domingo, 25 febrero 2024
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Lista de postulados al TSJ se reduce a 254 tras revisión del Poder Ciudadano

El contralor Elvis Amoroso, quien también funge como presidente del Poder Ciudadano, dijo que están ‘orgullosos’ del trabajo que han realizado los cinco poderes para reemplazar a los actuales magistrados.

La lista de postulados a los cargos de magistrados a las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), inspectores de tribunales y de director de la Escuela Nacional de la Magistratura se redujo un poco más tras la revisión del Poder Ciudadano.

El listado se redujo de 271 a 254 nombres, tras la revisión de la Contraloría General, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. Ahora le corresponde a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, específicamente a su Comité de Postulaciones Judiciales, culminar el proceso con la escogencia de los candidatos a estos tres cargos y presentarlos ante la plenaria para su votación.

El presidente de la AN electa en 2020, Jorge Rodríguez, recordó que en los siguientes cinco días continuos la lista será revisada por los diputados del Comité para “de manera perentoria” tener un nuevo TSJ.

“Buscaremos que sean las y los mejores aquellos que cumplirán en los próximos 12 años la misión de administrar la justicia desde los más altos cargos (…) Buscamos un Poder Judicial remozado, que garantice la justicia y sobre todo atienda a los que más cuidado y atención merecen por parte del Estado”, reiteró Rodríguez tras reunirse con los representantes del Poder Ciudadano.

Por su parte, el contralor Elvis Amoroso, quien también funge como presidente del Poder Ciudadano, dijo que están “orgullosos” del trabajo que han realizado los cinco poderes para reemplazar a los actuales magistrados, tras la modificación de la Ley Orgánica del TSJ en enero de 2022.

Con esta modificación, el número de magistrados de las seis salas que componen el TSJ se redujo de 32 a 20. También se permitió que los actuales jueces pudieron postularse nuevamente a sus cargos, lo que algunas ONG consideran perjudicial por la permanencia tantos años en el mismo puesto.

Analistas consideran que esta reforma es una respuesta a la investigación que realiza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, así como el informe de la Misión de Determinación de Hechos de septiembre pasado.

En dicho informe, la misión señala que el sistema de justicia venezolano está comprometido con graves violaciones a los derechos humanos, pues se ha violado el debido proceso en casos de opositores o personas que el Gobierno identifica como tal, y además las decisiones judiciales dependen de motivaciones políticas.