calificado en grado de tentativa, en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación.

El 26 de enero, el fiscal Saab dijo que se elevó a 36 el número de detenidos por estar supuestamente involucrados en planes de conspiración contra el gobierno de Maduro. Sostuvo que hasta ese momento se habían emitido 22 nuevas órdenes de aprehensión.

El caso San Miguel. La abogada Rocío San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El domingo 11 de febrero, el fiscal Saab confirmó  a través de sus redes sociales la detención de la presidenta de Control Ciudadano, “en virtud de una orden de aprehensión en su contra por estar presuntamente vinculada y referenciada en la trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada ‘Brazalete Blanco’, cuyo objetivo era atentar en contra de la vida del Jefe de Estado Nicolás Maduro y otros altos funcionarios; así como el ataque a varias unidades militares en San Cristóbal (Táchira) y otras entidades del país”.

Numerosas ONG y diferentes sectores del país, así como la ONU y otros organismos internacionales denunciaron la desaparición forzada de la activista puesto que no se conocía de su paradero y el de cinco personas de su entorno: su hija Miranda Díaz San Miguel, Víctor Díaz Paruta, mayor retirado y exesposo de la abogada; el coronel Alejandro José Gonzales De Canales Plaza, así como Miguel San Miguel y Alberto San Miguel, hermanos de la abogada.

El abogado Francisco Cox, integrante de la Misión de Hechos de la ONU, destacó que la información tardía e incompleta sobre el paradero y estado de salud de Rocío San Miguel y de su hija cumple con el objetivo de infundir temor entre quienes expresan críticas al gobierno de Nicolás Maduro, “haciendo responsable al Estado bajo el derecho internacional”.

Gobiernos como el de Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, manifestaron preocupación por la detención de la activista y sus familiares.

La noche del 12 de febrero, el fiscal general anunció la celebración de la audiencia de presentación de los detenidos. La defensa de Rocío San Miguel denunció que la presidenta de Control Ciudadano no tuvo acceso a la audiencia y que la activista seguía incomunicada.

A la abogada se le acusó de la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.

Asimismo, el coronel Alejandro José Gonzales De Canales Plaza (Aviación) fue imputado por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

San Miguel estará recluida en la sede del Sebin en El Helicoide, en tanto al coronel se le recluirá en la Dgcim. El resto de los investigados estará bajo régimen de presentación periódica ante el tribunal.

Denuncian campaña. El fiscal Tarek Willian Saab denunció el 13 de febrero, en un comunicado, “una feroz campaña desde el exterior en contra del sistema de justicia y el Estado venezolano por parte de los mismos sectores que siempre han menospreciado las instituciones democráticas venezolanas y han amparado a la vez los intentos de magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela orquestados desde los poderes imperiales de occidente”.

En este sentido, el funcionario subrayó que la presunta campaña busca generar impunidad “al atacar e intentar deslegitimar las acciones que realizan las instituciones venezolanas para combatir la violencia y el terrorismo”.

El 14 de febrero, Saab tildó de “mitómanos” a quienes denunciaron que hubo desaparición forzada de Rocío San Miguel y sus familiares. Acusó a ONG, periodistas y medios de comunicación de “prestarse a una campaña de desprestigio contra las instituciones venezolanas”.

La ONG puntualizó también: “Aunque el fiscal de la ANC quiera ocultarlo, la desaparición forzada se ha convertido en una práctica recurrente en el extenso repertorio represivo de las autoridades venezolanas, ejecutada con el propósito de silenciar la crítica y cerrar el espacio cívico”.

Lapsos procesales. El fiscal Tarek William Saab aseguró también que la presidenta de Control Ciudadano fue presentada en tribunales en los lapsos procesales.

“Tergiversan el tema de la desaparición, hubo una orden de captura basada en una investigación penal ampliamente difundida en enero. Según Naciones Unidas, se considera desaparición forzada toda forma de arresto, detención, secuestro o cualquier otra modalidad de privación de libertad perpetrada por agentes del Estado o por personas que actúan con la aquiescencia del Estado. Eso nunca pasó aquí y se dijo que estaba detenida”, argumentó el fiscal general.

Sobre las acusaciones, expuso que Rocío San Miguel “aparece textualmente mencionada en la orden de operación, ella tenía una misión, delatada por militares detenidos, su misión era comunicar en tiempo real los avances de los atentados terroristas que se iban desarrollando”.

Además, dijo que la hija de la activista, Miranda, el padre de ésta, y los hermanos de San Miguel son señalados de encubrimiento y obstaculización en la obtención de elementos probatorios por parte de las autoridades.