Para la defensora de derechos humanos, investigadora, consultora internacional y fundadora de la organización Provea, Ligia Bolívar, el traslado de 238 venezolanos a El Salvador ordenado por el presidente norteamericano Donald Trump significa la criminalización de toda una nacionalidad, juzgando que cualquier venezolano en Estados Unidos tiene vínculos con la banda criminal el Tren de Aragua.
“En materia de derechos humano es un exabrupto. Se está violando el principio de no discriminación porque se estigmatiza a nacionales de un país determinado para criminalizarlos y justificar una detención arbitraria que sigue por una expulsión. Esto no se puede llamar deportación, las deportaciones tiene formalidades. Aquí no hay formalidad, es una cacería donde las personas son expulsadas”, manifestó la especialista con 45 años de experiencia en materia de derechos humanos.
En contexto, las llamadas “deportaciones” a venezolanos hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) se dan en el marco de una negociación entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, quien cobrará 6 millones de dólares por recluir a 300 presos enviados desde Norteamérica en la instalación que tiene una capacidad de 40 mil personas. Según la información ofrecida por Bukele, los venezolanos estarán allí durante un año que puede ser renovable.
Para tomar esta acción, Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual faculta al gobierno americano de detener y expulsar, en contexto de guerra, a extranjeros de quienes se sospeche pueden ser una amenaza para el país. La medida exime al Estado de llevar a cabo un juicio o al detenido apelar ante tribunales migratorios dando el contexto bélico.
Esta medida ha sido duramente cuestionada por especialistas, de hecho, un juez federal negó el permiso de deportación dictaminando que no aplica la normativa puesto que Estados Unidos y Venezuela no están en guerra; sin embargo, la Casa Blanca no acató dicha orden.
Hasta el momento, Estados Unidos no ha presentado lista de nombres de los detenidos ni ha dado información sobre los mecanismos usados para determinar la supuesta vinculación de los expulsados con el Tren de Aragua. Tampoco se sabe si los detenidos fueron sometidos a juicio o si fueron condenados.
“Es una ley que solamente se ha invocado en tres ocasiones y tiene que ver con guerra. De pronto Trump decide declararle la guerra a una nacionalidad. Esto tiene consecuencias desde el punto de vista de derechos humanos. Las irregularidades vienen desde la forma que motiva la toma de estas decisiones. Se viola el principio de no discriminación, eso lo vimos en procesos fascistas en Europa a mediados del siglo pasado, a ese nivel hemos llegado. Luego está el tema de xenofobia y los derechos como el debido proceso y la presunción de la inocencia. Se trata de personas que el mismo gobierno reconoció que no tenían información específica sobre si cada una de esas personas de manera individual hubiese cometido delitos en ese país o que tengan un récord criminal en ese país. Alegan que podrían significar un riesgo a futuro. Se está penalizando a la persona por lo que podrían hacer”, expuso la especialista.
Venezuela denuncia trata de personas y familias claman justicia
Venezuela ha respondido fuertemente a la acción estadounidense, asegurando que harán todo lo posible para traer a los ciudadanos de regreso a Venezuela. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, exigió al presidente salvadoreño enviar a los detenidos al país.
“Que Nayib Bukele no sea cómplice de este secuestro, porque nuestros muchachos no cometieron ningún delito en Estados unidos. No los llevaron a juicio, no le dieron derecho a la defensa, derecho al debido proceso, fueron engañados, esposados y montados en un avión”, puntualizó.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recientemente alegó que se contrataron los mejores bufetes de abogados en El Salvador y Estados Unidos para resolver el caso.
Asimismo, el ministro del Poder Popular para Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, acusó al presidente salvadoreño de trata de personas tras la deportación de migrantes hacia el país centroamericano.
“Va a tratar como esclavos a los migrantes venezolanos. A algunos los engañaron, ahí están los testimonios de los familiares que le dijeron te vas para Venezuela y lo montaron en un avión y llegaron a El Salvador”, espetó Cabello.
Sobre esta situación, Bolívar destacó que la ruptura de relaciones entre El Salvador y Venezuela agrava la situación, puesto que no hay atención consular para atender el caso en este territorio.
“Se está llevando a cumplir una pena, si es que podemos hablar de pena porque no ha habido juicio, en territorio extranjero. Estas personas están fuera del territorio de Estados Unidos en una cárcel, cumpliendo una sanción que ningún juez ha impuesto. Es una medida violatoria de la libertad personal que está prohibida por las normas internacionales. Ellos mismos dicen que tienen personas en sus manos que no tienen récord criminal, cuál es la base de El Salvador para mantener detenidos en su país a personas que no han cometido delitos en su territorio: no sabemos. Es una violación flagrante por donde se le vea, no hay norma nacional ni internacional que justifique esta barbaridad que se está haciendo”, cerró Bolívar.
Sobre el Cecot, especialistas en sistemas penitenciarios lo han calificado como un “moridero de concreto”. Es una cárcel de máxima seguridad que no cuenta con ventanas ni ventiladores. Bukele ha destacado que los reclusos “no ven un rayo de sol”.
Luego de una serie de visitas al centro, especialistas han cuestionado que cumpla con los estándares internacionales, especialmente, ante la negativa de la directiva del centro a permitir que los reclusos reciban visita familiar.
Múltiples medios de comunicación venezolanos han recopilado las historias de algunos de los detenidos, las familias confirman que muchos tenían información de que serían deportados; sin embargo, creían que serían llevados hacia Venezuela.
Asimismo, madres de algunos detenidos alegan que algunos tenían una situación legal estable en el país e igualmente fueron expulsados por presunta vinculación con la banda criminal por razones carentes de lógica como el hecho de portar tatuajes.
